Sin Permiso (17-1-20)
Con la entrada de Unidas Podemos a la Moncloa tras un acuerdo con el líder socialista Pedro Sánchez, ha quedado constituido el primer gobierno de coalición en la historia democrática reciente del Estado español. Así las cosas, el país ibérico ingresa al siglo XXI europeo donde son habituales las formaciones de gobierno con estas características.
Aun así, esta llegada al siglo XXI parece seguir siendo relativa: España es el único Estado del concierto de naciones europeas donde el fascismo tiene un monumento (el Valle de los Caídos) y, donde los que resistieron a la dictadura de extrema derecha, son vistos como los «criminales» de la historia.
Y es que, justamente por este anacronismo, la formación del nuevo gobierno ha removido a las élites dominantes del Estado español. De todo se ha dicho: «España bolivariana», «gobierno de comunistas», etc. Y no es para menos: las élites perciben que ha quedado enterrado oficialmente el sistema bipartidista que emergió de la transición del año 1978, rompiéndose la llave de seguridad con la que impidieron, por cinco décadas continuas, que fuerzas alternativas al status quo tomaran posiciones de poder.
Si bien este régimen de poder consolidó al bloque de poder histórico de la clase dominante luego de la muerte del dictador Francisco Franco, sufrió una primera fractura en el año 2011 en el marco de las manifestaciones del denominado 15M. De este contexto de protestas ciudadanas contra el bipartidismo emergió Podemos, por lo que su entrada al gobierno puede verse como una especie de cierre parcial de la crisis de régimen que inició en 2011.
Es en definitiva otro país, con la connotación plurinacional que conlleva ese concepto en el particular caso español.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asumido como vicepresidente de derechos sociales dentro de un nuevo gobierno que, según él y el programa firmado junto con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), llevará a España a una época de avances democráticos y protección de derechos.
Pero a pocos días de entrar oficialmente en funciones la nueva conducción de la Moncloa, el jaleo ha comenzado.
El bloque de la derecha, sin esperar demasiado, y en medio de una competencia intestina por la conducción, se articula con facilidad para desplegar una estrategia de acoso y derribo que bloquee fuertemente la legislatura. Su primera acción: proyectar como una «crisis de Estado» la elección de la nueva fiscal general del Estado a manos de Sánchez. Para ellos, el nuevo gobierno ya ha «matado» al Estado de derecho en España. Los «comunistas bolivarianos» trabajan rápido.
El gobierno de coalición no la tiene fácil por la complejidad de los desafíos que tiene enfrente. Debe navegar la crisis territorial del Estado español (Cataluña principalmente), una crisis económica que no termina de cerrar, revertir las políticas de austericidio y, además, enfrentar la dictadura de la burocracia europea que limita el margen de maniobra para atender la precarización social.
Por obviedad, el trauma griego asuma nuevamente la cabeza.
Más allá de los retos que se circunscriben a la política doméstica, los problemas actuales del Estado español provienen de una determinación principalísima que a su vez agudiza al extremo sus contradicciones internas: la subordinación total en la arena geopolítica y la reducción de su posición de fuerza en el orden internacional.
Tanto para establecer una ruta en el conflicto con Cataluña, como para la reversión del austericidio y la defensa de los derechos sociales frente al tutelaje pro-neoliberal de la Unión Europea, el nuevo gobierno deberá replantearse su ubicación como actor internacional.
Y esto solo puede darse mediante la presión de Podemos, dada la función concreta dentro de la constitución material del país que tiene el PSOE: estabilizar el régimen del 78 y garantizar el sometimiento de España al capitalismo austericida de la Unión Europea.
Una decisión que resume esta dialéctica de la sumisión fuera de la Eurozona es el reconocimiento de la Moncloa al falso gobierno paralelo del diputado Juan Guaidó en Venezuela. Esta muestra de seguidismo ciego a la política exterior estadounidense es un ejemplo definitivo de la limitada capacidad política y diplomática del Estado español, hecho que se reproduce, fronteras adentro, en el rosario de problemas territoriales, institucionales y económicos que lleva consigo.
Esa facilidad con la que la política exterior de Moncloa puede ser alterada tiene su correlato en otras esferas: en los planes de ajuste de la Eurozona, en los acuerdos migratorios, en el endeudamiento sistemático en beneficio de los capitales privados.
Las decisiones estratégicas para España vienen empaquetadas y listas para ejecutarse desde Bruselas, y en el caso de Venezuela, desde Washington.
En este sentido, Podemos deberá replantarse su propia lógica de acciones dentro del laberinto al que se enfrenta. Para ello deberá presionar por influir en la política exterior como un elemento de contrapoder frente al PSOE y a la élite dominante.
Esto implica pensar en otra geometría de la praxis política: no operar de abajo hacia arriba (el aumento del salario mínimo, por ejemplo) sino de arriba hacia abajo (ser un mediador político que rivalice con la política de la Administración Trump contra Venezuela). Cambiando esta lógica, viabilizaría la construcción de un nuevo esquema para interpretar el momento y las relaciones de fuerza: el principal problema de España es que deciden por ella, tanto en Cataluña como en su gestión económica, como en la política exterior que «debe tener» hacia Venezuela.
Podemos debe pensarse como un contrapoder en el gobierno, y para ello es necesario que rearticule su gramática política en función de proyectar la política exterior, no como un elemento secundario o alejado de la territorialidad de los problemas, sino como una forma de influir en la política doméstica en relación a su propio programa. De afuera hacia adentro y no al revés.
Sin duda alguna, la intoxicación sistemática de los medios de comunicación de la élite española con respecto a la situación venezolana hace problemático el cálculo de romper con la orientación que le impuso Washington a Moncloa de reconocer a Guaidó, sobre todo en un escenario donde el nuevo gobierno está apenas arrancando.
Pero el contexto de debilitamiento de la principal figura del golpe en Venezuela, Podemos puede aprovecharlo ampliando el campo de interpretación política: apostar a imponer elecciones que no existen en la Constitución o desconocer al legítimo presidente de Venezuela que es Nicolás Maduro, forman parte de un síntoma evidente sobre cómo le han vaciado la dignidad a España.
Y mientras no aflore esa dignidad, se hará cuesta arriba rescatar las pensiones, el salario mínimo y sacar a España de la tragedia de la austeridad. La idea parte de impugnar la lógica de los poderes transnacionales, la cual consiste en hacer de España un país cada vez más pequeño y que decida cada vez menos sobre sí mismo, en todos los sentidos. El reconocimiento a Guaidó como «presidente encargado» es una muestra palmaria del atolladero español en general.
Influir por un cambio de orientación de Moncloa hacia Venezuela puede ser una oportunidad para replantear esta situación, ampliando los tópicos de polarización.
La amplia base social que apoya al nuevo gobierno de coalición no es antichavista ni antivenezolana, y muy seguramente verá como un cambio positivo que se presione por una vuelta de tuerca a la agenda exterior. La contestación del bloque de la derecha, representado por Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, será automática y agresiva, pero eso tampoco dependerá de que cambie la actitud. En cualquier escenario, van a por el nuevo gobierno de coalición.
La consolidación de un bloque social popular anti-élite en España, que pueda darle viabilidad al nuevo gobierno de coalición, se juega su destino fronteras afuera. Es desde ahí que la política debe ser repensada, porque la clase dominante transnacional que toma las decisiones en España no despacha desde Madrid. Y mirar a Venezuela desde otra perspectiva es un golpe en el hígado esperado por muchos.
