Guillermo Moreno (D. Libre, 2-12-19)
El acuerdo electoral firmado por Alianza País con el Partido Revolucionario Moderno ha generado reconocimiento de muchos y, en otros, aprehensiones. Y como no hacemos tratativas por debajo de la mesa, lo prudente es exponer con toda claridad el contenido y alcance de lo pactado.
Luego de la traumática experiencia del proceso electoral de 2016, Alianza País aprobó impulsar una política de alianzas. En un principio el objetivo era la formación de una coalición político electoral alternativa. A pesar de los esfuerzos desplegados, por razones que no es el lugar para exponer, esa propuesta no pudo materializarse.
Alianza País terminó concertando acuerdos parciales, a nivel congresual y municipal, con el Partido Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio (FA), Alianza Por la Democracia (APD) y Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD). También con Fuerza de la Revolución, organización con la que mantenemos un acuerdo político desde el 2012. Además con los movimientos político-social El País Que Queremos (EPQQ) y el Independiente Seibano (MOPIS). En unos casos, Alianza País aporta candidatos y es personalizada la boleta por uno de estos partidos y, en otros, corresponde a Alianza País personalizarla y a ellos aportar candidatos.
Es en el contexto de esta política de acuerdos electorales, y luego de las elecciones primarias, que Alianza País concerta y firma el acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno a que hicimos referencias.
¿Cuál es su alcance? Es un acuerdo parcial restringido a candidaturas congresuales y municipales. Además, limitado a las elecciones de febrero y de mayo de 2020. Ambas organizaciones mantienen sus propias candidaturas presidenciales con “independencia y libertad de propuestas, discursos y prácticas políticas.”
¿Cual es el fundamento del acuerdo? Se parte de un diagnóstico compartido por ambas organizaciones en el que se enumeran, a título enunciativo, 15 puntos de la realidad económica, social y política derivada de los casi 20 años de gobiernos peledé: I) Altos niveles de violencia social, delincuencia, auge del crimen organizado, narcotráfico y microtráfico; II) corrupción generalizada e impunidad; III) grave desorden migratorio y descontrol en nuestras fronteras; IV) ausencia de real independencia y separación de los poderes públicos y muy precario Estado de Derecho; V) crisis permanente de los servicios públicos básicos; VI) desempleo; VII) salarios de hambre para trabajadores, empleados públicos y policías; VIII) irresponsable y acelerado endeudamiento público; IX) hundimiento del aparato productivo nacional; X) auge de las mafias de importación; XI) depredación del medio ambiente; XII) entrega permanente de nuestros recursos naturales a intereses foráneos; XIII) bajos niveles de calidad de la educación pública, pese a la inversión del 4% del PIB; XIV) baja calidad del sistema de salud; XV) conversión de la seguridad social en un leonino negocio financiero.
¿Cuáles son las características de las candidaturas concertadas? Se especifica que se trata de “candidatos sin lastre con la corrupción, con una trayectoria de compromiso con los mejores intereses de su comunidad y el país y con demostradas convicciones democráticas”.
¿Qué perspectivas tiene el acuerdo firmado? En primer lugar ambas organizaciones asumen el compromiso de “llevar a cabo una campaña electoral en la que se enarbolen propuestas que vayan en la dirección de garantizar el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas, el desmonte del modelo peledeísta de gobierno, en cualquiera de sus manifestaciones…”.
La inclusión de la parte citada en el acuerdo fue muy importante para su firma, pues en la visión de Alianza País sacar al peledé del poder, en las nuevas circunstancias, luego de su división significa, no solo enfrentar el continuismo del PLD que encabeza Danilo Medina y su facción, sino también evitar el retroceso que representaría el retorno de Leonel Fernández. Fue este último quien, en sus tres gobiernos, instaló el modelo corrupto, de secuestro de las instituciones, hipotecando el país. Se tratan del mismo adversario ahora con dos cabezas.
En segundo lugar, “el rechazo de las prácticas corruptas y clientelista en la jornada electoral, al tiempo de denunciar la utilización de recursos públicos y de origen ilícito, compra de cédulas o cualquier otro medio de fraude, exigiendo a la Junta Central Electoral hacer valer sus facultades legales para el desarrollo de un proceso electoral con equidad, transparencia y respeto de la legalidad.”
En tercer lugar, “garantizar, dentro de las más estrictas normas democráticas, una conformación diversa y plural del Congreso Nacional que permita poner fin al control hegemónico que el PLD ha ejercido sobre este poder del Estado, al tiempo de propugnar por una agenda legislativa que contribuya con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática como lo requiere el progreso social, económico, ambiental y cultural de nuestro país”.
