Tulio Ribeiro (Kaosenlared, 1-10-19)
El viernes por la noche (20/9) trajo la triste realidad de que Brasil se ha transformado, Agatha Vitória Sales Félix, de ocho años, fue víctima de un disparo en la espalda mientras viajaba, a camino a casa, en una camioneta popular junto a su madre en el Complejo do Alemão en Río de Janeiro. Miembros de su familia acusan a la Policía Militar, pero ese hecho recurrente en Brasil no deja dudas de que es una consecuencia más de un plan implementado estratégicamente en el país.
Según los testigos, mientras intentaban disparar al conductor de una motocicleta, los agentes de policía impactaron a la niña. Todo, dentro de la racionalidad, nos lleva a concluir que las balas militares en el país buscan a los pobres, negros y necesitados, nunca a los blancos y ricos. A medida que la policía mata más y más y muere al escoger el camino de la confrontación contrario al de la inteligencia, seguramente las élites en los barrios de lujo se aseguran de que nunca son los objetivos.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, que entró en vigor en 2002, tiene 122 naciones, incluido Brasil. De esta manera, el país está sujeto a las normas de la CPI. En el Artículo 5, «la jurisdicción de la Corte se limitará a los crímenes más graves, que violen a la comunidad internacional en su conjunto. El Estatuto transfiere jurisdicción a la Corte para enjuiciar los crímenes de genocidio, contra la humanidad, la guerra y El crimen de agresión”.
Ya es hora de que Brasil sea juzgado por sus crímenes por un proyecto de gobierno que prioriza el odio de una minoría fascista que anula al pueblo mestizo, trabajador y que quiere una política inclusiva en lugar de sectaria, racista, de perjuicio y misoginia.
Las muertes violentas y cobardes que golpearon a los más pobres tienen varios responsables, incluso más culpables que la policía que disparó el rifle. Son las autoridades estatales y federales las que apoyan y alientan las acciones violentas de las fuerzas de seguridad y las milicias contra las personas pobres que viven en las favelas.
Cómo olvidar a la familia Santos Rosa, que iba a una fiesta en un domingo de abril para celebrar la inminente llegada de un bebé cuando el ejército disparó contra su automóvil en Río, en un suburbio pobre llamado Guadalupe. El ejército disparó no menos de 100 disparos, que mataron al conductor. Evaldo dos Santos Rosa murió a los 51 años, era músico y agente de seguridad. Su esposa, su hijo de siete años, su hijastra y su suegro sobrevivieron, aunque este último resultó herido. El ejército, con cientos de posiciones en el gobierno de Bolsonaro, dijo que confundió el auto de esta familia negra con dos criminales que previamente habían disparado contra los militares. «¡Es un automóvil familiar!», gritaba la gente.
El gobierno debe rendir cuentas porque alienta las actitudes sociópatas, lo que alienta, defiende y conmemora los ataques policiales indiscriminados contra la población. En un episodio en el puente que conecta la capital del estado de Río de Janeiro con Niterói, la muerte de un joven que secuestró un autobús con un arma de juguete, el Gobernador celebró la muerte con saltos y puños cerrados.
Este paradigma no tiene nada que ver con una política gubernamental responsable, sino más bien una acción deliberada para exterminar a los más pobres. En una demostración de que los culpables que ordenan los asesinatos no pueden ser olvidados por igual, quien aprieta el gatillo. Este poder paralelo asesinó a la concejal Marielle Franco en 2018, pero tiene fuerzas incrustadas en el estado. La impunidad es urgente y necesita ser terminada.
La ONG «Transparencia Internacional» que realiza una encuesta «Barómetro Global de la Corrupción» informa que para la mayoría de los brasileños (54%) la corrupción ha aumentado en Brasil bajo el gobierno actual. La encuesta señala que la corrupción gubernamental actual es un gran problema para los 90 % y que «la estructura anticorrupción en Brasil ha sufrido una serie de golpes» y subrayó que el propio Bolsonaro prestó «poca atención a las acusaciones de corrupción contra miembros de su propio gabinete». Una demostración de que la corrupción no puede ser contrarrestada, incluso con el discurso que ha garantizado su elección, si el mismo está inserido en esta plantilla. La violencia y la corrupción alimentan al nuevo gobierno, conducen al subdesarrollo, la pérdida de soberanía, el aumento del desempleo y la caída de los ingresos.
Kauê dos Santos, 12 años, Kauã Rozário, 11 años, Kauan Peixoto, 12 años, Jenifer Gomes, 11 años y Agatha Vitória Sales . Ninguna investigación ha encontrado a los culpables, lo que llevaría al personal estatal liderado por poderosos funcionarios igualmente responsables. El odio implantado por los medios reaccionarios ha aumentado la violencia y ha permitido la llegada del fascismo al gobierno. Actualmente solo hay un 12% (encuesta de Datafolha) de intolerantes respaldados por Bolsonaro, pero para unos 210 millones de brasileños por igual caos y desesperanza.
El fascismo brasileño necesita ser juzgado, no hay ningún favorito entre los que destilan el mayor odio en este grupo, se alimentan del miedo que causa en los otros, generalmente pobres, negros y mujeres, todo el mestizaje que nos hizo brasileños. Parte del país nos recuerda las suposiciones de los admiradores de Hitler y Mussolini, siendo inmensamente amplio para convertirse en una amenaza mundial. La política de exterminio, inclemencia y xenofobia de los gobernantes puede golpear en gran medida no solo a nuestra gente sino, y en varios campos, a la sociedad internacional.
Mientras escribía esas palabras la policía mató más una niña,Vitória Ferreira da Costa que tenía 11 años perdió su vida en el Morro da Mineira, zona central de Rio de Janeiro.
