En 2017, la Asamblea Nacional en desacato, presidida en ese entonces por Julio Borges, juramentó a 33 magistrados para formar un paratribunal en Venezuela, que luego se autodenominó «Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio».
Luego de este movimiento, las acciones de esa institución ficticia no pudieron concretarse por su carácter ilegal según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero eso no quiere decir que los «jueces» no hayan podido jugarse otras cartas en beneficio propio.
Orlando Avendaño, el mismo periodista que publicó los detalles del robo de la «ayuda humanitaria» en Cúcuta, publicó este jueves 18 de julio en PanAm Post una investigación soportada por una serie de documentos y testimonios en torno a otro caso de estafa y malversación de fondos en Colombia con los migrantes venezolanos de por medio, esta vez por parte de los «magistrados» del «TSJ en el exilio».
Primero narra que para 2017 el diputado adeco Edgar Zambrano se reunió en Bogotá con algunos «magistrados» para expresarles que ese TSJ no tiene fuerza ejecutoria y les recomendó no ir a Washington porque, aparte de «no servir para nada», ellos podrían perder su condición de refugiados. Este consejo fue acompañado posteriormente por Alejandro Rebolledo, otro «magistrado» del montón.
El reporte destaca el vínculo de Daniel Pages, presidente de la Asociación Central de Venezolanos en Colombia (ASOCVENCOL) con Gerardo Aponte, quien dirige la red de estafas migratorias en ese país. Según Avendaño, en agosto de 2017 Pages dejó de representar a ASOCVENCOL debido a las irregularidades conocidas de Aponte.
NUEVA ONG, NUEVO NEGOCIO
El método de Aponte para cerrar la asesoría migratoria era sencillo. Partía de que la primera asistencia era gratuita. De esta manera, ofreció a aquellos «magistrados» la solicitud de refugio y el plan de crear una fundación sin fines de lucros para dictar cursos y eventos.
A la propuesta de crear esa fundación se unen Gonzalo Álvarez y Gonzalo Oliveros, siendo rechazada por el resto. Sin embargo, previo a esto, todos ellos participaron en la creación del Instituto Colombo-Venezolano de Estudios Jurídicos (EIURIS), siendo miembros honorarios: José Luis Rodríguez, Rafael Ortega, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Oliveros, Rubén Carrillo y Evelyna D’Apollo y la Junta Directiva, conformada por las esposas de los dos Gonzalos y el mismísimo Gerardo Aponte.
Avendaño señala cómo Aponte montó la estrategia de hacerse cargo de ASOCVENCOL y ASOVENEZOLANOS. Ese mismo año 2017, con Gonzalo Oliveros, Aponte arma la ONG «sin fines de lucro» ASOVENEZUELA para apoyar y orientar a los migrantes venezolanos en Colombia, usando la base de datos de ASOCVENCOL.
LA ESTAFA DE OLIVEROS Y APONTE
Según la Constitución Política de Colombia vigente, toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La acción de tutela la ofrece de forma gratuita la Personería de Bogotá, centros del Ministerio Público que actúan como garante del respeto del ordenamiento jurídico. Este mismo servicio lo cobraban Oliveros y Aponte a los migrantes venezolanos.
Además, explica Avendaño, en ningún documento se mostraban los nombres de este binomio porque, al fin y al cabo, era de suponerse que correspondía a la iniciativa de los migrantes.
Este modus operandi es confirmado a PanAm Post por la Encargada en Cundinamarca de la ONG Colonia Venezolana en Colombia (COLVENZ) Dayana Camacho, en la que narra uno de los casos: un abuelo cuyo nieto no pudo inscribirse en el colegio porque había confiado en que la acción de tutela contra Secretaría de Educación de Bogotá presionaría al Estado a otorgarle el cupo.
Este montaje muy bien cobrado fue cortesía de Olivares y Aponte.
SE LAVAN LAS MANOS
La investigación marca la sospecha y desconfianza generada por la estafa de estos «magistrados». Tanto en la Cancillería colombiana como en otras instituciones, estos «jueces» no han sido recibidos, los consideran como venezolanos privilegiados que piden dinero para ese tribunal ficticio.
Después de innumerables publicaciones sobre los «magistrados», en cuanto a persecuciones, la vida en el exilio o la condición de refugiados por parte de diferentes medios de comunicación, que hoy se muestre esta nueva estafa marca un vuelco en esta trama parainstitucional y su cobertura propagandística.
El 18 de julio de 2019 en la cuenta de Twitter de ese «Tribunal en el exilio», publicaron un comunicado condenando las estafas, arguyendo que Alejandro Rebolledo y Gonzalo Oliveros renunciaron al «TSJ», y que Gerardo Aponte nunca fue designado como «magistrado».
Pero, por el otro lado, Oliveros expresó que no ha renunciado a su designación de «magistrado», y Aponte niega toda acusación a través de un abogado.
El conflicto de intereses se evidencia en esta disputa vía redes sociales, medios y propaganda.
Unos pretenden deslastrarse de la trama mientras los otros niegan haber participado en la estafa. Se desdicen y esconden la mano luego de tirar la piedra.
Mientras, PanAm Post vuelve a perjudicar la imagen del «gobierno paralelo» de la oposición venezolana, cuyo entramado se beneficia directamente del corretaje «humanitario» que provee Washington. Los 40 millones de dólares que USAID pensaba distribuir a refugiados centroamericanos ahora pararán, nuevamente, a las manos de un nuevo negocio por conocer.
Con el robo de la «ayuda humanitaria» por parte del equipo cercano de Guaidó y la estafa migratoria de estos abogados a través de ONG, se confirma que las maniobras de desestabilización de aquella estructura internacional para formar un gobierno paralelo en Venezuela, con sedes en Estados Unidos, Europa y otros países de la región, son un negocio lucrativo para unos pocos.
