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2 años de Lenín Moreno: Giro total a la derecha (2)

Written by Debate Plural

Eduardo Tamayo G. (Kaosenlared, 24-5-19)

 

Según la encuestadora Perfiles de Opinión, al 29 abril de 2019, solo el 24% de ecuatorianos/as aprobaba la gestión de LM y hace un año la cifra bordeaba el 51%. La credibilidad del LM es del 16% y hace un año era del 40%. El 67% de los que votaron por el primer mandatario ahora están arrepentidos.

Esta desaprobación se refleja en protestas y manifestaciones de sectores afectados por los planes de ajuste que, evidentemente, no tienen la masividad y la contundencia con la que el pueblo ecuatoriano enfrentó en décadas pasadas a los gobiernos neoliberales. Por el contrario, los sectores beneficiados por las políticas de LM siguen apoyándolo, sin descartar que si hay una fuerte presión social puedan cambiar de opinión. Entre estos están los banqueros e importadores, grandes medios de comunicación privados, la alta cúpula militar y de la Iglesia, partidos de derecha como el Social Cristiano, y, por supuesto, la Embajada de EEUU.

Dos años de gobierno de LM es un buen motivo para hacer un balance de su gestión.

Anti-corrupción a la carta

La política de LM se ha regido por dos ejes con los que busca obtener réditos políticos: la lucha contra la corrupción y la descorreización.

Cediendo a las presiones de los grandes empresarios y de los medios corporativos, LM instaló la corrupción como el tema fundamental de la agenda pública, cuando hay otros que realmente preocupan a la ciudadanía como el desempleo, la crisis económica, la pobreza y la inseguridad, que han sido dejados en un segundo plano.

Desde la campaña electoral y ya en el gobierno, Moreno prometió hacer “una cirugía mayor a la corrupción” y llevar adelante esta lucha “caiga quien caiga”.  En el gobierno de Correa, en el que LM fue vicepresidente, así como en todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas, incluyendo el actual, se han presentado casos de corrupción.  Mientras esté vigente el capitalismo ésta difícilmente podrá ser desterrada.

Ahora mismo el presidente LM afronta el caso denominado Ina Papers. (4)  El portal digital La Fuente difundió una investigación en la que denuncia la trama de Ina Papers, que vincula a la familia del presidente Lenín Moreno con la empresa offshore Ina Investment Corporation. Según la investigación, esta empresa habría sido constituida por su hermano, Edwin Moreno, y los esposos Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes tienen una relación de amistad con Lenin Moreno y su esposa, Rocío González. Según La Fuente, con recursos de la offshore se habrían comprado muebles en Ginebra, Suiza, que fueron entregados en el lugar donde residía Lenin Moreno, cuando cumplía el cargo de Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Discapacidades de 2014 a 2016.

También se le atribuye a la empresa INA Investment la compra de un departamento en Alicante, España, por un valor de 133.400 euros. Las facturas emitidas están a favor de Edwin Moreno y María Auxiliadora Patiño. Patiño es hija de Conto Patiño, lobista y contratista de Sinohydro en Ecuador, quien, como representante legal de la empresa offshore Recorsa S.A., habría recibido 18 millones de dólares de Sinohydro, empresa china a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En un primero momento, Moreno desestimó las acusaciones, pero como la Fiscalía inició una investigación a pedido del asambleísta Ronny Aleaga de la bancada de la Revolución Ciudadana, el Presidente ha solicitado que la Fiscalía revise sus cuentas.

Ciertamente, los casos de Odebrecht, Petroecuador, Refinería del Pacífico y otros le han hecho quizá el mayor daño a la Revolución Ciudadana porque han minado su credibilidad y legitimidad. También cabe indicar que hubo evidentes y graves falencias y omisiones en la lucha contra la corrupción.  Por ejemplo en la designación de las autoridades encargadas de llevar a cabo esta lucha,  siendo el caso paradigmático el del Contralor Carlos Pólit, que está prófugo del país acusado de recibir coimas de Odebrecht.

Es evidente que debe haber tolerancia cero para todos los casos de corrupción y los culpables deben ser sancionados. Pero otra cosa es instrumentalizar la lucha contra la corrupción con fines persecutorios y para obtener réditos políticos. El gobierno de Moreno enfoca y dirige la lucha anti-corrupción solo contra Rafael Correa (quien tiene 25 juicios en su contra) y sus exfuncionarios y excolaboradores pero excluye a los gobiernos anteriores, a municipios manejados por la derecha, a quienes envían sus capitales a los paraísos fiscales evadiendo impuestos, a quienes cometen fraude en las aduanas, a quienes estafan a los clientes de los bancos a través de cobros por concepto de seguros no autorizados, etc.

Al enfocar la corrupción como un tema que involucra al sector público y dejar de lado el rol que cumple el sector privado, el propósito implícito es satanizar al Estado para ir generando un escenario favorable para reducirlo y dar paso a las privatizaciones de las áreas más rentables manejadas por el Estado, propósito en el que está empeñado el gobierno de LM.  (5)

Esta “lucha contra la corrupción a la carta” ha servido para imponer una narrativa que tiende a generalizar (“todos los correistas son corruptos y ladrones”) y a demonizar y menospreciar la gran obra pública efectuada en la última década (“ninguna obra sirve porque es fruto de la corrupción”), en materia vial, electricidad, conectividad, infraestructura de salud, educación, control de inundaciones, así como las políticas públicas que permitieron reducir la pobreza y la inequidad.

En estos dos años de gobierno, se ha inventado y se ha conjugado el verbo “descorreizar”. Esta narrativa de los medios, políticos de derecha e inclusive de izquierda, y de funcionarios gubernamentales ha sido el telón de fondo para estigmatizar y desmovilizar a las personas. Pero también ha servido para acabar con la institucionalidad creada en la década pasada (por ejemplo se eliminó la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES) y colocar en las distintas dependencias del Estado a funcionarios que viabilicen el proyecto neoliberal, pro-empresarial y pro-imperio.

La vía para “descorreizar” el Estado fue la consulta popular del 4 de febrero de 2018, impulsada sin aprobación de la Corte Constitucional, que dio un espaldarazo al gobierno de LM para reinstalar en el Ecuador el proyecto neoliberal. No solo se prohibió la reelección indefinida impidiendo la postulación de Rafael Correa a la presidencia de la República, sino que se dio por terminado las funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fue creado por la Constitución de 2008 con la función principal de designar, a través de concursos públicos y veedurías, al Contralor del Estado, Fiscal, Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, entre otros. En la consulta también se aprobó la conformación de un CPCCS transitorio, con amplias atribuciones, entre ellas la de evaluar a los funcionarios designados por el CPCCS cesado, destituirlos y reemplazarlos.

Presidido por el Dr. Julio César Trujillo (que acaba de fallecer), el CPCCS transitorio estableció un verdadero estado de excepción yendo mucho más allá del mandato popular, según varios juristas. Se convirtió en la práctica en una mini-asamblea constituyente que incluso adoptó medidas y mandatos no contemplados en la Constitución, procediendo a una reestructuración de casi todas las funciones del Estado. Varias críticas se han formulado al desempeño del CPCCS transitorio en el sentido de que no se respetaron las leyes y los procedimientos previstos en la ley y la Constitución para designar a los nuevos miembros de las instituciones del Estado, como la eliminación de la etapa de oposición y las comisiones ciudadanas de selección, el irrespeto a la equidad de género, tráfico de influencias, la prolongación del periodo del Contralor subrogante Pablo Celi hasta el 2022, etc.  (6)

El resultado de todo esto no ha sido el obtener mejores instituciones del Estado y más democracia. Al contrario, se ha visto el retorno de los viejos actores partidarios y corporativos que retomaron las diferentes instituciones del Estado para defender sus intereses particulares y no el bien común, sin que estén ausentes las disputas y las peleas en la repartición de los cargos como sucedía en el pasado.

Tras el pacto con los empresarios y los grandes medios de comunicación corporativos, vino la división de Alianza País, el movimiento que sustentó y fue hegemónico durante la década de la Revolución Ciudadana. LM se apropió de su dirección, excluyendo a los correistas quienes conformaron otro partido denominado Revolución Ciudadana, pero el Consejo Nacional Electoral les negó la inscripción y finalmente  tuvieron  que adherir a un movimiento denominado Fuerza Compromiso Social para participar en política y en las últimas elecciones del 23 de marzo de este año.

Lo que llamó la atención de este proceso es la debilidad y fragilidad de Alianza País y la facilidad con que implosionó, lo que fue producto del verticalismo y la ausencia de democracia interna, la desconexión con las bases sociales, la deficiente formación política e ideológica, y problemas relacionados con el financiamiento de las campañas políticas. Alianza País fue un movimiento policlasista dirigido principalmente por funcionarios del Estado que se activaba sobre todo en períodos electorales. Con el viraje de Moreno, muchos de sus militantes asumieron sin sonrojarse tesis contrarias a su línea política y se acomodaron a las nuevas circunstancias.  Al final del día, sin embargo, la crisis de Alianza País debilita las opciones de poder de la izquierda y favorece el retorno de las tendencias de la derecha y populistas.

A esto hay que agregar la división del bloque legislativo de Alianza País que contaba con mayoría en la Asamblea Nacional. El bloque se partió entre correistas y morenistas,  y estos últimos se aliaron con los bloques de la derecha e independientes en función de la fiscalización del gobierno anterior, de tapar las denuncias de corrupción contra Lenin Moreno (caso INA Papers)  y  aprobar leyes que viabilicen el proyecto neoliberal, privatizador y fondomonetarista, como la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que fue aprobada el 21 de junio de 2018, y entró en vigencia el 21 de agosto de 2018.

El 14 de mayo de este año, Alianza País de Lenin Moreno, pactó con el movimiento Creando Oportunidades (CREO) del banquero Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional y otros bloques menores para repartirse los cargos de la Asamblea Nacional y excluir al bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Alianza País conserva la Presidencia de la Asamblea eligiendo como su titular a César Litardo para el periodo 2010-2021, en reemplazo de Elizabeth Cabezas. Este nuevo bloque se propone aprobar la legislación laboral y económica que exige el acuerdo firmado por el gobierno de LM con el FMI, así como limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En el marco de este acuerdo de la derecha, de una Asamblea Nacional con bajos niveles de credibilidad, un gobierno tan debilitado, que incluso enfrenta sus propias denuncias de corrupción, y un Partido Social Cristiano que sigue en su fuerte campaña presidencial por Jaime Nebot, se reactiva en la Asamblea Nacional el juicio político contra la exCanciller María Fernanda Espinosa, actual Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los proponentes del juicio, el Partido Social Cristiano y el movimiento CREO, cuestionan a Espinosa por su protección al asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres y por buscar una salida digna a dicha situación, su supuesta responsabilidad en la inseguridad en la frontera norte ecuatoriana debido al accionar de grupos criminales armados; y, una supuesta falta de atención hacia los ecuatorianos residentes en Venezuela, a pesar del trabajo cumplido cuando fue Canciller.

En el fondo, este juicio constituye el punto culminante de una campaña de ataque político sistemático y de persecución ideológica de la derecha ecuatoriana, particularmente del PSC y CREO, contra María Fernanda Espinosa. En su momento buscaban su salida de la Cancillería, por su política progresista y de cumplimiento de los mandatos constitucionales y del Programa de Gobierno que resultó ganador en las elecciones de 2017. Ahora los promotores del juicio político pretenden generar una matriz de opinión sesgada, en complicidad con algunos medios de comunicación, para destruir la imagen de una mujer progresista que se destaca en el ámbito mundial.

Este constituye otro caso de la judicialización de la política que caracteriza a la gestión de Lenín Moreno. Lo que se criticaba a Correa, se ha vuelto a poner en vigencia. Pese a que se habla de independencia de poderes, la Contraloría, la Fiscalía y la Función Judicial están dedicadas a perseguir principalmente a los exfuncionarios del gobierno anterior, todo ello con el apoyo de los medios de información corporativos que siguen desempeñando el rol de jueces y actores políticos.   El caso más evidente es el del excanciller Ricardo Patiño, dirigente de la Revolución Ciudadana, contra quien se inició un juicio penal y se ordenó su prisión preventiva por haber llamado a la resistencia activa para oponerse a las políticas de LM, en el contexto de una reunión partidaria interna. Actualmente se encuentra exiliado.

 

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