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Suicidio de Alan García: La Criminalización de los presidentes latinoamericanos

Written by Debate Plural

Bruno Sgarzini (Misión Verdad, 17-4-19)

 

Desde la puerta de su casa en Lima, los policías pudieron escuchar el disparo mortal que el expresidente Alan García se dio en su oficina mientras esperaban que llamara a uno de sus abogados. Como en una escena de película, se podría especular que el sonido del disparo se escucho tan seco y repentino como el de la caída de su cuerpo de casi dos metros de altura. Seguido de un intenso silencio, los setenta años de García se desvanecieron, pero no murieron en ese momento, sino en uno de los quirófanos del hospital Casimiro Ulloa de Lima, Perú.

Su biografía política da para muchos tomos de libros. Discípulo del renombrado político peruano Luis Haya de La Torre, dos veces presidente de su país en representación del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana , y a la vez sospechado de tener estrechas relaciones con el narcotráfico de su país, uno de los principales productores de cocaína del mundo. «Los narcoindultos fueron los más altos en su presidencia de la República», una vez tituló el diario La República en relación a la cantidad de perdones que le dio García a criminales condenados por narcotráfico.

Quiso su historia que su suicidio llegara justo cuando era investigado por casos de corrupción en su contra por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, al igual que Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, sucesores y antecesores de García, en la máxima magistratura de Perú. «A los políticos tradicionales se les escucha decir Alan se inmolo», tuiteó Veronica Insausti, corresponsal de Telesur en Perú, luego de que un fiscal sustituyera la prisión preventiva de Kucynski por un cómodo arresto domiciliario.  El dato es demoledor: en Perú, el único presidente de los últimos 20 años que no está en la carcel, o investigado por la justicia, es Martín Vizcarra, todavía en funciones.

EL CHANTAJE Y LA EXTORSIÓN COMO PARADIGMA DE LA ÉPOCA

En la serie Suburra, inspirada en el libro Gomorra de Roberto Saviano, se narra como la mafia italiana chantajea políticos, empresarios y cardenales para hacer negocios con unos terrenos del Vaticano en Roma. El juego es simple para Samurai, el lugarteniente de la mafía en Roma: cualquiera que no quiera aceptar un soborno, inmediatamente es quebrado con la amenaza de que un secreto, o una maniobra palaciéga, pueda perjudicarlo en su vida privada, pública y financiera. Y si esta fuera del ámbito de los negocios, el asesinato es otro persuasivo mecanismo de chantaje.

Esta ficción en cierto punto no está muy lejos de lo que Edward Snowen cuenta en la película de Oliver Stone sobre como el ciberespionaje sirve a los agentes de la CIA para convertir empresarios, políticos y periodistas en informantes y en lo que la jerga se denomina «activos de la agencia». El poder sin estar mediado por la política es tan parecido al mundo criminal que, difícilmente, pueda diferenciarse uno de otro.

En este sentido, el caso Odebrecht por el que fue investigado García está articulado alrededor de un acuerdo firmado por Marcelo Odebrecht, la Procuradoria de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por este acuerdo es que los ejecutivos de la empresa otorgan “delaciones a la carta”, previamente acordada con fiscales de los casos del Lava Jato, según el ex abogado de la empresa, Tacla Durán. En algunos casos tan solo basta con sus delaciones sin que haya ningún tipo de prueba que la sustenten, como sucede con el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, quien está preso tan solo por indicios basados únicamente en una delación de un ejecutivo de Odebrecht.

La forma mafiosa de operar de este tipo de causas se puede ver en su dimensión con las últimas revelaciones alrededor de la hermana menor argentina del Lava Jato; la causa de los Cuadernos. De forma burda y descarada, la detención de un agente de la DEA llevó a que el juez Alejo Ramos Padilla concluyera que alrededor del caso orbita una red de fiscales, jueces, periodistas y servicios de inteligencia extranjeros, dedicados a “operaciones psicológicas dirigidas a quebrar políticos y empresarios” con el objetivo de que den declaraciones amañadas que permitan alcanzar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresas como PDVSA.

 LOS PRESIDENTES COMO CRIMINALES

La muerte de Alan García es la segunda de renombre en la causa Odebrecht luego de que Jorge Enrique Pizano fuera envenado en Colombia cuando se prestaba a convertirse en testigo protegido de Estados Unidos en una causa contra el Grupo de Luis Sarmiento, considerado el banquero más grande de Centroamérica. Si bien por razones distintas, ambos hechos ilustran un continente donde la muerte y la prisión rodea la alta política de formas muy distintas.

Solo en los últimos 20 años, hay más de diez expresidentes de América Latina que están investigados por recibir sobornos. El expediente Odebrecht es quizás el que más ha colaborado en armas causas judiciales en ese sentido.  Son más los presidentes investigados por corrupción que los que no, y mucho más ahora que Odebrecht es una caja de pándora de la corrupción vernácula.

En parte de este periodo, la Casa Blanca ubicó a la corrupción como una amenaza a los intereses de Estados Unidos. La razón principal es que considera al pago de favores como una forma de distorsión de los «mercados» que no permite a sus empresas competir en igualdad de condiciones. En su jurisdicción, sin embargo, está tan institucionalizado el lobby corporativo que cualquier persona puede revisar como los políticos estadounidenses reciben dinero a cambio de promover proyectos a favor de empresas.

Paradójicamente, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, junto con los empresarios de su país, pudieron frenar las investigaciones por corrupción en su contra cuando a través del cabildeo, como se llama a esta práctica, persuadieron a la Administración Trump de que dejara de apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. El argumento utilizado por los cabilderos de Morales es que la lucha contra la corrupción era una forma de sacar a Morales, y sus aliados, del juego político para que la ex fiscal Thelma Aldana, aliada de los demócratas, se quedara con la presidencia del país.

La realidad es por demás elocuente sobre la doble vara moral acerca del fenómeno: la caja chica que obtienen senadores, alcaldes, y gobernadores para sus campañas son legales si están debidamente registrada, aún cuando muchas veces hay conflicto de intereses. La nueva sensación mainstream de la política estadounidense, Alexandra Ocasio Córtes, lo describió didácticamente en una exposición en el Congreso: cualquier político en Estados Unidos puede llegar a su puesto financiado por el lobby petrolero, luego aprobar un proyecto que lo beneficie y después integrar la junta directiva de dicha empresa para enriqueserse con el botín obtenido. No hay límites legales, morales ni éticos, en un mundillo donde el dinero subordina al ejercicio político de Estados Unidos.

En América Latina,  los presidentes en funciones y en retiro, en cambio, son investigados por recibir dinero en sus campañas políticas de parte de empresas latinoamericanas, o cobrar sobornos a cambio de obras públicas.  Se les investiga por tener cajas chicas de la corrupción, que les sirven para enriquecerse pero, sobre todo, para hacer política en un ámbito donde el control de las influencias es indicativo de quien está al mando.

Se los mitifica como ladrones que asaltan lo público, pero no por sus carencia de valores, sino porque al quedar desnudos lo que se corroe y debilita es la autoridad presidencial, el poder ejecutivo, en una región donde la mayoría de sus régimenes son presidencialistas.  La maniobra es básica; si criminalizas el dinero que financia la política, los políticos, canibales por naturaleza, se comen entre ellos, y cuando los hermanos se pelean, los devoran desde fuera. Lamentablemente, se trata mucho más de esto que de regular el dinero privado para que no subordine la lógica pública, mal que les pese a quienes consideran que la corrupción es el centro de todos los males y plagas de América Latina.

El suicidio de Alan García forma parte de este mismo contexto, donde presidentes, expresidentes y empresarios luchan por evitar ser encarcelados, perder sus negocios y posiciones de influencia. Nada más que en el caso de García, por su historia de vida, cobra relevancia la frase que Samurai, el mafioso de Suburra, le dice a un político que acaba de comprar para obtener los terrenos del Vaticano: «Cinaglia, en este juego cuando pierdes, mueres».

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