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Doctrina Monroe en práctica: La OEA incita a la fractura de Venezuela

Written by Debate Plural

Mision Verdad (5-4-19)

 

Este 9 de abril, nuevamente fue convocada una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la cuestión venezolana. Como en otras oportunidades, la sesión violentó uno de los aspectos rectores de la carta fundacional del organismo regional: discutir y/o tomar decisiones sobre un Estado miembro, en este caso Venezuela, sin su consentimiento u aprobación.

Esta vez la intención fue de mucha mayor gravedad que las anteriores, pues se buscaba «designar» de forma ilegal a Gustavo Tarre Briceño, «enviado» por Guaidó a la OEA, como el «representante formal» del país ante el organismo.

Partiendo de ahí, este espacio de la política latinoamericana ha sido reactivado con la idea de reanimar la agenda de cambio de régimen violento que encabeza Washington junto a los sectores radicales del antichavismo local.

Luego de que el enviado especial de la Casa Blanca, Elliott Abrams, indicara hace pocos días que sería prematura una intervención militar, la figura de Guaidó ha sido objeto de innumerables críticas entre sus seguidores, lo que ha evidenciado una reducción en su capacidad de movilización de calle y un acentuado aislamiento de los medios de comunicación internacionales.

Con la «Operación Libertad» cuestionada en su efectividad por distintos sectores, el Consejo Permanente de la OEA, nuevamente movilizado por Estados Unidos, emergió para salvar el pellejo de Guaidó en el último minuto. Eso a escala local pues, en términos regionales, la «designación» ilegal y a la fuerza de Tarre como «embajador de Venezuela» es una forma de responder al fortalecimiento de las alianzas entre Venezuela, Rusia y China, en tanto refuerzan su posicionamiento como actores estratégicos en el continente.

Una maniobra de oxigenación idéntica al patrón de agresiones internacionales probado en años anteriores, como fue la violenta revolución de color del año 2017 que dejó cientos de muertos en las calles de Venezuela en lo que se ha denominado un ensayo de guerra civil, que tuvo como antecedente inmediato una resolución de la OEA que apoyaba la violencia como opción política para el antichavismo.

En aquel momento el relato empleado consistió en la «alteración del orden constitucional», tras las funciones legislativas específicas asumidas por el máximo tribunal del país para reforzar las relaciones con Rusia en el ámbito petrolero, una acción imposible de realizar desde la Asamblea Nacional por su situación de «desacato» y por su posición de choque institucional y bloqueo financiero frente al gobierno venezolano.

En aquel momento también comenzaba el mes de abril. El orden de factores y la misma alineación de la OEA con una operación que por debajo organiza factores mercenarios y paramilitares (como en 2017), ahora en el marco de la denominada «Operación Libertad», debe servir de alerta temprana para lo que podría desarrollarse esta semana en el terreno.

La OEA, desde su Consejo Permanente, se alinea nuevamente con las intenciones de desencadenar una guerra en Venezuela, legitimándola desde el frente internacional.

Breve desarrollo de la sesión

La reunión fue dirigida por el embajador estadounidense, Carlos Trujillo, quien asumió las funciones como presidente del Consejo Permanente. Y un dato no menor es que lo haya hecho en inglés, remarcando a conciencia el origen de la organización y los intereses a los que en última instancia responde.

Ante la propuesta de resolución bajo la cual se intentaba nombrar a Tarre como «embajador de Venezuela» ante la OEA, surgieron reacciones contrarias, fundamentadas en la legislación internacional y en los estatutos de la OEA, por parte de los embajadores de México, Bolivia, Nicaragua, Surinam, Antigua y Barbuda, entre otros Estados miembros, que calificaron como peligrosa esta acción de cara al futuro de la organización.

Entre todos esgrimieron argumentos explicando cómo la resolución violentaba los límites legales de la OEA y cómo una decisión de esa naturaleza no correspondía al Consejo Permanente.

Destacó la participación del representante mexicano, Jorge Lomónaco, quien ofreció una cátedra de derecho internacional al calificar la escasez de criterio legal de la resolución presentada por no cumplir con los estatus de la OEA. Para Lomónaco, que la OEA reconozca a un «embajador» de un poder del Estado, en el caso venezolano la Asamblea Nacional, sienta un precedente negativo en la región. En otras intervenciones afirmó que se agudiza la parálisis del organismo.

Por su parte, el representante de Uruguay, Hugo Cayrús, afirmó que no existe en el derecho internacional ninguna herramienta que determine la legitimidad o no de los funcionarios de un determinado Estado. Hizo énfasis en el buen comportamiento de la ONU, el cual debería seguir la OEA, al no reconocer el «gobierno paralelo» de Juan Guaidó ya que no está entre sus funciones dotar de legitimidad o no a ningún Estado.

Un poder con el que tampoco cuenta la OEA, aunque haga ver que sí.

Otros representantes que se manifestaron en contra de la resolución, como el caso de Nicaragua y Bolivia, complementaron que una decisión de esta naturaleza no debe decidirse bajo una mayoría simple de 18 votos (como efectivamente ocurrió) y que el tema debería tratarse, según los estatus de la OEA, en una Asamblea Extraordinaria donde estén presentes los cancilleres de los Estados miembros.

Jamaica agregó una enmienda al proyecto de resolución para incluir que el «nombramiento» sólo será «hasta que se realicen elecciones presidenciales». Así, el aliado caribeño principal de Washington, por donde inserta también su geopolítica de destrucción del eje Caricom-Alba-Petrocaribe, matizó lo que en realidad es una actualización de la doctrina de intervención interamericana: que la OEA reconoza a un «embajador» designado por un cuerpo legislativo, representando a «un gobierno autodesignado», siguiendo las palabras textuales de la representante de Dominica.

Fueron 18 quienes aprobaron una resolución ilegal que, en perspectiva, genera una actualización de la doctrina de intervención interamericana, la cual tiene su más contunende y expresivo origen en la constitución de la «Fuerza Interamericana de Paz» que invadió militarmente a República Dominicana (1965), para garantizar la permanencia en el poder de quienes dieron el golpe contra Bosch.

Mientras, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Granada, México, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay, Barbados, El Salvador, Guyana, Nicaragua, San Cristóbal y Nieve, entre abstenciones y votos en contra, manifestaron sus dudas y rechazo con respecto a la legalidad de la resolución.

La composición geográfica de la coalición estadounidense, así como la coalición que sigue apostando que el conflicto no explote, justamente alineada en el eje Alba-Petrocaribe y en el Mecanismo de Montevideo, delimitan el mapa de operaciones del asedio regional y sigue probando los compromisos de los Estados más hostiles (Colombia, Brasil y Canadá) para una mayor escalada en las agresiones en el futuro inmediato.

Esta correlación de fuerzas a nivel regional se mantiene congelada desde 2016, año en que empezaron los esfuerzos de Washington de aplicarle la Carta Democrática a Venezuela, que a través de sus alianzas y la postura racional de países soberanos, ha evadido un cerco diplomático más cruel e invasivo.

Movimientos en paralelo y prospectiva

El «nombramiento» de Tarre Briceño implica la demolición del derecho internacional como parámetro de canalización del conflicto venezolano, en esa escala «interamericana» donde Estados Unidos opera con total impunidad, arma y valida golpes de Estado y experimenta nuevos mecanismos de intervención.

En paralelo a la sesión, Trump «recibió las credenciales» de Carlos Vecchio, que lo reconocen como «embajador» del gobierno de Guaidó ante Estados Unidos. El secretario, Mike Pompeo, anuncia una gira por varios países de latinoamerica para reforzar las alianzas internacionales de la intervención y Elliott Abrams se desplaza a España y Portugal para arrastrar a la Unión Europea (y al secretario general de la ONU, António Guterres) a un accionar más belicoso.

Movimientos que aunque se difumen como «diplomáticos», bajo el mantra siempre antipolítico de «elecciones libres», indican un retorno del estado de las relaciones internacionales al tiempo de la diplomacia de las cañoneras. Lo es, en tanto se comprueba el desarrollo de un programa internacional de sanciones ilegales para llevar a Venezuela a una hectombe social, pero sobre todo en cómo lo ocurrido ayer en la OEA, podría validar que reconocimientos expeditos de «embajadores de Guaidó» se realicen en países hostiles, empleando la violencia contra sedes diplomáticas del país, como en Costa Rica recientemente.

Sumando esta maniobra en la OEA, con las similares que capitanea Estados Unidos en el BID, FMI, ONU, G7, entre otras, buscando el reconocimiento de «funcionarios de Guaidó», muestra la intención geopolítica de mantener a Venezuela alineada al cuadro de instituciones globales manejadas por Washington.

Venezuela se ha venido agrupando en instancias nuevas, construyendo sus propios ejes y relaciones exteriores con países no asimilados por las potencias occidentales. Hace dos años comenzó a tramitar su salida de la OEA por cometer acciones como las de hoy.

Por ende, esa forma de emplear la fuerza selectivamente, la misma que en el terreno de lo concreto se replica en los recientes sabotajes eléctricos y en una lógica de supervivencia generalizada que devino a la destrucción planificada de la economía del país, parecería ser la directriz y orentación que marca en adelante lo que ocurrió hoy en la OEA.

En resumen: avanzar en una política de apartheid contra las funciones básicas de la diplomacia venezolana, en miras de sustituirlas por «representantes de Guaidó». Cerrar el cerco diplomático a través de una militarización de las relaciones con Venezuela (y su cuerpo diplomático) a escala regional. Por donde se le vea, se trata de una acción que busca emular la fórmula «Un País, Dos Gobiernos».

La incitación a fragmentar y llevar a un estado de anarquía al Estado venezolano es manifiesta y se amalgama con el peor momento del conflicto libio, sirio o de los balcanes, en los cuales las potencias occidentales encaminaron una geopolítica cruel y de fractura social a través de los espacios de decisión internacional que controlaban, otorgando una legitimidad selectiva a los frentes mercenarios a los que financiaban para tomar el control territorial (el poder físico). Esa última variable que decide quién vence, aunque ha fallado, sigue siendo financiada.

Lo ocurrido hoy fue un ejercicio práctico de la renovada Doctrina Monroe, en su versión neocon, y fue la OEA el mejor lugar para llevarlo a cabo, desde donde puede administrar el garrote y las zanahorias con mayor libertad.

Las dudas sobre la «Operación Libertad», el desplazamiento relativo de la figura de Guaidó en la prensa occidental, así como los recientes movimientos geopolíticos del chavismo, han provocado que Washington dinamite la OEA calculando que un efecto cascada de sanciones en el presente inmediato conducirá a un conflicto a lo interno de la FANB o un golpe de facto que les permitirá viabilizar una «intervención humanitaria».

De antemano, capturaron la representación de Venezuela en la OEA para validar las diversas opciones antipolíticas siempre exploradas y financiadas por Estados Unidos.

Por último, Gustavo Tarre es señalado por el medio PanAm Post como una persona cercana a Guaidó que conspira contra la intervención militar. Siendo así, es de esperarse que en torno a Tarre choquen los diversos intereses del antichavismo local, cada vez menos influyente, pero que lógicamente llevará al usurpador a promover la opción de la guerra desde el foro de la OEA, a modo de enfrentar directamente al Mecanismo de Montevideo como propuesta de diálogo.

El mapa de posicionamientos de los países en ese renglón es ya bien sabido y apuntan a una polarización extrema en la OEA, induciendo su parálisis frente al tema venezolano. Justamente persiguiendo ese objetivo, Washington pisa el acelerador para buscar un nuevo momentum que reflote la figura de Guaidó, intimide al gobierno venezolano y agudice la asfixia financiera y diplomática como método para el cambio de régimen.

Un nuevo salto al vacío ante el mundo multipolar con el que decidió agruparse Venezuela. Hace dos años Venezuela manifestó su interés de abandonar la organización.

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