Reinaldo Iturriza López (Rebelion, 1-2-19)
I.-
El lunes 28 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que todos los bienes e intereses de PDVSA bajo jurisdicción del país norteamericano habían sido “bloqueados”, y prohibía a las personas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con la empresa venezolana (1). Agregó el secretario Steve Mnuchin que “si la gente de Venezuela quiere seguir vendiéndonos petróleo”, solo lo aceptarían si ese dinero va a “cuentas bloqueadas” que, eventualmente, pondrían a disposición del “gobierno de transición” (2).
Según John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de la Administración Trump, y presente en la misma rueda de prensa, estas sanciones a PDVSA provocarían a Venezuela pérdidas estimadas en 11 mil millones de dólares en exportaciones en 2019, y el congelamiento de 7 mil millones de dólares en bienes.
El jueves 24 de enero, en declaraciones al canal FOX Business, Bolton había afirmado que “haría una gran diferencia para Estados Unidos económicamente si pudiéramos tener compañías petroleras estadounidenses invirtiendo y produciendo petróleo en Venezuela”. Apenas tres minutos antes de hacer explícitas las verdaderas intenciones del imperialismo estadounidense, sostenía que Chávez y Maduro habían “empobrecido a Venezuela; tenemos ahora entre tres y cuatro millones de refugiados que han huido del país, un hecho sin precedentes en el hemisferio occidental; Maduro, y Chávez antes de él, saquearon sistemáticamente los recursos petroleros del país, no hay inversión de capital, los ingresos han disminuido; literalmente la sociedad civil está colapsando”, razón por la cual la Administración Trump había decidido reconocer a Juan Guaidó como “Presidente interino”. (3).
Horas después de que se hicieran públicas las sanciones contra PDVSA, el martes 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobaba un “Acuerdo para la promoción del plan de rescate del país”, en el que se lee que en Venezuela se produjo un “colapso económico y social” que ha ocasionado una “emergencia humanitaria”, situación que es consecuencia de las políticas del “régimen de Nicolás Maduro”, que impuso “un modelo económico y político totalitario, de dominación y control social” que se conoce como “socialismo del siglo XXI” (4).
He aquí, en apretado resumen, un ejemplo de la manera como actúan los agentes foráneos y vernáculos de lo que Naomi Klein definió como “capitalismo del desastre” en su formidable obra “La doctrina del shock”, muy útil para comprender lo que ocurre en Venezuela, en momentos en que esas mismas fuerzas persiguen afectar severamente, de ser posible de manera irreversible, nuestra capacidad de interpretar nuestro presente.
Naomi Klein llama “capitalismo del desastre” a los “ataques organizados contra las instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarándolos al mismo tiempo atractivas oportunidades de mercado” (5). Fue lo que ocurrió, en primer lugar, en el Chile bajo la dictadura de Pinochet, pero también en Nueva Orleans, Estados Unidos, después del huracán Katrina, en 2005; en Sri Lanka después de tsunami de 2004; en Irak luego de la invasión encabezada por el gobierno estadounidense, en 2003; en el mismo Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001; en la China después de Tiananmen, en 1989; en la Rusia gobernada por Yeltsin, en 1993, y un largo etcétera. En cada uno de estos casos, expone Klein, los ataques fueron dirigidos por fervientes defensores de las políticas de ajuste neoliberal, que fueron posteriormente aplicadas de manera implacable.
Es exactamente lo que ocurre en Venezuela, con el agravante de que la situación de shock es inducida, en buena medida, por las elites locales y el imperialismo estadounidense, con el aporte decisivo de sus respectivas bases sociales de apoyo, fundamentalmente provenientes de las clases media y alta, de manera muy similar a lo que ya ocurrió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, en 1970-1973. En ambos casos se trata de gobiernos democráticos, de orientación socialista, elegidos por el voto popular, que son sistemáticamente asediados, y sus respectivas economías asfixiadas, con el propósito de crear las condiciones para una salida de fuerza que les permita luego “neutralizar” a las clases populares favorables al cambio revolucionario.
Entre otras cosas, por eso resultan particularmente repudiables las recientes declaraciones de Alfonso Guerra, ex vicepresidente español, quien comparó al gobierno de Nicolás Maduro con la dictadura de Pinochet. Según Guerra, “Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos pero al menos tienen eficacia en el terreno económico”. Más adelante remató: “Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la dictadura de Maduro, horrible, hay una diferencia: que en un sitio la economía no cayó y en otro sí ha caído” (6).
El actual “desastre” de la economía venezolana no es obra, como sentencia el documento de la Asamblea Nacional, del “socialismo del siglo XXI”, ni tampoco de la “incompetencia” del gobierno, sino fundamentalmente de la actuación de los poderes fácticos capitalistas globales y locales, a lo que se suman las dificultades políticas de la revolución bolivariana para dirimir el conflicto a favor de las mayorías populares. Venezuela padece hoy un verdadero “capitalismo del desastre”, casi de manual.
