Fernando Mungia (CTXT, 12-12-18)
Hubo que esperar casi cuatro décadas, desde la reforma política de 1976-77 con la que se abrió el registro para los partidos de izquierda, para que una fuerza electoral con este signo político llegara a la presidencia de la república. En medio, recordemos, se cuentan dos elecciones en las que las alianzas partidistas de la izquierda derrotaron en las urnas a los partidos oficialistas y, sin embargo, fueron embestidas por el autoritarismo, primero, del partido-Estado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1988 y, en 2006, por el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) que, finalmente, acabarían en fraudes de dimensiones sistémicas.
Los dos antecedentes son necesarios para dimensionar los desafíos que conlleva el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en las elecciones del pasado mes de julio y cuyo gobierno ha iniciado este primero de diciembre, pero también para evaluar las esperanzas de cambio que vienen postergándose a lo largo de las décadas recientes y los desafíos que se abren para la sociedad mexicana.
Tanto en 1988 como 2006, lo que estaba en disputa era la continuidad del modelo excluyente del neoliberalismo y, en ambos casos, las salidas dadas desde el régimen político gobernante implicaron la agudización de la crisis económica, social y política. En el primer momento, seis años después de haber arrancado con el programa neoliberal, el gobierno federal requería asegurar la posibilidad de su agudización, misma que implicaba reformar el régimen de tenencia de la tierra productiva -legado de la revolución de 1910-, así como darle apertura a las fronteras para beneficio del capital internacional, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Para 2006, las contradicciones se expresaban en términos del control político que asegurara la reproducción del régimen luego de la fallida “alternancia”, y fue entonces cuando se desató la supuesta “guerra contra el narcotráfico” que, en el curso de 12 años, lejos de procurar condiciones de seguridad pública ni alternativas para los sectores marginados acorralados por el crimen organizado, ha generado un saldo de más de 200.000 asesinatos y con una cifra todavía imprecisa de desapariciones, pero que se estima en más de 30.000 personas.
Así, el inicio de ésta, que ha sido denominada por el mismo López Obrador como la Cuarta transformación del país, llega en una coyuntura de urgencia en la cual solo una alternativa como la que él representa se vislumbra capaz de ofrecer un margen de acción a diversos sectores que desde sus trincheras han luchado por la democratización en México y generar, al mismo tiempo, las condiciones de desarrollo para millones de ciudadanos en pobreza y marginalidad. Una de las novedades de este proceso, que no es menor para la configuración de imaginarios colectivos, es la confrontación discursiva que se desata al criticar los nimios resultados de la política económica neoliberal, que le ha servido también para diferenciarse de la clase política que, a pesar de dichos resultados, impulsaron sistemáticamente las reformas, como la energética, hasta este último sexenio.
Las contradicciones del proyecto social y económico que propone el nuevo presidente, al igual que las primeras iniciativas impulsadas, están enmarcadas en la tensión entre las viejas esperanzas postergadas y negadas por los gobiernos tecnocráticos y los nuevos desafíos que supone gobernar desde la izquierda en un contexto nacional y regional en el que las fuerzas conservadoras no están dispuestas a conciliar con las mayorías populares e, incluso, han remontado el control perdido unos años atrás.
En el marco de la gestión interna el nuevo Gobierno ya frenó, mediante una consulta ciudadana, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que había sido impulsado como una obra de vanguardia a costa de la conservación ecológica de la zona. En contraparte realizó también un ejercicio de consulta similar para promover la construcción de un tren en la región peninsular de Yucatán, y de otras obras de infraestructura, sin exponer de manera precisa el impacto ambiental de las mismas y la forma en cómo las comunidades, originarias y campesinas se articularían sin menoscabo de sus prácticas y actividades sociales y culturales. En estos casos, la tensión se expresa entre dar continuidad a modelos de acumulación, extracción y ampliación del capital y la búsqueda de modelos que integren los saberes y prácticas tradicionales de las comunidades originarias que, en diversas regiones del país, han luchado por la defensa de los recursos naturales.
Es decir, la posibilidad de llevar adelante un proceso de transformación como el planteado requiere, para tener posibilidades de éxito, romper con la continuidad autoritaria y excluyente que ha caracterizado la administración del aparato político del Estado durante el ciclo neoliberal. Incluso, promover la honestidad y la fraternidad como “forma de vida y de gobierno” para superar la crisis económica y social generadas por el neoliberalismo y la corrupción, como lo afirmó en el discurso de toma de posesión, supone trastocar de manera sustantiva, justamente, los pilares sobre los que se han sostenido las instituciones políticas y las lógicas de reproducción de las desigualdades de las que se beneficiaron las élites económicas y políticas.
En este sentido, es posible sugerir que la modificación de fuerzas e intereses y la consecuente emergencia de nuevos sectores dominantes en la economía y en la política con una perspectiva tecnocrática de la política, durante el ciclo anterior, traía aparejada la necesidad de elevar la esperanza democrática al plano de un nuevo mito capaz de unificar en lo simbólico y en lo discursivo, lo que en la práctica y en el ejercicio del poder se imponía como una fuerza tendiente al control, la violencia y la fragmentación. Para que el gobierno actual aspire a materializar los distintos niveles de su proyecto, es preciso que se rompa con la lógica transformista y que se conciba la política como una práctica colectiva antes que una técnica de élites.
Esa es la tendencia democrática que desde hace varias décadas fue abierta por diversas expresiones de disputa política de los grupos subalternos –movimiento estudiantil, campesino, de pueblos originarios, de trabajadores– que persiste y que podría ser el punto de partida para un ciclo de transformación y de construcción de hegemonía.
Así, en el contexto actual, tanto la victoria electoral de AMLO como la presencia activa de las diversas fuerzas y sujetos populares constituyen expresiones sustantivas de la constelación histórica y actual de las izquierdas mexicanas y del proceso de acumulación de experiencia y politización de los sectores populares que ahora, ante la apertura de un ciclo inédito, podrían ser fundamentales en la construcción democrática de la estatalidad. Mirado en perspectiva latinoamericana, habría que insistir no solo en el desfase temporal de este nuevo gobierno respecto de las experiencias progresistas, sino también en las diferentes trayectorias y formas de lucha que hoy parecen delinear una cartografía de fuerzas sociales y políticas en México y que no todas se expresan en el mismo sentido de apoyo o respaldo al programa propuesto por el gobierno entrante.
Es por ello por lo que la apertura de este acontecimiento histórico, en el que confluyen diversas expresiones populares y de las izquierdas mexicanas, es comprensible también si se considera que quienes tomaron la decisión de un cambio no son necesaria o únicamente ciudadanos desencantados de la política que acudieron a las urnas a castigar al gobierno en turno. Los porcentajes de preferencia y aceptación, que en la votación del pasado 1º de julio llegó al 53%, y que en las consultas de las semanas y días recientes alcanzaron hasta el 90% en favor de las obras de infraestructura proyectadas, no son únicamente cifras que se traducen en la popularidad del líder; son también datos históricos que condensan la experiencia de la precariedad y el deseo de una vida distinta.
Son estas polifonías clasistas de la resistencia actual en México las que indican que la crisis del Estado ampliado y de la hegemonía débil impuesta por el neoliberalismo y el transformismo democratista, llegó a un límite insuperable desde la administración elitista y conservadora. De las fisuras de ese régimen de dominación, emergen los actores que habían permanecido bajo su égida: trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pueblos indios y comunidades campesinas, movimientos y organizaciones feministas, sectores medios precarizados. Es este conjunto de organizaciones y de experiencias políticas las que podrán interpelar críticamente al gobierno entrante para abrir nuevos horizontes de transformación democrática en México que, en todo caso, puedan dar un sentido popular a la Cuarta transformación.
