Rafael Ciprián, candidato a Presidente del Tribunal Constitucional (El Nacional, 24-6-18)
Todos los partidos políticos legalmente organizados representan las distintas opiniones y los diversos intereses que coexisten en la sociedad. No puede ser de otra manera, porque si un partido no tiene representación social, desaparece rápidamente. Su base de sustentación debe ser clara, cierta y definida. En consecuencia, todos los partidos políticos, grandes y pequeños, son importantes.
Más aún, los partidos que tienen menos adeptos o que no han logrado representación en las instancias del Estado, deben ser beneficiados con el principio y el derecho de las minorías. Esto es, que no deben ser despreciados ni descalificados. La lucha democrática por el poder impone que a esos partidos pequeños se les dé la oportunidad, con las condiciones jurídico-institucionales necesarias, para que con sus méritos y trabajo en el seno de la población puedan un día convertirse en mayorías.
Resulta esencial que todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos cumplan cabalmente con el mandato del artículo 216 de nuestra Constitución.
Ella declara que su organización es libre, mientras se sometan a lo consagrado en la Carta Magna, y ordena que al tomar decisiones y realizar acciones de cara a la comunidad se sustenten en el respeto a la democracia interna y a la transparencia.
La misión formal de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos es fortalecer la democracia al través de medidas y actuaciones que incentiven la participación de la ciudadanía en los procesos políticos. Ahora bien, el objetivo real de todo partido político es uno: tomar el Poder.
Y se espera que una vez el partido tenga el control de la maquinaria del Estado, con toda la trascendencia económica, social y política que esto significa, sea fiel a sus postulados ideológicos y filosóficos, así como a las promesas que hizo a la nación. Con esas ideas debe impactar en la Administración Pública. Las mayorías nacionales le dieron ese derecho y esa responsabilidad.
El derecho a la información y a la libertad de expresión juega un papel determinante en todo proceso de cambio. Por eso nuestro Pacto Político manda a respetar el pluralismo político, no solo mediante “la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular”, sino al ejercicio del criterio. Ahí es donde los intelectuales deben crecerse y convertirse, como aspiraba Weber, en la conciencia crítica de la sociedad.
Los intelectuales no pueden adocenarse, ni convertirse en objetos ancilares. Tienen que recordar a Sartre, cuando recomendó que los intelectuales deben cuestionar siempre al partido en que militan. Así, y sin que sean trotskistas, garantizan revolucionar permanentemente el pensamiento y la acción dentro de su partido y del Estado, para bien de la sociedad. Eso esperamos.
