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Marines desembarcan en la Argentina: Las invasiones estadounidenses (2)

Written by Debate Plural

Carlos A. Villalba (Rebelion, 7-9-18)

 

La diputada nacional por Río Negro, Silvia Horne, perteneciente al bloque del Peronismo para la Victoria, precisó esta situación al presentar un proyecto de ley que rechaza la autorización del ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en ejercicios previstos a partir del 1° de septiembre de este año y hasta el 31 de agosto de 2019. El reclamo también se opone ala injerencia de las fuerzas armadas en temas de seguridad interna dispuesta por el presidente Macri y a la instalación de una base militar de EE.UU. en Neuquén, entre otras medidas dispuestas por el gobierno nacional, pasando por alto al Congreso de la Nación.

Invasión “humanitaria”

La apertura macrista al despliegue militar estadounidense complementó su integración a la participación en la estrategia relacionada con la República Bolivariana de Venezuela a través de un dispositivo de “Unidades de Respuesta Sanitaria Argentina” en la frontera entre ese país y Colombia, bajo la cobertura “humanitaria” de Cascos Blancos, organismo redireccionado ahora hacia el injerencismo, violando todos los principios que debe respetar una misión de esas características según lo define Naciones Unidas al remarcar que “los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico”.

La situación fue denunciada por la analista internacional Stella Calloni, quien considera que la presencia de la misión argentina en esa frontera “genera controversia y alarma en algunos sectores que la interpretan como una avanzada injerencista contra Venezuela” y forma parte de los “planes intervencionistas aún no aplicados de los Estados Unidos y del cerco político de países de la región contra el Estado que conduce Nicolás Maduro” en el marco del “Plan Maestro” del Comando Sur [5].

Los hechos condujeron al ex ministro de Educación de la Argentina, Daniel Filmus, hoy diputado del Frente para la Victoria, a presentar un pedido de Informes al Poder Ejecutivo, reclaman do información sobre el “despliegue asociado a sectores privados nacionales y extranjeros sobre territorio venezolano” en el que participan “organizaciones de presión política de los Estados Unidos, vinculadas con la Central de Inteligencia (CIA) como el Center forStrategic and International Studies (CSIS)”, utilizando a “argentinas y argentinos que decidieron contribuir con sus saberes y su compromiso y terminaron formando parte de una acción regional, encabezada por el gobierno de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia y el Comando Sur de ese país y de la Organización de Estados Americanos presidida por Luis Almagro, hoy fuertemente enfrentado a Venezuela”.

El parlamentario, que también estuvo a cargo de la secretaría encargada de los asuntos relacionados con la recuperación de la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur usurpadas por Gran Bretaña, sostuvo que la operación “se inscribe en el compromiso de la gestión Macri con los intentos del presidente Donald Trump de avanzar incluso con opciones militares sobre Venezuela, agregando nuevos hitos a la diplomacia cañonera que llevó a su país a invadir militarmente naciones soberanas como Granada (1983) y Panamá (fines de 1989) y al jefe de su IV Flota, contraalmirante Joseph Kernan, a amenazar con navegar las ´aguas marrones´ de los ríos soberanos de Latinoamérica, ante el firme rechazo de los entonces presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Brasil, Lula da Silva”.

Junto ala propuesta de la diputada Horne, el pedido de Informes constituyela expresión formal más fuerte del rechazo a la sujeción del actual gobierno al injerencismo estadounidense en la Argentina y en la región. Afirma que la misión Cascos Blancos “parece un ficha de los intentos permanentes de Washington, su Comando Sur y sus aliados de generar modelos de intervención subsidiarios de la ´Doctrina de Seguridad Nacional´, de dramáticas consecuencias para los países de Latinoamérica, una maniobra reconocida por el propio jefe del Comando Sur, Almirante KurtTidd, en su documento “Golpe Maestro” y refrendada en agosto del año pasado en la reunión de Lima en la que se fijaron nuevas estrategias para ´enfrentar amenazas militares´ y ´atender´ la situación venezolana”.

Desembarco aliado

· Alianza. El 4 y 5 de febrero de 2018 el entonces secretario de Estado de EEUU, RexTillerson, se reunió con el presidente Mauricio Macri y su canciller Jorge Faurie y elogió el «liderazgo» de la Argentina en la región, como “paladín de la democracia» en el continente. Comenzó la planificación del dispositivo de seguridad para la Cumbre del G20, cuya organización el gobierno argentino delegó en los estadounidenses.

· TaskForce I. Dos días después de que el excanciller de Donald Trump expresara la prioridades de su gobierno en materia de “seguridad regional”, el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, anunció la creación de una “Fuerza de Despliegue Rápido” integrada por miembros de las tres armas con el objetivo de prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, proteger los “ recursos naturales ” y enfrentar las difusas “nuevas amenazas” que define el Comando Sur, entre las que cabría incluir a “grupos mapuches extremistas” , de acuerdo a la definición oficial y, tal vez, a los hambreados del ajuste del FMI.

El anuncio aceleró el sinceramiento de la decisión de permitir la participación de las FFAA en asuntos internos, algo explícitamente prohibido por la ley de Seguridad Interior, que solo la habilita para casos excepcionales como las que conducen a decretar el “estado de sitio”, con concurso parlamentario.

· TaskForce II en Misiones. Con el mismo libreto y 48 horas después la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, con anuencia de los ministerios de Defensa y Seguridad Interior de la Argentina, se comprometió a instalar otra fuerza de tareas, ahora en la provincia de Misiones y con el objetivo de “combatir el narcotráfico y el terrorismo” en la zona de la Triple Frontera, según dichos de la ministra Patricia Bullrich, una de las más entusiastas de la carrera armamentista del gobierno de Macri y jefa de sus acciones represivas, que condujeron por ejemplo a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el contexto de la persecución del pueblo mapuche.

Las características de despliegue y expansión de las “task force” y su implantación acordada sobre el “Acuífero del Guaraní”, una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo -cuya capacidad alcanzaría para abastecer a los 6.000 millones de habitantes del planeta durante 200 años-, permite suponer que la iniciativa constituye solo la semilla de una futura base de control de la zona, convertida en “hipótesis de conflicto”, a partir del cálculo de Naciones Unidas que sostiene que entre 2020 y 2030 el 90% de la población mundial no tendrá acceso al agua potable, pura y sana [6].

En febrero de 2004 el Pentágono planteó el despliegue de sus fuerzas armadas alrededor del planeta, con el fin de controlar los recursos que considera estratégicos para la supervivencia de Estados Unidos como potencia rectora, en especial el agua. El “terrorismo”, cuya presencia en la zona fue desmentida hasta por Washington, no es más que la excusa para el desembarco de marines y una de las tantas prendas macristasde sujeción a su estrategia de control supranacional.

En el mes de julio, como refuerzo a la maniobra, el Ministerio de Seguridad destacó cuatro lanchas artilladas israelíes Shalgag MKII junto a asesores de esa nacionalidad, con el fin declarado de patrullar mil kilómetros de aguas de los ríos Paraguay y Paraná, localizados en la “Triple frontera” compartida con Brasil y Paraguay.

· Inteligencia militar secretaEl Ministerio de Defensa permitió la realización en territorio nacional de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos durante las jornadas del 2 y 3 de mayo de 2018, invocando “razones de seguridad de Estado” para no especificar

públicamente en qué provincia del litoral se realizó el operativo que contó con la presencia de “ técnicos de defensa y del área de inteligencia militar” estadounidenses. La operación consistió en el traslado de un camión cargado de supuestas armas químicas de “destrucción masiva” y analizar posibles acciones coordinadas para “evitar una catástrofe”.

El ejercicio en cuestión estuvo destinado en realidad a capacitar a las fuerzas armadas argentinas en acciones de seguridad interior, donde “terrorismo” y “narcotráfico” son instaladas como las nuevas amenazas a conjurar.

· Base estadounidense en Neuquén. El 11 de mayo EEUU retomó la construcción de una base en esa provincia, autorizada en 2012 por el entonces gobernador Jorge Sapag y cuya ejecución se paralizó a consecuencia del escándalo provocado por un intento semejante en Chaco, con duras críticas de la Cancillería argentina y protestas callejeras.

La sede patagónica fue donada por el Comando Sur bajo el paraguas “humanitario”, a pesar de que los propios documentos de ese organismo reconocen que la estructura militar estadounidense “aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad, para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional”.

La base se levanta a corta distancia del estratégico Aeropuerto Internacional de Neuquén, sobre la Autovía Norte, que une a través de 20 kilómetros las cuatro principales ciudades de la región lindantes con Vaca Muerta, además de permitir el acceso a otra de las zonas de reservas acuíferas más importantes del país.

Un año antes, el entonces embajador interino de EEUU, Tom Cooney, recorrió el lugar, ratificó la realización de las obras y destacó las inversiones de empresas de su país en Vaca Muerta, entre otras Chevron y Exxon Mobil que cuenta con una concesión de 1275 km² y cuyo CEO entre 2006 y 2016 antes de saltar al equipo de Trump fue el ya mencionado RexTillerson, quien tuvo una compensación por sus servicios de U$ 180 millones.El dispositivo impulsado por el Comando Sur constituiría una herramienta esencial para la protección y vigilancia de esas inversiones.

· Bases en Tierra del Fuego. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, firmaron el 31 de octubre 2017un acuerdo para desarrollar una base de vigilancia de explosiones nucleares en la ciudad de Tolhuin -donde ya funciona una estación de monitoreo enlazada a la red de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO)- y un “polo científico” en la ciudad de Ushuaia, destinado a “apoyar tareas que se desarrollan en la Antártida”. La actividad se enmarca en el programa Ice Bridge (Puente de Hielo) de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio que se apoya en el trabajo de un avión P3 Orion, que cuenta con equipamiento de última generación de la marina de su país e incluye detectores de variaciones en el espectro magnético y la gravedad terrestre, cámaras infrarrojas y medidores que permiten determinar el grosor de la capa helada antártica.

Las bases constituyen el punto de partida de un complejo militar destinado a monitorear la conexión de los océanos Atlántico, Pacifico e Indico, los enlaces de los extremos Sur de América y África y las rutas hacia la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo y el yacimiento de hidrocarburo de más volumen en el planeta.

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