Érika Fontánez Torres (Kaosenlared, 25-7-18)
Uno de los tantos temas de gran relevancia en este periodo de crisis financiera y deuda fiscal en Puerto Rico, empeorado por el paso del huracán María, es el de las formas en que se ha concebido y asumido la propiedad en Puerto Rico (privada, pública y común) y en específico, la relación de esto con el tema de la vivienda. Luego del paso del huracán, miles de personas, familias, comunidades, perdieron su vivienda y esto, entre otros asuntos, ha empujado súbitamente a miles de personas a emigrar del país. También quedó claro que Puerto Rico cuenta con una gran cantidad de personas que habitan en áreas vulnerables, en la precariedad, sin títulos de propiedad o garantías que les permitan mantener la posesión de sus casas, tierras o fincas que han trabajado y conseguido con mucho sacrificio, aun desde la llamada informalidad. Esto último, además, ha colocado miles de personas fuera del acceso a ayudas federales para palear la crisis.
La crisis de la propiedad y de la vivienda y las formas que asume preceden al embate del huracán y más que un asunto individual sobre si se es resiliente o no, se trata de políticas públicas y premisas políticas que directa o indirectamente han propiciado este estado de cosas. Los problemas que ahora vemos deben hilvanarse para hacer visibles los puntos de encuentros y desencuentros, las continuidades y discontinuidades en la toma de decisiones y en los escenarios de desposesión que se han avalado y que hoy protagonizan cómo vivimos. Entre los puntos a entrelazar están las políticas sobre la propiedad. De un estudio realizado por el Instituto de Estadísticas sobre la Administración de Vivienda Pública surge que, hasta junio de 2016, había 26,371 solicitudes en lista de espera para acceder a vivienda pública. Pero la crisis de vivienda no se limita a la vivienda pública. Además, durante el año 2017, en promedio, diariamente 14 familias puertorriqueñas perdieron su hogar. Ya es sabido el aumento dramático de ejecuciones de hipoteca que vio un aumento de 130% en tan solo una década. Según la Oficina de Instituciones Financieras, para el 2008 hubo 2,357 ejecuciones, en 2016 el número aumentó a 5,424. Para el 2017 la cifra sobrepasó las 6,000 ejecuciones y estos números no toman en consideración aquellos casos de desahucios que, según el Anuario Estadístico de la Rama Judicial, para el año 2014-15, se reportaron sobre 9,000 entre la Sala Superior y Municipal. Según informes, entre el año fiscal 2009-2010 y el 2014-2015 se presentaron 63,357 acciones de desahucio en los tribunales.
Por otro lado, en el 2015, según datos provistos por el planificador y presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, David J. Carrasquillo, se identificó un total aproximado de 326,435 unidades de vivienda vacantes en todo Puerto Rico, lo que, representa un 25% del total del unidades de vivienda en el país. En San Juan nada más habría un aproximado de 44,481 viviendas vacantes y si incluimos los municipios de Bayamón, Carolina, Ponce y Mayagüez el estimado asciende a 92,629 unidades de vivienda vacantes. Al 2018, el Municipio de San Juan había declarado solamente 90 solares como estorbos públicos con una alta concentración de estos en Santurce. A esto se añade el peligro constatado que enfrentan comunidades que –propietarias o no- se encuentran en zonas urbanas de interés para el mercado, quienes ya sea por el fenómeno del gentrification o por el uso perverso del poder de expropiación del estado para un supuesto fin público, son expulsadas de la ciudad y de las áreas donde han establecido sus lazos comunitarios y en las cuales han podido salir a flote de los embates de un sistema económico que continuamente provoca su desposesión. El fenómeno de las expropiaciones a pequeños propietarios y el desplazamiento de comunidades pone sobre la mesa las formas en que los valores de cambio de la propiedad, la injustificada especulación como parte del derecho propietario y el desentendimiento del Estado de la necesidad de una regulación urbana sensible tienen consecuencias directas, nefastas y desproporcionadas sobre unos sectores en particular. Por supuesto, ante estos problemas, las respuestas no se han hecho esperar y hay una serie de iniciativas importantes que han creado nuevos mecanismos como los fideicomisos de tierra, los bancos de tierra y otros proyectos comunitarios para generar cambios culturales a partir de la solidaridad.
Estos escenarios nos presentan la oportunidad para analizar y cuestionar los entendidos y las formas jurídicas que se han privilegiado respecto al derecho propietario y a la propiedad misma como institución clave del andamiaje capitalista en que vivimos. La llamada crisis de la vivienda, por dar un ejemplo, nunca ha dejado de ser crisis. Desde el 1872 Friedrich Engels denunció las condiciones paupérrimas de las viviendas de los trabajadores (o la falta de ella) y afirmó que la pregunta por la vivienda, iba más allá de la legislación especial sobre la vivienda o escapaba cualquier intento de reforma legislativa sobre ese particular. El problema de la vivienda, afirmó en ese entonces, el resultado intrínseco del modo de producción capitalista y no podía verse de manera aislada a las condiciones sociales que afectan a la clase trabajadora. Para Engels, la pregunta por la vivienda era irreductiblemente una pregunta por la lucha de clases y, como consecuencia, iba directamente relacionada al problema de la propiedad en el sistema capitalista.
Hoy, el planteamiento se mantiene aunque con contornos más complejos. Por eso David Madden y Peter Marcuse, siguiendo la frase feminista de lo personal es político, afirman que lo residencial es político. La pregunta por la vivienda hoy incluye algo más que lo que Engels exponía; la llamada crisis de la vivienda incluye preguntarse ¿vivienda para quien?, ¿quien controla el mercado de la vivienda?, y lanzar un cuestionamiento “a la función que juega y cumple la vivienda (como objeto y bien de consumo) en el capitalismo neoliberal globalizado”. Hablar de crisis de la vivienda sin reconocer lo que implica el negocio de las bienes raíces en las finanzas globales no tendría mucho alcance.
En resumen, las implicaciones de no contar con titularidad, los desahucios, el desplazamiento de comunidades mediante la expropiación o paulatinamente por la sustitución de población, el fenómeno de las propiedades abandonadas, la desaparición de nuestros bienes públicos, de valor cultural, medioambiental y ciudadano, como las calles, entre otros, tienen vinculo directo con la forma que asume la idea de la propiedad privada y el papel que juega en nuestro andamiaje. Por esto, propongo que como parte de nuestras respuestas promovamos una reflexión y un análisis sostenido sobre los factores que han ocasionado y continúan intensificando esta crisis, lo que incluye evaluar mecanismos alternativos que nos permitan desafiar esos factores y concebir nuevas pautas para la adopción de políticas públicas. Como parte de eso, sostengo que cualquier política pública relacionada al tema de las necesidades de vivienda, la informalidad y la vulnerabilidad propietaria tiene que enfrentarse a varios temas de manera integrada y uno de los aspectos más cruciales es el de la concepción y distribución de la propiedad y su normatividad. Una revisita a cómo se ha entendido la propiedad, tanto política como jurídica y culturalmente, es importante para el desafío de la crisis actual y de cara a los cuestionamientos al orden institucional vigente.
What good is a deed?
My grandfathers and great uncles,
Grandmothers and great aunts,
Father and mother,
Broke, tilled, thawed,
Planted, plucked, raised,
Burned, broke again.
Worked this land all their life,
this land that never would be theirs.
They worked until they sweated.
They sweated until they bled.
They bled until they died.
Died with the dirt of this same 200 acres
under their fingernails.
Died clawing at the hard, brown back
That would never be theirs.
All their deeds undone.
Yet this man, this place, this law
Say you need a deed.
Not deeds.
[Hap] en Mudbound (film, 2017) adaptación de la novela Mudbound (2008) de Hillary Jordan.
