Shilpa Jindia (The Intercept, 16-7-18)
El miércoles, un tribunal federal de Washington D.C. escuchó el primer gran desafío a la política de la administración Trump respecto a la Bahía de Guantánamo: un caso en el que se rebate la detención actual de ocho de los cuarenta musulmanes que aún quedan en la prisión de la isla. La decisión del juez sobre el caso podría afectar a cualquier intento futuro de trasladar a detenidos a ese centro de detención y tortura, convirtiéndose en un juicio sobre la interminable guerra contra el terror de Estados Unidos.
Veintiséis prisioneros siguen detenidos en Guantánamo sin acusación o juicio, incluidos los ocho hombres representados el miércoles en el tribunal, que llevan en Guantánamo entre diez y dieciséis años. Un panel de revisión del gobierno ha declarado que dos de ellos deben ser liberados. Los abogados del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), junto con otros juristas, están impugnando la detención de los prisioneros por violación del proceso debido y de las leyes de la guerra, en base a la autorización para el uso de la fuerza militar o AUMF (por sus siglas en inglés).
Aprobada por el Congreso en 2011, la AUMF concedía licencia a la rama del ejecutivo para “utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada” contra individuos o grupos responsables de los ataques del 11-S o quienes les ayudaron. Los críticos dicen que la ley está siendo ahora estirada hasta tal punto que se ha vuelto del todo irreconocible con tal de legalizar cualquier acción militar en cualquier lugar del planeta, incluso contra grupos que no existían en 2001.
Si bien el gobierno utilizó inicialmente los amplios poderes que le concedía la AUMF para justificar la detención de sus clientes, los abogados del CCR sostienen que esta autoridad se ha “desenredado” desde entonces. Bajo la AUMF, las detenciones limitadas se justificaban con el discutible propósito de impedir que los detenidos volvieran al campo de batalla. Al llamar hoy en día guerra contra el terror a un “pantano amorfo e interminable” y a “un conflicto desconectado de la realidad”, el CCR instó al tribunal a reconocer el paisaje tan enormemente diferente ahora de cuando el Congreso aprobó la AUMF.
El gobierno contraargumentó alegando que mientras continúen las operaciones contra Al Qaeda y los talibanes en Afganistán, el teatro original de la guerra contra el terrorismo, aún se mantiene la autoridad que apuntala al AUMF. Cuando el juez Thomas Hogan preguntó si en opinión del gobierno la guerra podría durar 100 años, el abogado del Departamento de Justicia Ronald Wiltsie dijo: «Sí, podríamos retenerlos durante 100 años si el conflicto dura 100 años».
Baher Azmy, del CCR, en una entrevista con The Intercept, descartó la idea de que estos detenidos vayan a volver al campo de batalla. “Ninguno va a ser devuelto a Afganistán”, dijo. “Por ejemplo, dos de los peticionarios cuya puesta en libertad se ha autorizado serían liberados en Marruecos y Arabia Saudí, en función de acuerdos de seguridad o bajo custodia”.
Azmy señaló también que el gobierno había remitido al tribunal las evaluaciones de generales que describían cómo se ha “limitado la eficacia de Al Qaida”, y que ahora presiden las operaciones antidroga contra los talibanes, que han “perdido su base ideológica”. Aunque EE. UU. sigue involucrado en operaciones de combate en Afganistán, a finales de 2014 puso fin a la Operación Libertad Duradera que lanzó la guerra contra el terror en octubre de 2001.
Mientras los presidentes Barack Obama y George W. Bush liberaron a casi 750 hombres en el transcurso de sus mandatos, sólo se ha trasladado a un hombre, Ahmed al-Darbi, fuera de Guantánamo durante el mandato del presidente Donald Trump, en función de los acuerdos pergeñados después de que se declarara culpable de crímenes de guerra en 2014. Aunque sus clientes han renunciado a la violencia, Azmy preguntó al tribunal si también necesitarían confesar crímenes de guerra para abandonar la prisión.
Los abogados de los detenidos también argumentaron que la administración de Trump ha tomado la decisión de carácter general de no trasladar a los prisioneros fuera de Guantánamo, en consonancia con los comentarios que hizo el presidente antes de llegar al poder. Aunque la orden ejecutiva de enero de Trump sobre la prisión otorgaba poder al secretario de Defensa Jim Mattis para transferir detenidos, este admitió el mes pasado en una entrevista con la CNN que no estaba «trabajando en ese asunto».
Pardiss Kebriaei, un abogado del CCR que compareció en nombre de los detenidos, dijo antes de la audiencia que «las declaraciones de Trump y sus acciones… demuestran que estas detenciones no tienen nada que ver, en general, con ninguna amenaza real, sino que son arbitrarias y que simplemente se les retiene por animadversión y castigo».
Los abogados presentaron el caso de hábeas en enero, en el decimosexto aniversario de la apertura de la prisión. En los meses transcurridos desde entonces, la Casa Blanca anunció nuevos criterios , elaborados por el Departamento de Defensa, para trasladar a nuevos detenidos a Guantánamo si «representan una amenaza continua y significativa para la seguridad de los Estados Unidos». Los guardias de la prisión hicieron recientemente un simulacro de recibir a un nuevo detenido , y se están discutiendo propuestas para el primer acuartelamiento permanente y un ala de hospital para la población carcelaria inmersa en un proceso de envejecimiento. Si bien Obama nunca cumplió su promesa de campaña de cerrar Guantánamo, permaneció nominalmente comprometido con ella durante todo su mandato. Bajo Trump, por el contrario, un comandante de la Fuerza de Trabajo Conjunta de Guantánamo dijo recientemente a los periodistas: «Vamos a durar y a plantarnos aquí durante bastante tiempo».
Cualquier intento de llevar a la base a nuevos presos -como los detenidos del Estado Islámico que actualmente están en manos de fuerzas aliadas de EE. UU. en Siria e Iraq- probablemente suscitaría desafíos legales, por lo que el juicio de Hogan en este caso podría proporcionar un referéndum importante sobre esos traslados. Hogan expresó su solidaridad con los detenidos en Guantánamo y señaló que habían pasado ya mucho tiempo en prisión. Podría ordenar su liberación. Pero también indicó que no puede ofrecer ningún pronunciamiento audaz que pueda contradecir o reinterpretar sentencias anteriores sobre los poderes de guerra del presidente, incluidas las dictadas por Brett Kavanaugh , el candidato de Trump para el Tribunal Supremo.
