Alvaro A. Caamaño y Ramón E Paniagua H. (Crisis de la dominación oligárquico-burguesa, Archivo General de la Nación 2017)
A finales de la década de 1950, los sectores liberales y democráticos de América Latina habían logrado avances significativos, expresados en la caída de algunas dictaduras paradigmáticas1 que reflejaban un evidente auge del movimiento antiimperialista.
El punto culminante de este proceso fue el triunfo de la Revolución Cubana, cuyas repercusiones modificaron significativamente el escenario político de la región y de manera particular en el Caribe. Las irradiaciones de la Revolución Cubana precipitaron una reacción en cadena de procesos revolucionarios en el Caribe que obligaron a un cambio en la cosmovisión norteamericana hacia la región. Esta nueva perspectiva se hace evidente desde la administración Eisenhower, cuyos fundamentos de política exterior hacia América Latina se expresaban en los principios de la contención, es decir, impedir la instauración de «otra Cuba» o más bien, en otros términos, impedir el avance del socialismo en la región.
Es en los marcos de estos lineamientos de la doctrina de contención, que se definen los perfiles básicos de la toma de decisiones en relación al proceso político dominicano, tanto en la deposición de la dictadura trujillista, como el tortuoso proceso de transición que se produjo de 1961 a 1965.
El ascenso de Kennedy en enero de 1961, le da continuidad a los lineamientos generales y a los principios definidos durante la administración Eisenwoher en relación a los objetivos de la política exterior norteamericana en América Latina. En ese orden, dos hechos pautan su accionar: la formulación de la Alianza para el Progreso y el intento de invasión a Cuba por Bahía de Cochinos, esta última signada por un inmediato y estrepitosos fracaso; la primera, a su vez, tendría una agonía más prolongada en tanto su fulgurante retórica se apagaba en la medida en que no se traducía en soluciones concretas.
En el caso específico de la República Dominicana, la política norteamericana de la administración Kennedy quedó definida en un comprimido aserto, que en todo caso no tenía desperdicio:
Hay tres posibilidades en orden descendente de preferencia: un régimen democrático decente, la continuación del régimen de Trujillo o un régimen castrista. Debemos aspirar a lo primero; pero no podemos renunciar a lo segundo hasta cuando estemos seguros de que podemos evitar lo tercero.
En este breve comentario quedaban implícitos los fundamentos de la Alianza para el Progreso, el cual se apoyaba en el «sistema democrático» que implicaba la negación del totalitarismo tipo Trujillo, pero también, y sobre todo, el totalitarismo comunista de Castro.
Y tenía una cara de ayuda social mitigadora de la pobreza y el hambre en la región latinoamericana y caribeña.
Obviamente que, en los hechos, esto planteaba una contradicción que, de suyo, evidenciaba la hipocresía de la diplomacia exterior norteamericana, con la disparidad de objetivos contrapuestos de buscar la democratización apoyando los reductos de una dictadura moribunda que, en última instancia, reflejaba claramente que toda acción o decisión estaba supeditada al imperativo de los principios de la doctrina de contención-
La administración Kennedy, en los hechos, evidenció una política exterior que condicionaba las expresiones liberales y democráticas en función de una adscripción a los objetivos anticomunistas y anticastristas.
En ese mismo orden, la administración Kennedy presionó la salida de la familia Trujillo, y en enero de 1962 indujo una modificación constitucional para formar un órgano de gobierno llamado Consejo de Estado.
La asistencia económica y militar se expresó en forma manifiesta con un reforzamiento de los organismos represivos y las unidades especializadas para la contrainsurgencia, que fueron creadas, entrenadas y equipadas para contener «el avance comunista»; asimismo, se le dio asistencia al movimiento sindical conservador y surgió una serie de gremios amarillos.
Un punto crítico de esta coyuntura, que expresaba un giro diametral en la otra confrontación este-oeste y que se evidenciaba en el traslado del eje gravitacional de la Guerra Fría a la región del Caribe, lo constituyó la crisis de los cohetes en octubre de 1961.
El desenlace del conflicto mostró, en este caso, un balance favorable a la política hegemónica norteamericana2 en tanto que, a partir del acuerdo formal que puso fin a la crisis de los misiles entre Jruschov y Kennedy, se definieron los perfiles de las relaciones Estados Unidos-América Latina en el nuevo contexto generado por la Revolución Cubana.
El aspecto más evidente fue la notoria rigidez con que el Departamento de Estado, así como también los órganos de acción militar preventivos o directos, asumieron las alteraciones que en el periodo se produjeron en la región del Caribe
En ese orden es que resultaba sintomático, por la respuesta desproporcionada, el caso de la insurrección constitucionalista de 1965 en la República Dominicana. Esa rigidez en las posiciones norteamericanas provenía, sin duda, de la percepción anacrónica de los Estados Unidos sobre el área, que era percibida como punto estratégico para la defensa militar norteamericana. En ese orden es que resultaba sintomático, por la respuesta desproporcionada, el caso de la insurrección constitucionalista de 1965 en la República Dominicana. Esa rigidez en las posiciones norteamericanas provenía, sin duda, de la percepción anacrónica de los Estados Unidos sobre el área, que era percibida como punto estratégico para la defensa militar norteamericana.
Esto así, por la existencia en la región de viejos reductos provenientes del periodo de la expansión colonial norteamericana en el Caribe a finales del siglo xix y principios del xx, tales como las bases militares de Guantánamo en Cuba, en Puerto Rico y en el canal de Panamá.
El enfoque sobre la República Dominicana no escapaba a la lógica de esta percepción, pues esta, desde fines del siglo xix, había quedado en la órbita de la dominación norteamericana a partir de la caída de la dictadura de Lilís (1899) en el contexto de una grave crisis financiera que degeneró en el control económico de República Dominicana, que primero la redujo a un protectorado y luego a una nación intervenida militarmente (1916-1924).
Como consecuencia de esa intervención, surgió la dictadura de Trujillo, que fue el garante de la dominación norteamericana de 1930-1961, lo que evidencia que la República Dominicana había quedado bajo un orden de dependencia con respecto a los Estados Unidos, que de cierta manera explica la reacción con que este respondió a un movimiento que desde toda perspectiva no parecía desbordar los marcos del reformismo.
En términos globales, se podría afirmar que el imperativo estratégico de la política exterior norteamericana en relación con la República Dominicana, consistía en conformar un proyecto político que garantizara de manera estable y perdurable en el tiempo, un esquema de dominación burguesa que sirviera de contención al emergente movimiento social que se generó en el interregno 1961-1965.
En ese orden, la administración Kennedy procuraba implementar una estrategia de fortalecimiento de la burguesía oligárquica dominicana, mediante la aplicación de una serie de reformas institucionales de carácter desarrollista3 que insertarían el Estado dominicano en una perspectiva reformista, que comportase, a su vez, la promoción de los distintos sectores sociales bajo la hegemonía burguesa, pero con las necesarias mediaciones propias de una formación social burguesa.
La definición de esa estrategia de política exterior norteamericana en el período 1961-1966, obedecía a la naturaleza de la confrontación interburguesa4 que obstruía la posibilidad de instaurar un proyecto de dominación estable, sobre todo viable para los intereses norteamericanos.
Es en ese contexto que los Estados Unidos deviene en un agente determinante en el conflicto, condicionado por un sobredimensionamiento de la crisis en los círculos dirigentes norteamericanos como secuela de la Revolución Cubana, y los temores de que la crisis dominicana se desbordara fuera de los entornos del sistema de dominación vigente hacia una revolución de corte socialista.
La administración Kennedy diseñó un programa de amplio alcance, consistente en un conjunto de reformas de carácter preventivo a todo lo largo y ancho del hemisferio occidental, cuyo principal elemento era presentar el desarrollismo o reformismo como una vía alternativa al cambio revolucionario
En términos políticos, Estados Unidos devenía en promotor de fuerzas reformistas comprometidas con la modernización del capitalismo y el desarrollo económico.
