Stephanie Savell (Rebelion. org, 7-3-18)
Los costos ocultos de las guerras de Estados Unidos
Introducción de Tom Engelhardt
Tratándose de las guerras de Estados Unidos, al fin –después de 16 años– nuestros generales tienen sus victorias. Por supuesto, no en tierras lejanas en las que esos conflictos bélicos son machaconamente interminables, sino en el sitio que importa: Washington. ¿Podría haber una señal más asombrosa que el ascenso de tres de esos generales a puestos claves en la administración Trump? Si cualquiera de ellos se viniera abajo en poco tiempo, las guerras que este país ha estado librando en el extranjero no serían las responsables, aunque un comandante retirado, John Kelly –ahora jefe de personal en la Casa Blanca– fuera tocado la semana pasada cuando hizo una última tentativa contra el movimiento #MeToo.
En todo caso, las últimas semanas han brindado una notable evidencia de lo victoriosos que realmente pueden ser los más perdidosos jefes militares y sus colegas cuando están en la capital de nuestro país. En el estilo bipartidista que en estos días por lo general se reserva solo a las fuerzas armadas de EEUU, el Congreso acaba de acordar el otorgamiento al Pentágono de 165.000 millones de dólares adicionales en los próximos tres años como parte de una fórmula para mantener el funcionamiento del gobierno. Casualmente, el presupuesto de 2017 para el Pentágono ya era tan abultado como el de la suma de los siete países que siguen al nuestro en gasto militar. Y eso fue antes de que todas esas decenas de miles de millones de dólares extras hicieran que el presupuesto militar para 2018 y 2019 superara los 1,4 billones* de dólares.
Esta es una suma de dinero que solo se destina a los ganadores, no a los perdedores. Dado el deprimente historial de las fuerzas armadas en la realidad de las guerras libradas por Estados Unidos desde el 11-S, si al lector todavía le parece un poco extraño lo único que puedo decirle es: no mencione este tema. Hace mucho tiempo que no es educado ni apropiado quejarse de nuestras guerras, de quienes las libran y de cómo las financiamos; esto no debe suceder en una época en la que cada soldado estadounidense es un “héroe”, es decir, que todo lo que ellos están haciendo en Afganistán, Yemen, Siria y Somalia es ciertamente heroico.
En un país en el que no existe el servicio militar obligatorio, de quienes no forman parte de nuestras fuerzas armadas ni están relacionados con ellas solo se espera que les den las “gracias” a los guerreros y nos ocupemos de nuestros asuntos como si sus guerras (y el caos que continúan provocando más allá de nuestras fronteras) no fuesen asuntos de la vida de todo el mundo. Esto es la definición de una sociedad desmovilizada. Si sucede que en estos días usted es la más extraña de las criaturas de nuestro país –alguien que se opone activamente a esas guerras–, tiene un problema. Esto significa que Stephanie Savell, que codirige el Proyecto Costo de la Guerra y periódicamente entrega información bien documentada y devastadora sobre la propagación de esas guerras y el dinero constantemente dilapidado en ellas, realmente tiene un problema. Ella es muy conciente de ello; hoy lo describe vívidamente aquí.
Hablar a un país desmovilizado
Tengo entre 30 y 40 años; eso quiere decir que después de los ataques del 11-S, cuando este país empezó la guerra en Afganistán e Iraq –lo que el presidente George W Bush llamó la “Guerra global contra el terror”, yo todavía estaba estudiando. Recuerdo que participé en un par de manifestaciones contra la guerra en un campus universitario y, en 2003, mientras trabajaba de camarera, haber disgustado a algunos clientes que pedían “patatas de la libertad” en lugar de “patatas a la francesa” para protestar contra la oposición de Francia a nuestra guerra en Iraq (da la casualidad que mi madre es francesa; por lo tanto, yo sentía aquello como una ofensa doble). Durante años, como muchos estadounidenses, eso fue lo único que pensaba de la guerra contra el terror. Pero una elección de carrera me llevó a otra, y en estos momentos codirijo el Proyecto Costo de la Guerra en el instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Brown.
Ahora, cuando voy a cenar con amigos y les cuento cómo me gano la vida, me he acostumbrado a las miradas perdidas y comentarios vagamente aprobatorios como “qué bonito”, mientras la conversación toma otros rumbos. Si empiezo a hablar con vehemencia sobre el sorprendente alcance mundial de las actividades antiterroristas de las fuerzas armadas de EEUU o de la enorme deuda de guerra que estamos dejando desconsideradamente a nuestros hijos, la gente tiende a seguirme la corriente. Sin embargo, en términos de compromiso, mis oyentes me hacen preguntas agudas y se sienten mucho más interesados por otra investigación mía: la actuación policial en las grandes favelas o los barrios bajos de Brasil. No quiero decir que a nadie importan las interminables guerras de Estados Unidos, solo que 17 años después de que empezara la guerra contra el terror es una cuestión que parece interesarnos a unos pocos, mucho menos lanzarnos a la calle para manifestarnos, como pasó en los tiempos de la guerra de Vietnam. El hecho es que desde entonces ha pasado dos décadas; aun así, la mayoría de nosotros no nos vemos como “en guerra”.
No llegué a este trabajo que hoy llena mi vida desde el activismo pacifista o el antibelicismo apasionado. Llegué por un camino más largo: todo comenzó cuando me interesé por la militarización de la policía, durante la elaboración de mi trabajo de graduación en antropología cultural en la Universidad Brown, donde tiene su sede el Proyecto Costo de la Guerra. Estando en ello, me uní a las directoras Catherine Lutz y Neta Crawford, que juntas habían creado el proyecto en 2011 en el 10º aniversario de la invasión de Afganistán. Su objetivo era centrar la atención en los costos –ocultos y no reconocidos– de nuestras guerras contra el terror en Afganistán, Iraq y unos cuantos países más.
En estos momentos, sé –y me importa– más que lo que nunca había imaginado sobre la devastación ocasionada por las guerras de Washington posteriores al 11-S. A juzgar por las reacciones suscitadas por nuestro trabajo en el Proyecto Costo de la Guerra, veo que mi indiferencia anterior no era algo raro. En la época que siguió al 11-S ha sido todo lo contrario: la indiferencia ha sido lo fundamental en nuestro país.
Unas cifras pasmosas
En semejante clima de falta de compromiso, me he dado cuenta de que al menos hay algo que despierta la atención de los medios. En lo más alto de la lista están las cifras que te dejan con la boca abierta. Por ejemplo, contrastando con las relativamente limitadas estimaciones dadas a conocer por el Pentágono, el Proyecto Costo de la Guerra se ha presentado con una estimación exhaustiva de lo que ha costado realmente –desde 2001– la guerra contra el terror a este país: 5,6 billones de dólares. Por lo desmesurada, es una cifra casi incomprensible. Aunque, imaginemos si hubiésemos invertido esos dineros en investigar más el cáncer o en la reconstrucción de la infraestructura de Estados Unidos (entre otras cosas, los trenes de Amtrak** no habrían tenido tantos accidentes mortales como los que hoy tiene).
Esos 5,6 billones de dólares incluyen tanto el dinero necesario para cuidar a los veteranos tras el 11-S como lo que se gasta en la prevención de ataques terroristas en territorio estadounidense (la “seguridad interior”). Este guarismo y sus actualizaciones anuales son noticia en medios como el Wall Street Journal y la revista Atlantic, y mencionadas habitualmente por algunos periodistas. Sospechamos que incluso el presidente Trump las conoce; en su peculiar modo, exageró nuestro trabajo cuando en su comentario a fines del año pasado dijo que EEUU había “gastado tontamente 7 billones de dólares en Oriente Medio” (apenas unos meses antes –más en línea con nuestra estimación– había dicho 6 billones).
Es usual que los medios utilicen otro conjunto de sorprendentes cifras que nosotros publicamos: nuestros cálculos de bajas –tanto de estadounidenses como de extranjeros– en Afganistán, Pakistán e Iraq. Respecto de 2016, alrededor de 14.000 soldados y contratistas de EEUU y 380.000 habitantes de esos lugares resultaron muertos. A estas estimaciones es necesario agregar la muerte de por lo menos 800.000 afganos, iraquíes y pakistaníes más, víctimas indirectas del desastre causado por las guerras en sus respectivos países; entre otras cosas, por desnutrición, enfermedad y degradación ambiental.
Sin embargo, aunque el lector logre superar el impacto de las cifras, es mucho más difícil conseguir la atención de los medios (o la de cualquiera) en relación con las guerras de Estados Unidos. Ciertamente, los costos humanos y políticos en tierras lejanas interesan muy poco en nuestro país. Hoy en día, es difícil imaginar la portada de un medio hegemónico de prensa con una foto de una guerra devastadora, mucho menos de una estimulante manifestación, como las que se hacían –hoy convertidas en icónicas– en los tiempos de la guerra de Vietnam.
En agosto, por ejemplo, el Proyecto Costo de la Guerra publicó un informe en el que se revelaba la dimensión de explotación a la que eran sometida trabajadores inmigrantes en zonas de guerra de Iraq y Afganistán. Llegados de países como Nepal, Colombia y Filipinas, trabajan para las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus contratistas privados desempeñándose en la cocina, la limpieza y las guardias de seguridad. Nuestro trabajo documentaba la servidumbre y las violaciones de derechos humanos con los que se enfrentaban cada día. Por lo general, los inmigrantes debían permanecer allí y vivir en condiciones peligrosas y precarias, recibiendo una paga mucho menor que la prometida en el momento de ser reclutados y sin posibilidad alguna de solicitar protección por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, los funcionarios civiles o las autoridades locales.
Aunque las revelaciones de nuestro informe eran –pensaba yo– dramáticas, en su mayor parte permanecieron desconocidas en la sociedad de EEUU; una razón más para exigir el fin de nuestras interminables guerras en Afganistán e Iraq. Eran también un importante demérito contra las empresas de contratistas privados que durante años tanto se han aprovechado de esas guerras. No obstante, el informe apenas conseguía cobertura mediática, tal como siempre sucede cuando se trata del sufrimiento humano en las zonas de guerra (al menos cuando lo que sufren no son los soldados de Estados Unidos).
¿Es acaso verdad que a los estadounidenses no les importa? Al menos, esa parece haber sido la opinión de los muchos periodistas que recibieron nuestro comunicado de prensa sobre el informe.
La verdad es que esto se ha convertido en algo parecido a una realidad de la vida de hoy en Estados Unidos, una realidad que solo se ha hecho más extrema debido a la fascinación total de los medios con el presidente Donald Trump –desde sus tweets hasta sus insultos y sus disparatadas afirmaciones–. Él –o mejor dicho, la obsesión de los medios por cada uno de sus gestos– solo representa el último desafío para prestar alguna atención a lo que realmente nos cuestan (y le cuesta a todo el mundo) las guerras de nuestro país.
Una forma que encontramos de sortear el torbellino mediático es acudiendo a comunidades de interés ya existentes, como los grupos de veteranos. En junio de 2017, por ejemplo, publicamos un informe sobre las injusticias que debieron enfrentar los veteranos de las guerras iniciadas tras ell 11-S, que fueron dados de baja de las fuerzas armadas con “mala documentación” o expulsados, normalmente por actos de mala conducta de poca importancia, actos que a menudo son consecuencia de traumas sufridos en el servicio militar. Esa documentación mala hace que los veteranos no puedan acceder a la asistencia sanitaria, educacional y habitacional del departamento de Asuntos de los Veteranos. Mientras el informe consiguió muy poca atención de los medios, las noticias relacionadas con él circularon mucho en los blogs que se ocupan de los veteranos, en las páginas de Facebook y en Twitter, creando mucho más interés y comentarios. Fue incluso –lo supimos más tarde– utilizado por esos grupos en su intento de influir en la legislación relacionada con los veteranos.
