Avanza la privatización neoliberal en RD

Con la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento 2018, el Congreso dominicano autorizó al Poder Ejecutivo a vender las acciones o participaciones de capital que el Estado dominicano posea en empresas o proyectos hasta por un monto no mayor al 5% de la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF).

Eso significa que la operación —o las transacciones, porque pueden ser varias— no deberá superar los US$1,453.7 millones. Eso tomando como referencia el valor de la deuda SPNF por US$29,074 millones en octubre pasado.

Cuando el 30 de noviembre, el director de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), Luis Reyes, acudió a la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, explicó que no había ningún trasfondo en esa propuesta: se trata de salir parcialmente de la central de Punta Catalina cuando su construcción culmine. “Una vez esto se ponga a operar, es deseable para el Gobierno poder hacer esa operación y restituir la inversión que ha hecho en ello”, dijo Reyes.

No obstante, la ley que permite al Ejecutivo emitir deuda pública en 2018 no señala expresamente que lo que se quiere vender sea Punta Catalina, y deja la puerta abierta a operaciones que involucren a cualquier empresa estatal, incluso aquellas iniciativas que están en fase de proyectos. “Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de venta de acciones y/o participaciones de capital de empresas propiedad del Estado dominicano o de proyectos, por hasta el monto máximo de 5% de la deuda del sector público no financiero, con el propósito de limitar todo nuevo incremento de la deuda pública, promover la suficiencia operativa e incrementar la productividad sectorial”, reza el artículo 10 de la ley.

Si bien reconoce que el texto legal no precisa las operaciones que puede involucrar, el economista José Rijo Presbot resalta que el único proyecto con que cuenta el gobierno por un monto de tal magnitud es Punta Catalina. Agregó que una venta de las Empresas Distribuidoras de Energía (EDE) o de las acciones del Estado en EGE Haina habrían quedado plasmadas en el Pacto Eléctrico, y no están en el documento final. En cambio, el manejo de la central de Punta Catalina no está atado al pacto porque no fue incluido.

Otra empresa de gran tamaño que está parcialmente en manos del Estado es Refidomsa, pero fuentes gubernamentales han señalado que en la actualidad no hay interés de salir del 51% de las acciones que posee. El resto del paquete está en manos del gobierno venezolano, a través de PDVSA.

Antes de que fuera autorizada la ley, los parlamentarios Faride Raful y Francisco Paulino emitieron un informe con su rechazo porque precisamente el artículo 10 era muy poco específico. “El Congreso Nacional no puede continuar otorgando poderes y autorizaciones generales al Poder Ejecutivo para actuar como lo hace”, dice el reporte.