La ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, consideró este viernes que el encarcelamiento de los funcionarios catalanes es «erróneo» y condenó la orden de prisión provisional para los «líderes electos».
«Independientemente de lo que se piense sobre Cataluña, es un error encarcelar a dirigentes electos y debería ser condenado por todos los demócratas», escribió en Twitter.
«El desacuerdo sobre el futuro político de Cataluña es político, debería ser resuelto democráticamente», añadió.
La jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, decidió el jueves dictar prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras y siete exconsejeros por delito de rebelión en relación al proceso independentista en Cataluña.
El exvicepresidente del Gobierno de la Generalidad, Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros, investigados por delito de rebelión, ingresaron a prisión incondicional, así lo acordó la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, esto atendió al pedido hecho por la Fiscalía.
Ante el «alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga» fueron puestos en prisión, agregó la jueza y señaló que hay algunos querellados, como el presidente cesado Carles Puigdemont, que no atendieron a la citación.
Lamela señaló en su documento de 19 páginas que el poder adquisitivo de los consejeros cesados les permite abandonar fácilmente el país y sobrevivir en el extranjero por lo que consideró pertinente la medida cautelar.
Recordó que algunos acusados ya se desplazaron a otros países y eludieron las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido, esto en referencia a Puigdemont y otros cuatro consejeros que permanecen en Bruselas.
Consideró su decisión «adecuada, razonable y proporcionada» y acordó prisión sin fianza para el exvicepresidente Junqueras, y los consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa.
El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de la Empresa de la Generalitat, Santi Vila, para quien se fijó una fianza de 50.000 euros (58.292,5 dólares), aunque de momento entrará a prisión.
La condena por delito de rebelión alcanza los 25 años, la sedición acarrea 15 años de cárcel y ocho años por delito de malversación de fondos, que puede elevarse a 10 en caso de que se produzca falseamiento de la contabilidad.
El auto de la jueza añadió que la acción del Gobierno catalán, cesado el 27 de octubre, fue «medida y perfectamente preparada y organizada» y que durante más de dos años incumplió las resoluciones del Tribunal Constitucional en «pro de la independencia».
