Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Desde hace una década, cuando detectamos las prácticas corporativas y las acciones mafiosas que se fueron desarrollando a partir de 1996, he venido analizando con amigos, colegas abogados y profesores universitarios, la orientación corporativa del PLD a lo interior del Estado dominicano dentro de cada uno de los gobiernos que ha tenido dicho partido, a saber, los periodos 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016 y 2016-2020.
En total la suma de años en el poder asciende en este año 2017, a la cantidad de 17 años manejando cinco gobiernos en los cuales el PLD ha sido el inquilino principal del Estado dominicano.
Y he dicho muchas veces, inclusive públicamente, que algunos de los funcionarios de ese partido llegarían en un futuro a niveles del crimen organizado, con la estrategia de secuestrar, asesinar y desaparecer forzosamente a todo aquel ciudadano que criticare o se opusiere a las prácticas de corrupción e intereses personales de dichos señores.
Efectivamente, en los últimos años adquiere cuerpo el crimen organizado desde las esferas del Estado dominicanos por funcionarios gubernamentales y de dicho partido, a través de métodos de sicariato y de la preparación y planificación de atentados mortíferos ejecutados fríamente mediante técnicas criminales.
Los hechos de corrupción, el secuestro, el crimen económico, la prevaricación, la sustracción descarada de bienes estatales, el desconocimiento y violación de las leyes se han puesto evidentemente de moda. Y se trata de un modelo de corrupción mafiosa y corporativa engendrado por el crimen de élites y grupos hegemónicos y del poder, que se convierten en modelo delincuencial dominante.
Una vez que un funcionario determinado, que anteriormente era pobre y económicamente desvalido, llega al poder del Estado y al cabo de cierto tiempo asciende a grados elevados de enriquecimiento ilícito, no quiere denuncias públicas en su contra, y es capaz de ordenar represalias, homicidios, agresiones intimidatorias y amenazas contra cualquier persona o ciudadano que afecte su libre acumulación personal de riquezas y capitales provenientes de operaciones mafiosas; dineros que luego lo convierten en inversiones capitalistas en la banca pública o privada, bolsa de valores, certificados financieros a plazo fijo, comercio especulativo, falsas compañías de carpeta que operan a la sombra del tráfico de influencia en el turismo, sector inmobiliario, agricultura, apartamentos, villas, edificaciones suntuosas, fincas agrícolas y ganaderas, importaciones y exportaciones mafiosas de mercaderías en general, etc. etc.
Todas estas estructuras de la corrupción multiplican la criminalidad y producen un efecto de demostración para la juventud, un espejismo malévolo y una apariencia de buen derecho, las cuales conviven con la democracia formal y corrupta que vivimos los dominicanos.
Todo esto adquiere vigor y comienza a acontecer después del ajusticiamiento del dictador, ocurrido el 30 de mayo de 1961, cuando se inició en República Dominicana un periodo de convulsiones políticas y sociales y de inestabilidad de la vida económica del pueblo dominicano.
Como consecuencia del golpe de Estado contra el profesor Bosch, se inicia un reagrupamiento de fuerzas sociales y de sectores económicos que culminan en un acontecimiento histórico que es la llamada guerra de abril de 1965, en cuyo periodo inicial se produce la tercera intervención norteamericana en nuestro país.
La soldadesca invasora extranjera que humilló a todos los dominicanos, contribuyó con el desarrollo de una guerra sucia que golpeó lo cimientos de nuestra sociedad.
Los agentes y soldados norteamericanos trajeron nuevos hábitos y costumbres y nuevas maneras de ver el mundo y las cosas, en una sociedad desorganizada a la cual se le había impedido desarrollar sus aspiraciones emancipatorias nacionales.
En efecto, las tropas extranjeras, asociadas en la coalición que formó EEUU y llamada Fuerza Interamericana de Paz (FIP), trajeron el narcotráfico, enseñaron a la juventud las drogas, los asesinatos, homicidios, persecuciones políticas y conductas delicuenciales. Este fenómeno se conjugó con el inicio de un proceso de migraciones internas y procesos de organización desigual que generaron una difícil situación de sobrevivencia en todo el territorio nacional.
Las nuevas élites económicas y políticas, sucesoras de la dictadura, surgen en su accionar de la influencia norteamericana y la presencia de tropas de ese país. Aparecen los partidos tradicionales que no trajeron nada nuevo al pueblo dominicano; y los sectores burocráticos balagueristas se presentaron a la vida política nacional como portadores de la salvación y del futuro del país. Surgen también los políticos partidistas tradicionales y los politicastros clientelistas, vividores de los partidos y del presupuesto nacional; y algunos de ellos se situaron y se sitúan como empresariado nacional, inversionistas con privilegios, y capitalistas de nuevo cuño que influencian en el dictado de las leyes económicas del país.
El proceso de acumulación de riquezas se produce entonces desde la política y aquí está el origen de la corrupción que hoy vivimos en República Dominicana. Se forma, en consecuencia, la relación funcionarios/tráfico de influencias/tráfico de información privilegiada; y acontecen crímenes económicos y políticos desde el Estado.
Las nuevas élites tomaron el Estado como el centro del enriquecimiento ilícito y del proceso de acumulación y de reacumulacion capitalista.
De este modo se consolida la corrupción: por ejemplo, no hay contratación pública que no esté teñida de corrupción, y a la luz de estas prácticas tóxicas y fraudulentas, el país y el Estado caminaron lentamente hacia el robo, el peculado, el fraude, el crimen, el tráfico de influencia, la concusión, la prevaricación, la concentración de poderes y de instituciones. Surge el lodo.
Existen varios casos en los últimos años en que funcionarios del Estado dominicano y con pertenencia al PLD, se han visto involucrados en acciones criminales, entre ellas, enriquecimiento ilícito impune, tráfico de influencia, sobornos, concusión, homicidios, crímenes de sicariato, secuestros, y todos conllevan investigación criminal que luego se diluyen en la justicia dominicana, protegidos por instituciones débiles que toleran la impunidad con que dichos procesos son tratados.
Individualmente, podrían mencionarse varios casos y en todos se manifiestan las aprensiones que tiene el pueblo dominicano sobre la incapacidad de la justicia para castigar delitos y crímenes como los que hemos mencionado más arriba.
El último caso que la sociedad está contemplando absorta y sorprendida, es el relativo al crimen perpetrado contra el abogado y profesor de la UASD que resultó víctima de las acciones de una banda criminal que tenía su guarida en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y cuyo cabecilla principal presumiblemente es el hoy ex director de esa entidad. Ahora se ha podido establecer una relación directa entre las denuncias y el fatal desenlace del profesor. Y se ha podido apreciar la magnitud de los robos cometidos por esa banda en la OMSA.
Las denuncias las había hecho de manera pública el abogado malogrado, pero las autoridades del ministerio público nunca antes movieron sus herramientas para investigarlas y esclarecerlas.
No hay dudas de que esos grupos neobalagueristas elaboraron una Constitución cerrada, sin constituyente, sin referéndum, sin procedimiento revocatorio, una Constitución con una puerta de siete candados, la cual necesariamente en un futuro próximo deberá ser modificada sustancialmente con las herramientas de participación popular a favor del pueblo dominicano.
La Constitución de 2010 espera por reformas modernizadoras y verdaderamente democráticas para introducirle los mecanismos y principios de participación popular, participación de las comunidades territoriales, el referéndum, la constituyente y los procedimientos revocatorios.
Tales cambios se conjugarían con transformaciones sociales sustanciales con el fin de que la Constitución de 2010 permita que la justicia sea independiente y pueda liberarse de la coyunda del neoliberalismo, del corporativismo, de las estructuras parasitarias, del abuso de poder y de la corrupción.
La actual Constitución 2010 es un edificio cerrado a los intereses del pueblo dominicano, es una herramienta corporativa de las élites dominantes que aspiran permanentemente a la privatización de todos los bienes estatales y mantienen a la población en la más radical pobreza, mientras ellos configuran monopolios, empresas privilegiadas y llevan un modo de vida totalmente egoísta e inequitativo.
