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EEUU los tribunales de inmigración: un caos en 2011

Written by Debate Plural

Cada mañana se ponen sus batas negras, toman asiento y escuchan las declaraciones de una larga fila de inmigrantes desesperados por quedarse en Estados Unidos.

El ritmo es rápido, la presión intensa, las historias sobrecogedoras. Es un trabajo agotador, para el que no dan abasto, dicen los jueces de los tribunales de inmigración.   “El volumen es constante e implacable”. “No hay tiempo para pensar”. “No le importamos a nadie”. “Sé que no podría hacer este trabajo si no estuviera medicado para la depresión o no tuviera acceso a atención psicológica competente”. “No puedo hacer esto más. Qué trabajo tan deprimente”.

Estas son las voces de los jueces de inmigración que determinan la suerte de decenas de miles de personas cada año: gente que cruzó la frontera ilegalmente, que violaron los términos de su visa, refugiados que escaparon de China, El Salvador, Irán o algún otro país.

Todos quieren quedarse en Estados Unidos.

Estos jueces están en el corazón de un sistema de cortes de inmigración abrumado por un crecimiento explosivo, una reputación tormentosa y un enorme rezago que, de acuerdo con un estimado, es de casi 268,000 casos.   Los problemas están atrayendo mayor escrutinio hacia un mundo poco visto donde la justicia puede parecer arbitraria y las vidas pueden quedar atrapadas en el limbo durante años, y donde abundan las recriminaciones.

Hay abogados que acusan a los jueces de inmigración de ser parciales, de utilizar tácticas dilatorias y de incompetencia.

Los jueces critican a los abogados de estar poco preparados. Los grupos de apoyo dicen que algunos inmigrantes ni siquiera entienden los procedimientos y, en casos extremos, terminan siendo deportados injustamente.   “Es un sistema de locos”, dice Chuck Roth, director de litigación del Centro Nacional de Justicia Migratoria de Heartland Alliance. “En verdad no nos acerca para nada a la justicia”.   Eso no es sorpresa, dijo Laura Wytsma, ex abogada de inmigración del gobierno en Los Angeles que toma casos de asilo, sin cobrar.   “Cuando te enfrentas a tantas cosas… recursos inadecuados, jueces hostiles, abogados del gobierno demasiado agresivos, leyes sin sentido, abogados que no están al nivel de los litigantes civiles, barreras de lenguaje, traducciones precarias”, expresó. “Tienes un sistema con tantas partes rotas que es un milagro que funcione”.   Algunos dicen que estas cortes son un desastre burocrático.   “Esto no tiene nada que ver con que uno piense que alguien deba ser deportado o no.

El meollo del asunto es este: si uno va a tener un sistema de cortes, debe hacerlo funcionar bien”, dice Malcolm Rich, director de Fondo de Justicia Appleseed en Chicago, un grupo de investigación legal y de apoyo. “Al hacerlo mal, de la forma en que lo hacemos ahora, estamos tirando decenas de millones de dólares”, agregó.

En una corte del tamaño de una caja de zapatos en el decimonoveno piso de un edificio, el juez Craig Zerbe intenta hacer que el sistema funcione.   Aunque escucha evidencia y toma resoluciones, Zerbe no es parte del poder judicial, sino un empleado del Departamento de Justicia.

Estos son procedimientos civiles y en la corte de inmigración los imputados no tienen derecho a un abogado asignado por el gobierno; si no tiene para pagar uno o encuentran a alguien que done su tiempo, está librado a su suerte.   Esta tarde, la mayoría de la gente se representa a sí misma y la mayoría no habla inglés. Entonces, cada palabra es repetida, una vez por el juez o el inmigrante, y otra por el intérprete.   Un hombre palestino con ojos cansados se sienta delante del juez sosteniendo su cabeza con las manos y en una ráfaga en árabe hace su declaración: no tiene dinero, no tiene trabajo ni permiso de trabajo. No puede ver a sus hijos, aunque no queda claro el motivo.   Trajo consigo a un amigo que le dice al juez Zerbe: “El quiere justicia”.   El juez llama a un intérprete profesional, quien traduce vía telefónica, y el hombre le explica que pasó ilegalmente por España, México y otros lugares.

El gobierno estadounidense lo quiere afuera.   El no sabe bien qué hacer: Pelear para quedarse o regresar a casa, dice, a Palestina.

El juez le hace notar que Palestina no es un país reconocido por Naciones Unidas. (El hogar del hombre está en Cisjordania, en Israel).   “¿Por qué no quiere ayudarme?”, pregunta el hombre. Su voz se desgarra con desesperación. “¿Por qué está ofendido?”.   “No estoy ofendido”, dice el juez con voz tranquila. “Sólo trato de encontrar una solución”.

Zerbe le explica pacientemente que aunque entiende su situación, este no es ni el lugar ni el momento para discutir cuestiones familiares o laborales. Se ventilan sólo temas de inmigración.   “Todo lo que sé sobre usted es una hoja de papel”, dice el juez.

Zerbe sugiere que el hombre consulte a un abogado antes de decidir. El está de acuerdo y volverá otro día a la corte.   Un hombre con cara de niño no puede pagar a un abogado. Cuando Zerbe le pregunta si cree que puede representarse sin un abogado, él responde titubeante: “Intentaré”.   Enfrenta una posible deportación a México. No ha vivido en el país vecino desde que tenía dos años, cuando sus padres cruzaron la frontera ilegalmente. Ahora tiene 22 años. Fue atrapado por las autoridades por violar una orden judicial de permanecer alejado de su ex novia. Pasó un tiempo en prisión.   “¿Está dispuesto a dejar Estados Unidos voluntariamente?”, pregunta Zerbe.   “Si tengo que hacerlo, sí”, responde con un susurro, mirando hacia atrás a una mujer que nerviosamente se pasa un dedo sobre su boca.   Sin embargo, a la fecha no lo ha hecho.

El dice que quiere asilo, declarando que teme por la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Zerbe dice que él no satisface los requisitos.   Hay otro asunto: Las solicitudes de asilo deben ser llenadas durante el primer año de estancia en el país, lo que por supuesto es imposible, ya que él vino a los dos años de edad.   El joven obtiene unos meses para consultar a un abogado. Camina hacia afuera con sus engrasados zapatos negros.

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Presión y mucha dificultad en casos

Las cortes estuvieron bajo fuerte presión durante el gobierno de George W. Bush hijo, cuando se descubrió que algunos asesores del Departamento de Justicia escogieron jueces con base en su postura política.

Sin embargo, no hay una varita mágica para borrar más de un cuarto de millón de casos.   Los jueces manejan, en promedio, más de 1,200 asuntos al año, dejándolos tan sobrecargados que mayormente emiten decisiones orales “que algunas veces no son investigadas a consciencia o basadas en la ley o los hechos”, de acuerdo con el reporte de 2010 comisionado por el Colegio de Abogados estadounidense.   “Uno se sienta ahí, escucha un caso, luego hay un receso de cinco minutos, y uno presenta una decisión”, dice Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

“No nos deja dormir. Uno se preocupa, ¿tomamos la decisión correcta? Particularmente cuando alguien tienen un antecedente delictivo”.

Largas esperas

Pueden ser dos, tres años o incluso más (hay audiencias programadas para 2015 en Phoenix), pero no es difícil encontrar a alguien que espere años, o que ya haya esperado, por un fallo en alguna de las 59 cortes de inmigración en Estados Unidos.   Una mujer camerunesa, que fue violada y golpeada, debió esperar cinco años en Los Angeles, para que le diesen asilo. Por un tiempo, sus tres hijos en África no supieron si estaba viva. Ella temía que corriera peligro si los contactaba.   En Phoenix, una refugiada haitiana que había perdido su casa y negocio luego de haber sido detenida por un error clerical había esperado nueve años.

El trabajo pendiente de las cortes era de casi 268.000 casos a finales de 2010, un incremento de 44% en dos años y medio, de acuerdo con la Cámara de Acceso a Registro Transaccional, un grupo de investigación estadística en la Universidad de Syracuse.

La agencia federal que dirige las cortes (la Oficina de Revisión Ejecutiva de Inmigración) ha respondido contratando 38 jueces más —ahora hay 270— y otras 90 personas, incluyendo empleados administrativos, en los últimos 18 meses.

En un testimonio ante el congreso el año pasado, Juan Osuna, actual director de la oficina, trazó los pasos que se han seguido para mejorar las cortes, incluyendo el nuevo personal, mayor entrenamiento y mejores prácticas de contratación.

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