Oscar Medina (Listin, 13-3-17)
La Real Academia de la Lengua define el término corrupción como “acción y efecto de corromper o corromperse, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar…”. Y en referencia a las instituciones del Estado, dice que consiste en la utilización de las funciones y cargos públicos en provecho –económico o de otra índole–, “de sus gestores”.
Como el tema de la corrupción ha adquirido principalía en las últimas semanas y parece haber despertado una nueva conciencia ciudadana, el momento luce propicio para analizarlo en diversas perspectivas.
Son corruptos los funcionarios que reciben sobornos para favorecer a particulares con negocios desde instituciones públicas; los congresistas que aprueban préstamos, leyes o ventas de bienes del Estado a cambio de coimas; los alcalde y regidores que a cambio de dinero conceden y aprueban contratos de recogida de basura o la administración de un vertedero; el empresario o intermediario que paga por recibir los benefi cios y privilegios que ofrecen los políticos deshonestos.
Ese es el perfi l más conocido y manoseado del corrupto. Pero no es el único. También son corruptos los empresarios que desvían combustibles importados a través de exenciones impositivas y quienes les compran ese combustible contrabandeado; corruptos son también los que pagan por debajo de la mesa o utilizan infl uencias para obtener permisos y operar estaciones de combustible o de GLP.
Cualquiera que soborne a un funcionario de una institución pública para obtener órdenes de compras de cualquier producto o servicio o para conseguir un desembolso, es un corruptor similar al que paga millones de dólares para agenciarse obras. La escala puede ser menor, pero el delito es el mismo. Quien vende terrenos del CEA o del IAD a precios de vaca muerta es un corrupto, pero también lo es el que los compra o el que los permuta por deudas muchas veces no reales. Son corruptos los empleados aduanales de segundo y tercer nivel “que se la buscan en el picoteo de patio”, pero lo son también los encumbrados que negocian multas arancelarias mediante intermediarios, los inspectores que permiten “volados” y los importadores que sobornan para sacar sus contenedores de forma irregular evadiendo los aranceles.
Corruptos son quienes reparten entre conmilitones millones de pesos de una caja de pensiones de un banco del Estado, al igual que quienes desde una función pública benefi cian a familiares y amigos con contratos, asesorías o con órdenes de compras sin importar si se trata de resmas de papel o contratos de servicios o mantenimiento de infraestructuras.
Son también corruptos a quienes se agencian contratos grado a grado y onerosos para el Estado como resultado del tráfi co de infl uencias, desde Rayos X para puertos, concesiones mineras y de telecomunicaciones, o contratos para obras viales y de infraestructura.
Algunos, maliciosamente, han hecho creer que Odebrecht es la única empresa que construye, cuando la verdad es que hay muchas otras, incluso algunas cuyas obras han sido cuestionadas por su precio y calidad. Odebrecht es corrupta, pero también lo son las decenas de compañías constructoras benefi ciadas con obras estructurales o viales antes de la entrada en vigencia de la Ley de Compras y Contrataciones.
¿Esos no pagaron también sobornos o tuvieron que devolver altas comisiones proporcionales a los montos de los contratos? ¿Los funcionarios corruptos sólo tomaban las coimas brasileñas? ¿Sólo recibieron coimas los que ordenaban las obras? ¿Aquellos que aseguraron que las obras obtenidas mediante sobornos estuvieran en los presupuestos y que los fi nanciamientos fueran aprobados en tiempo récord, lo hicieron gratis?
Es por todo esto que la corrupción es un mal sistémico en la sociedad dominicana, un vicio tan extendido que no se combate sólo con ruidos y consignas callejeras, y menos con acciones demagógicas o pretendiendo presionar para apresurar investigaciones que se presumen complejas.
Para mitigar ese problema –que no para resolverlo, porque contra la corrupción no hay vacuna–, se impone abordar ese síndrome desde una perspectiva integral y hasta introspectiva, sin prismas partidarios, ni corruptos ni corruptores favoritos.
Está bien que la gente exprese indignación marchando o fi rmando libros para pedir el fi n de la impunidad, pero la oferta de solución no puede ser tubular… El problema de la corrupción en República Dominicana es mucho más complejo y no puede limitarse al caso Odebrecht por escandaloso que resulte.
