Oscar Medina (Listin, 24-7-17)
Con excepción de segmentos minoritarios de la oposición que se oponen a cualquier iniciativa donde esté presente el Poder Ejecutivo -¡y hasta ellos mismos!-, las designaciones del Consejo Nacional de la Magistratura en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Superior Electoral han sido bien acogidas por la sociedad.
No podía ser de otra forma porque se trata de profesionales de trayectoria meritoria, de capacidad probada y de conducta intachable. Tres de los nuevos miembros de la Suprema provienen de la carrera judicial, llevan décadas al servicio de la judicatura y han avanzado gracias a sus condiciones humanas y profesionales, actuando en la vida pública con sobriedad y decencia, sin haber sido nunca vinculados a actos indecorosos.
Los magistrados Manuel Alexis Read, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Fernández Gómez no sólo merecen el ascenso, sino que irán a la Suprema Corte a servir con decoro al Poder Judicial y al país. El cuarto magistrado designado, Moisés Ferrer Landrón, llega a la Suprema como parte de la cuota de la sociedad. Es un abogado de muchos años de ejercicio que ha ocupado importantes posiciones dentro del Ministerio Público y sus referencias personales y profesionales son intachables.
En el caso del Tribunal Superior Electoral, sus cinco nuevos titulares son, por igual, profesionales de capacidad y honorabilidad probadas, con experiencia en el área electoral, lo que dará credibilidad a sus decisiones. Su nuevo presidente, Román Jáquez, era suplente del anterior presidente, Mariano Rodríguez, y es un connotado académico -decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo-, a quien no se le conocen vínculos políticos directos.
Rafelina Peralta fue miembro titular de la Junta Central Electoral en el período 2002-2006, y antes se había desempeñado como oficial del Estado Civil, directora de la Oficina Central y consultora jurídica; Cristian Perdomo Hernández también proviene de la JCE, donde laboró por casi veinte años en los departamentos de Registro Electoral, en la dirección de Cedulación, en la dirección de Inspectoría y en la Junta Electoral del municipio Santo Domingo Este; Santiago Sosa procede de la sociedad civil, fue coordinador nacional de Participación Ciudadana y en los últimos procesos se desempeñó como presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, y Ramón Madera ha sido procurador adjunto desde el año 2001 y ocupado diversos puestos en el Ministerio Público.
Se le critica al Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, que barriera con el anterior Tribunal Superior Electoral. Porque no es verdad que estuviera compuesto por personas indignas, como alegan sectores de la oposición radical, o que hubiesen actuado con la parcialidad que le atribuyen esos mismos grupos que montaron una campaña de irrespeto en el plano personal llegando incluso a las agresiones físicas.
A despecho de que se pueda estar en desacuerdo con algunas de sus decisiones, la prueba más evidente de que el anterior TSE actuó apegado al derecho y a la Constitución es el hecho de que sólo un mínimo porcentaje de más de 700 sentencias que emitió fue recurrido ante el Tribunal ConstitucionalÖ Y de poco más de treinta que llegaron a esa instancia, todas fueron ratificadas.
Esos magistrados resistieron todas las presiones de las hordas mediáticas opositoras, y se mantuvieron apegados a sus principios jurídicos, aunque hoy salen del Tribunal Superior Electoral bajo una estela de sospechas que de alguna forma el CNM validó al sustituirlos a todos.
Se podría pensar que existen razones para que, en lo adelante, profesionales que se respeten a sí mismos lo piensen bien antes de aceptar ese tipo de responsabilidad pública o que –una vez designados, incluyendo a los nuevos miembros de las altas cortes–, se calcule bien el precio de tomar decisiones apegadas a la conciencia sin importar las presiones de sectores interesados, porque es excesivamente riesgoso actuar con cabalidad y responsabilidad en consonancia con principios y valores sociales, morales y familiares.
¡Ö En definitiva, que no vale la pena ofrendar la cabeza para que el poder político la exhiba en bandeja de plata y en altares contrarios!
