Domingo Batista (El Universitario, febrero 2017)
Es algo indiscutible. Actualmente, la República Dominicana goza de un relativo ejercicio de las libertades públicas.
Al margen de la evidente autocensura en el tratamiento de algunos casos por parte de los medios de comunicación, en el país se respira un aire democrático.
En otras palabras, los dominicanos tienen a su favor la libertad de expresarse de manera pública sin temor a ser reprimidos e ir a las cárceles.
La represión por motivos políticos es algo que se ha ido olvidando en nuestra nación.
Ya no tenemos escuadrones militares, policiales o civiles que fusilen en las calles del país a quienes levanten sus voces en contra del latrocinio, la corrupción y la represión institucionalizada de los gobiernos.
La ciudadanía hace uso de sus derechos constitucionales sin el temor de que será perseguida por protestar o denunciar las acciones malévolas de quienes se nutren del erario.
Contrario a lo ocurrido el 9 de febrero de 1966 con el ametrallamiento de miles de indefensos estudiantes del sistema nacional de educación, quienes marchaban frente al Palacio Nacional exigiendo el reconocimiento de la autonomía de la universidad estatal. Sin lugar a dudas, uno de los hechos de la historia reciente que reavivó la lucha con estoicismo para repudiar los abusos policiales.
Otras de las peticiones del estudiantado eran la retirada de las tropas interventoras norteamericanas, el reconocimiento de las autoridades universitarias del Movimiento Renovador, la entrega del presupuesto a la UASD y la desocupación de los locales escolares.
Ese genocidio frente al Palacio Nacional, y donde murieron cuatro estudiantes, hubo más de 40 heridos y centenares de apresados, fue una provocación imprevista para elevar la conciencia y el espíritu combativo de los sectores populares.
Ese día, las fuerzas represivas del gobierno, sin haberlo planificado concienzudamente, motivaron a las masas populares a levantarse y dar una contundente repuesta.
El quehacer social criollo se estremeció y salió a las calles para poner en una situación difícil al presidente del Gobierno Provisional , doctor Héctor García Godoy.
Las consecuencias fueron que el mandatario debió reconocer las autoridades del Movimiento Renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y entregar el presupuesto a la más antigua academia del continente americano.
Quienes cayeron en ese acto indolente fueron Antonio Santos Méndez, Miguel Tolentino, Luis Jiménez Mella y posteriormente, en un hospital de Texas, la estudiante Amelia Ricart Calventi Del total de heridos, hubo dos estudiantes que recibieron lesiones permanentes, provocándoles grandes inconvenientes físicos y han debido hacer sus respectivos quehaceres en sillas de ruedas. Ellos son Brunilda Amaral y Antonio – Tony- Pérez Méndez, quienes han dado una elocuente muestra de que ninguna limitación corporal es óbice para superarse.
Brunilda Amaral, a cincuenta y un años que han transcurrido desde la irrepetible masacre, confiesa que aún tiene fresco en su memoria el instante en que empezaron a sonar los primeros tableteos de las ametralladoras disparadas por los agentes policiales.
Al hablar para los lectores de EL UNIVERSITARIO, Brunilda murmura con la voz quebrada “nos rociaron como insectos”.
La hoy profesional en bibliotecología señala que “es imposible describir ese momento en que fuimos salvajemente atacados a tiros frente al Palacio Presidencial”.
Dijo que al recibir el balazo de ametralladora –al parecer- había rechinado en otro lugar, por lo que no llegó a su cuerpo con toda la fuerza, por lo que nunca perdió el conocimiento.
Narra que Danilo Santiago fue quien la recogió al momento de ser herida, trasladándola al hospital Padre Billini.
Significó que un médico de ese centro asistencial, creyendo que estaba desmayada, vociferó “bueno que le pase por estar de comunista”.
Después fue trasladada a Hungría, donde duró 22 meses, siendo acogida a su regreso por Guaroa Ubiñas y José –El Chino- Bujosa, dos connotados dirigentes del movimiento estudiantil dominicano de esa época.
Amaral manifiesta que ese episodio, ocurrido a las once de la mañana del miércoles 9 de febrero del 1966, está siempre presente en su mente, pero que no la amilana para mantener su moral en alto y servir –cada vez más a la causa del pueblo.
Con casi 20 años de edad, la entonces estudiante del segundo del bachillerato en el liceo Salomé Ureña, fue una de las tantas almas jóvenes que correspondieron al llamado de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) para marchar ese miércoles negro al Palacio Nacional.
Desde ese día debió ser sometida a un largo tratamiento quirúrgico, pero la ciencia médica no pudo lograr que su columna le permitiera la movilidad corporal para caminar.
Confiesa que, en un principio, le afectó mentalmente, pero que –después- comprendió la necesidad de reponerse y mantener su fe en la lucha para estudiar y hacerse una profesional.
Al meditar sobre el nueve de febrero del 1966, estima que –al margen del sufrimiento físico- tuvo sus logros, porque ocasionó que el gobierno atendiera a sus reclamos.
SIERRA DICE HECHO NO FUE EN VANO
El doctor Julio Samuel –Jimmy- Sierra-, entonces dirigente del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC) dio su parecer sobre el ametrallamiento en contra de los estudiantes frente al Palacio Nacional, el día 9 de febrero de 1966.
De acuerdo con el destacado intelectual y jubilado maestro de la academia, la sangre derramada por los estudiantes ese día no fue en vano, porque el gobierno del presidente Héctor García Godoy debió acceder a sus demandas.
Estimó que el ametrallamiento no fue fruto de la planificación gubernamental. Sostuvo que la acción tuvo que ver con el nerviosismo de uno de los efectivos que integraba el grupo de las fuerzas represivas.
Sierra, quien goza de una acrisolada admiración en los estamentos culturales de la República Dominicana, entiende que el hecho se presentó fortuitamente cuando un agente de los grises quiso tumbar y apresar al dirigente estudiantil Romeo Llinás.
Recuerda que Llinás, junto a él, era parte de la comisión de la Federación de Estudiantes Dominicanos que se encontraba en las escalinatas del Palacio a la espera de ser recibida por el presidente García Godoy a fin de plantear sus reclamos en favor de la UASD.
En ese sentido, Sierra refirió que el inmortal Amín Abel Hasbún encargó a Llinás para que orientara a los estudiantes sobre la situación imperante.
Narró que -cuando el dirigente se colocaba en las verjas palaciegas para hablar a los participantes en la marchael policía agredió físicamente a Llinás, provocando que otros efectivos empezaran la terrible balacera.
Jimmy apuntó que esa marcha tuvo el respaldo de todas las fuerzas revolucionarias del país y que aunaron sus esfuerzos para lograr el desplazamiento de las antiguas autoridades del Consejo Universitario y dar paso al Movimiento Renovador Universitario.
Entiende que esa manifestación, que contó con una abundante presencia de estudiantes de bachillerato de liceos y colegios de la capital, hizo temblar al gobierno, porque la unidad de todos los sectores constituyó la efectiva respuesta del pueblo al hacer un trabajo armónico en las calles, luchando con mística.
Resaltó que la unificación de los sectores populares, como son los sindicatos, los clubes y las demás organizaciones barriales dieron una contundente contestación a las fuerzas represivas de ese momento.
Al tenor de sus palabras, el nueve de febrero de 1966 puede decirse que fue una demostración más de los aspectos represivos de las fuerzas policiales en los diferentes gobiernos.
Sin embargo, insistió en apuntar que ese ametrallamiento fue un foco para radicalizar la lucha a favor de las reivindicaciones del sector estudiantil. Calificó la acción como un importante eslabón de los aportes de la UASD en favor de la conquista de la democracia en el país.
