N. Campos/A. Diaz (D. Libre, 3-3-17)
La Procuraduría General de la República deberá replantear el acuerdo con la empresa Odebrecht bajo los procedimientos del juicio penal abreviado o el criterio de oportunidad que está sujeto a una autorización judicial, consideraron ayer expertos en derecho.
Esos mecanismos serían la vía para poder alcanzar un convenio con la constructora debido a que la decisión que declaró inadmisible el procedimiento del contrato es inapelable.
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la decisión del juez Vargas no es recurrible, por lo que la Procuraduría deberá replantear cómo real y efectivamente deberá lograr el acuerdo.
El jurista Olivo Rodríguez Huertas plantea que al Ministerio Público solo le quedarían dos procedimientos, uno es el de Juicio Penal Abreviado y el otro es acordar un criterio de oportunidad que está sujeto a una notificación judicial.
En tanto, el abogado Cándido Simón sostiene que en el caso se debe optar por un “juicio abreviado con pena preacordada en que ese mismo juez se quita la toga de instructor y en audiencia publica asume la función de juez de sentencia para conocer, ponderar y decidir si convierte en jurisdiccional el acuerdo”.
El proceso Odebrecht no se detendrá
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió ayer que el proceso de Odebrecht no se detendrá por un simple y natural contratiempo institucional como fue el fallo que declaró inadmisible el procedimiento utilizado para instrumentar el acuerdo con la constructora.
Aseguró que aunque la decisión del juez Alejandro Vargas retrase unos días el curso judicial tendente a penalizar a Odebrecht, “no variará el resultado final en este caso, de que el sobornador y los sobornados sean castigados como manda la ley”.
“Si alguien se creyó que íbamos a quedarnos sin avanzar o con los brazos cruzados por un simple y natural contratiempo institucional, se equivocó; el proceso no se detiene”, aseveró.
Dijo respetar la decisión del juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, por entender que el Ministerio Público aportó material suficiente en el escrito sometido para homologar el acuerdo. El magistrado Vargas planteó que el Ministerio Público para lograr la homologación del acuerdo con la empresa Odebrecht debió utilizar mecanismos de mayor rigurosidad jurídica al utilizado que en este caso se trató de un procedimiento de conciliación.
Rodríguez informó que evalúa la decisión y que en los próximos días comunicará el proceso a seguir para la homologación.
El funcionario recalcó que serán sometidas a la justicia todas las personas que durante el transcurso de la investigación se compruebe su implicación en los sobornos pagados por la constructora brasileña.
“Les digo a los corruptos que recibieron ese dinero que no celebren la decisión judicial sobre el acuerdo, porque tienen sus días contados. Los que traicionaron la confianza del pueblo recibiendo sobornos de Odebrecht van a ir a la cárcel”, afirmó.
Reiteró que con el acuerdo el Ministerio Público procura castigar al sobornador, o sea, a Odebrecht, con la pena máxima que establece la ley de sobornos, y agilizar el acceso a la información y documentaciones que se han solicitado a Brasil.
De igual modo, valoró positivamente la declaratoria de complejidad del caso que había sido solicitada por el propio Ministerio Público, debido a que fortalece y favorece el tiempo procesal para la investigación.
En el acuerdo entre la Procuraduría y la compañía brasileña, esta se comprometía a retribuir al Estado dominicano con una compensación de US$184 millones por los US$92 millones pagados en sobornos para conseguir contratos y obras entre el 2001 al 2014. En ese período, el Estado dominicano contrató 17 obras con Odebrecht. En el acuerdo, el Ministerio Público se comprometería a renunciar a todo proceso judicial en contra de los empleados y funcionarios de Odebrecht. El Procurador anunciará en los próximos días las acciones a seguir.
