Vinicio A. Castillo (Listin, 13-3-17)
La última estrategia de comunicación del Gobierno es llevar al ánimo de la sociedad dominicana la idea de que hacer justicia y llegar al fondo en el Caso Odebrecht puede desencadenar una crisis política que dé al traste con la estabilidad económica, social e institucional de la República Dominicana.
Se está “metiendo cuco” a grupos de poder fácticos locales de que abrir una investigación independiente sobre la denuncia de fi nanciamiento ilícito de las campañas electorales de la República Dominicana, a través de Joao Santana, puede crear un colapso del Gobierno y que por lo tanto, es preferible para el país dejar impune el caso de megasoborno más grande de la historia de RD y América Latina.
La situación, no hay duda, es muy delicada, puesto que nuestro país ha sido mencionado entre otros seis en que la empresa Odebrecht habría fi nanciado campañas electorales a través de su Caja B (división internacional de soborno de la empresa brasileña). Las declaraciones que le atribuye un diario de Brasil al exejecutivo de Odebrecht encargado de ese departamento mafi oso de la compañía, Hilberto Silva, crearon una gran conmoción en la República Dominicana, puesto que es la primera vez que desde Brasil trasciende una versión que involucra al Presidente Medina y a su asesor de campaña Joao Santana.
La comunicación ofi cial ha mentido atacando a medios de prensa que difundieron y publicaron la noticia, alegando que lo publicado en Brasil no alude a las campañas electorales del presidente Danilo Medina, sino que se refi eren a campañas de la República Dominicana.
Es una ridiculez plantear que el fi nanciamiento de las campañas electorales de la República Dominicana a que se refi ere el exejecutivo de Odebrecht, a través de Joao Santana, no son las del presidente Medina, puesto que para nadie es un secreto que en las únicas campañas en que el señor Santana ha sido asesor principal y directo son las del año 2012 y 2016 del actual mandatario.
Ante una imputación tan grave, el país debe exigir una investigación seria e independiente que pueda recabar las pruebas de lugar para establecer o no la veracidad de la misma. He sostenido que la persona a quien más debe interesarle probar la falsedad de tan grave imputación es al propio presidente Danilo Medina, si éste, como ha asegurado al país, no recibió fi nanciamiento de la fi rma Odebrecht.
Es el propio Gobierno el que se ha autoacorralado por el impacto de la noticia llegada desde Brasil. Para ello bastaría con leer las reacciones que el mismo día y sobre los mismos hechos tuvieron el presidente Medina, su vocero Roberto Rodríguez Marchena y el Secretario General del PLD y Senador por el Distrito, Reynaldo Pared Pérez.
Mientras presidente Medina negaba categóricamente la imputación del ejecutivo de Odebrecht, su vocero decía que no sabía nada; que no sabía cuál era la función real de Joao Santana y que él se limitó en esa campaña a dirigir las redes sociales. Y para colmo, Reynaldo expresó que el fi nanciamiento de Odebrecht no tendría nada de pecaminoso porque no está prohibido por la ley.
La Ley Electoral es muy clara y en su artículo 55 prohíbe “terminantemente” recibir fondos en campañas electorales de empresas o grupos económicos extranjeros. No es cierto, como se ha querido esparcir la idea, de que se necesita una reforma a la Ley Electoral o a la Ley de Partidos para impedir casos como el denunciado de la fi rma Odebrecht. La ley actual lo prohíbe y si se recibió, es un dinero ilícito, agravado porque quien se alega haberlo otorgado, la fi rma brasileña Odebrecht, lo registró en su contabilidad de la Caja B de soborno internacional.
No comparto la propuesta que han hecho diputados del PRM de que se le haga un juicio político al Presidente de la República. Él, como todo ciudadano, está protegido por la presunción de inocencia, por lo que sólo una investigación seria e independiente puede recabar pruebas graves y contundentes que ameriten un posible juicio político en su contra. Obviamente, esa investigación en la República Dominicana sólo la puede realizar un funcionario subalterno de él que es el Procurador General de la República, Lic. Jean Alain Rodríguez, que no tiene, por razones obvias, ninguna posibilidad de hacer una investigación independiente sobre tal denuncia.
Lo que sí puede hacer el Procurador General de la República, si hay voluntad política del presidente Medina de que el Caso Odebrecht se aclare, es apelar al artículo 373 del CPP y designar fi scales especiales adjuntos, a abogados reconocidos de probada independencia política y seriedad profesional, para llevar a cabo esa investigación.
Si, por el contrario, no se investiga lo denunciado por el ejecutivo de Odebrecht en Brasil, quedará la nebulosa y la razonable duda sobre la inocencia del presidente Danilo Medina en esta acusación.
Contrario a lo que pregona el Gobierno, lo que sí puede generar una grave crisis política en el país es que este expediente de Odebrecht se vuelva “sal y agua”, que quede impune y con la empresa estafadora trabajando en el país como si nada hubiese ocurrido.
Si después de una confesión tan grave y un perjuicio de miles de millones de pesos contra el Estado a lo largo de 16 años, en tres gobiernos distintos, no pasa nada, estaríamos abriendo el camino de la sepultura defi nitiva de nuestro sistema institucional, con consecuencias que nadie está en capacidad de vaticinar en este momento.
