Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
La Renuncia de Agripino Núñez Collado de Aceros Estrella no le añade credibilidad a la gestión investigativa que le fuera encomendada a la Comisión del Decreto 6-17, para el caso Odebrecht-Punta Catalina, por el presidente Danilo Medina.
Monseñor Núñez Collado aceptó inmediatamente su nombramiento como directivo principal de dicha comisión investigadora, nombrada por la para realizar las pesquisas necesarias en el caso de los sobornos confesados y practicados por la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana en más de diez proyectos de construcción de obras de infraestructura, incluyendo la EPC para la construcción de dos plantas a carbón mineral en la Provincia Peravia, que supuestamente producirían 337 MW cada una.
Dicho prelado le dio aceptación a su nombramiento honorifico, y debido al clamor que generó dicha designación, días después renunció del puesto que ocupaba en el directorio comercial de la empresa Aceros Estrella, de Santiago, cuando salió a luz pública que tenía intereses de inversión de capitales en dicha entidad.
Es claro que debió renunciar inmediatamente de Aceros Estrella al momento de formularse la designación presidencial; al haberlo después de las denuncias, monseñor se ha comportado de manera insincera y poco transparente, pues lo hizo después que el rumor público y luego la comprobación del hecho lo señalaron como parte interesada.
El prelado de la iglesia católica debió renunciar de la comisión investigadora que conformó el presidente de la Repùblica con su decreto 6-17, tan pronto la recibió; y explicar que lo hacía porque no podía ser juez y parte, no podía ser miembro de Aceros Estrella y al mismo tiempo miembro de la comisión presidencial, pues monseñor pertenecía y pertenece a Aceros Estrella desde hace muchos años empresa que participó en la licitación pública internacional convocada y celebrada por CDEEE para la selección del mejor oferente para la construcción de la obra de Punta Catalina, conjuntamente con la empresa brasileña Odebrecht.
Pero Núñez Collado lo hizo al revés, y al haberlo hecho así la sociedad dominicana interpreta correctamente que su especial interés en dirigir la comisión investigadora está por encima de su pertenencia a la empresa Aceros Estrella, y otras empresas cibaeñas.
Se trata de la hipocresía tradicional de las élites políticas egoístas y corporativas de República Dominicana.
Dichos grupos se engañan al pensar que el pueblo dominicano no se da cuenta de los manejos interesados y fraudulentos que cotidianamente realizan, sea en perjuicio del Estado, del patrimonio público; sea de los intereses colectivos de la sociedad dominicana.
Esa situación política viene de muy atrás históricamente hablando, y se acentúa después del ajusticiamiento del dictador el 30 de mayo de 1961, momento en que surgen nuevos grupos y élites herederas de esa tradición cuestionable de deslealtad, engaño y peculado.
Dentro de esas élites políticas y empresariales se ubican históricamente las jerarquías eclesiásticas, que tienen un amplio radio de acción en la sociedad dominicana, en base al concordato con el Estado Dominicano (1954), y desarrollan todo tipo de prácticas de simulación, de engaño y enriquecimiento ilícito, sin guardar las apariencias.
El reverendo mitrado debió renunciar de ambas cosas, y esto el pueblo dominicano lo tiene claro, pues es obvio que el renunciar de Aceros Estrella no le libra de parcialidad y de intereses económicos y políticos; y por ende, dicha comisión no adquiere credibilidad suficiente para los cargos a que han sido designados varios miembros a través de las disposiciones del decreto 6-17.
Este elemento es clave para comprender que es muy cuestionable la comisión investigadora que se encargará de llevar a cabo las actividades de pesquisa del caso Odebrecht-Punta Catalina.
Otros miembros de dicho organismo presidencial, designados por el Palacio Nacional, por otras razones morales, son también cuestionables; para probarlo bastaría con examinar la biografía de esos miembros honorables. Ese conocimiento biográfico descartaría la legitimidad y la confiabilidad de sus actuaciones y resultados.
La duda sobre la transparencia de los resultados que emanarán de dicha comisión, se hace más aguda después de la visita que dicha comisión realizó a la planta de Punta Catalina. Todo se convirtió en elogios, de sus labios salieron expresiones asombrosas de elogio, ellos que nunca visitaron una planta similar se asombraron de observar tanta grandiosidad. Pero ninguno de ellos, que profirieron esas expresiones de asombro, tiene conocimiento técnico de una planta semejante, lo cual quiere decir que sus palabras no eran más que voces vacías, pronunciadas por un miembro de Aceros Estrella, aliada de Odebrecht, lo cual significa una actitud vagabunda, poco seria, dañina al pueblo dominicano.
Y sobre todo, se creó un escenario o un teatro dirigido a negar que hayan cosas mal hechas, dirigido a engañar, a justificar con el fin de tapar la sobrevaluación fraudulenta, criminal; y el latrocinio de 1,040 millones de dólares, más todo tipo de exoneración de impuestos, tasas y contribuciones municipales. Más aún, hay que agregar los casi 300 millones de dólares que se lleva entre las uñas la empresa asesora norteamericana Stanley Consultants, más los radicales intereses de los bonos financieros internacionales y de otros préstamos bancarios que pagará el pueblo dominicano
Otro elemento a señalar es que la comisión nombrada por el presidente mediante su decreto 6-17, podría ir en dirección de ponerle una piedra en el zapato al Procurador General de la República, que ha afirmado que llevará a cabo sus investigaciones caiga quien caiga.
¿Y qué puede suceder si los resultados de ambos organismos o entidades al final se presentan con contradictorios y disonantes?
Pues sucederá lo de siempre: que no pasará nada, aunque se utilicen los llamados “chivos expiatorios”, herramientas que han comenzado a utilizarse y practicarse en relación con las actividades de soborno, vinculadas con las plantas a carbón mineral de Punta Catalina, y demás obras.
Particularmente en la primera el Consorcio Impe y el abogado que ahora escribe han demostrado que hubo maniobras y vicios que generaron irregularidades muy serias en el proceso de licitación pública internacional realizado para la selección del mejor oferente para la construcción de la planta a carbón mineral, donde se produjo sobrevaluación de más de mil millones de dólares.
Pocas veces habíamos visto conjugadas tantas mentiras; y algún día la sociedad dominicana las cobrará después de la construcción y advenimiento de una nueva justicia, fuera de la falsa democracia neoliberal que vive actualmente América Latina.
