Consejos cívicos palestinos y organizaciones de derechos humanos presentaron hoy una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia de Israel contra la ley aprobada por la Kneset para legalizar de forma retroactiva 4.000 viviendas en colonias consideradas ilegales hasta ahora por Israel y edificadas en tierra privada palestina.
Un grupo de 17 gobiernos locales palestinos, 15 rurales y dos urbanos, y tres ONG palestinas de Cisjordania, Gaza e Israel presentaron la demanda contra la nueva norma que legaliza 53 colonias ilegales a ojos de Israel.
Según la ley internacional, todos los asentamientos judíos en territorio palestino están fuera de la ley.
Es bastante probable que el Supremo dé la razón a estos demandantes y a otros que van a presentar recursos en los próximos días.
El propio fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, advirtió de que la ley iba contra los principios de la ley básica israelí y que no la defendería ante el Supremo.
La Kneset (Parlamento israelí) aprobó, por 60 votos a favor y 52 en contra, la legalización retroactiva de casi 4.000 viviendas de colonos judíos construidas en tierra palestina privada.
Las casas beneficiadas por la ley —3.850, según la oenegé israelí Shalom Ashjav (Paz Ahora)— se encuentran en 53 «outposts» —colonias judías consideradas ilegales por Israel que con la nueva normativa pasarán a ser legales— y otros asentamientos.
El derecho internacional señala que todas las colonias en territorio palestino son ilegales.
La Ley Regularización rompe con casi 40 años de veredictos de la justicia israelí contra la construcción de casas en propiedad privada palestina y supone la primera vez que la Kneset legisla sobre Cisjordania, donde rige la ley militar.
Este territorio palestino ocupado se encuentra fuera de la soberanía israelí y de la jurisdicción del Parlamento.
Las leyes de la Kneset afectan a Israel y a los territorios anexionados como Jerusalén este y los Altos del Golán, que corresponden a los palestinos y a Siria, respectivamente, según la ley internacional.
La luz verde a la ley es un hecho sin precedentes que las fuerzas de la oposición consideran el primer paso hacia la anexión de facto de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.
La norma permitirá declarar propiedad estatal la tierra palestina sobre la que se hayan construido los «outposts» «por buena fe o a instancias del Estado» y negará a sus dueños legítimos el derecho a usar o mantener la propiedad de sus terrenos hasta que haya una resolución diplomática sobre el estatus definitivo de los territorios palestinos.
El propósito de la ley, que incluye compensaciones para los dueños de las tierras, es «regular los asentamientos en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania) y permitir su continuo establecimiento y desarrollo».
El fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, es totalmente contrario al proyecto de ley porque contradice la ley internacional y aseguró que no la podría defender ante ningún tribunal.
La votación de la ley se produjo cuatro días después de que las fuerzas de seguridad israelís evacuaran el asentamiento de Amona, en Cisjordania, considerado ilegal por Israel. El Supremo obligó a desalojarlo y demolerlo por estar construido en tierra palestina privada.
