Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Agripino Núñez Collado aceptó su nombramiento como directivo principal de la comisión investigadora nombrada por la Presidencia mediante decreto 6-17, para realizar las pesquisas necesarias en el caso de los sobornos practicados por la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana en más de diez proyectos de construcción de obras de infraestructura, incluyendo la EPC para la construcción de dos plantas a carbón mineral en Punta Catalina, Provincia Peravia, que producirían 337 MW cada una.
Dicho prelado le dio aceptación a su nombramiento, pero renunció días después del puesto que ocupaba en el directorio de la empresa Aceros Estrella, de Santiago, cuando salió a la luz pública que tenía intereses comerciales en dicha entidad. Es claro que debió renunciar inmediatamente al momento de formularse la designación presidencial; al hacerlo después de las denuncias, monseñor se ha comportado de manera insincera y poco transparente.
Es claro que debió renunciar a la designación que hizo el presidente tan pronto la recibió, y explicar que lo hacía porque no podía ser juez y parte, ya que pertenecía desde hace muchos años al directorio de la referida empresa Aceros Estrella, la cual participó de la licitación celebrada para la obra de Punta Catalina conjuntamente con la empresa brasileña Odebrecht.
Pero Núñez Collado lo hizo al revés, y al hacerlo así la sociedad dominicana interpreta que su interés exclusivamente en dirigir la comisión investigadora está por encima de su pertenencia a la empresa Aceros Estrella.
Es la hipocresía de las élites políticas de República Dominicana. Ellas creen que el pueblo no se da cuenta de los manejos ordinarios que cotidianamente realizan. Esa situación viene de muy atrás, históricamente hablando, y se acentúa después del ajusticiamiento del dictador el 30 de mayo de 1961, cuando surgen nuevos grupos de élites herederas de esa tradición de deslealtad y engaño.
Dentro de esas élites políticas y empresariales se ubican históricamente las jerarquías eclesiásticas, que tienen un amplio radio de acción en la sociedad dominicana, en base al concordato con el Estado Dominicano (1954), y desarrollan todo tipo de prácticas de simulación, de engaño y enriquecimiento ilícito.
El religioso reverendo debió renunciar de ambas cosas, pues es claro que el renunciar de Aceros Estrella no le libra de parcialidad y de intereses económicos, y por ende, no adquiere credibilidad suficiente para el cargo al que fue designado mediante el decreto 6-17.
Este elemento hace muy cuestionable la comisión investigadora que se encargará de llevar a cabo las actividades de pesquisa.
Otros miembros de dicho organismo, designados por el presidente, por otras razones, son también cuestionables; para probarlo bastaría con examinar la biografía de esas personas. Ese conocimiento biográfico descartaría la legitimidad y la confiabilidad de sus actuaciones y resultados.
Otro elemento a señalar es que la comisión nombrada por el presidente mediante su decreto 6-17, podría ir en dirección de ponerle una piedra en el zapato al Procurador General de la República, que ha afirmado que llevará a cabo sus investigaciones caiga quien caiga.
¿Y qué puede suceder si los resultados de ambos organismos o entidades al final se presentan con contradictorios y disonantes?.
Pues sucederá lo de siempre: que no pasará nada, aunque se utilicen los llamados “chivos expiatorios”, herramientas que han comenzado a utilizarse y practicarse en relación con las actividades de soborno, vinculadas con las plantas a carbón mineral de Punta Catalina, y demás obras.
Particularmente en la primera el Consorcio Impe y el abogado que ahora escribe han demostrado que hubo maniobras y vicios que generaron irregularidades muy serias en el proceso de licitación pública internacional realizado para la selección del mejor oferente para la construcción de la planta a carbón mineral, donde se produjo sobrevaluación de más de mil millones de dólares (continuaremos).
