El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo ayer que no encontró «elementos materiales o indicios que comprometan la responsabilidad penal del ex presidente Leonel Fernández» en la denuncia que hizo en su contra el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, por supuestos actos de corrupción, por lo que consideró que el instrumento jurídico «carece de fundamento legal».
Mediante un documento que envió a los medios, Domínguez Brito señala: «La existencia de un déficit fiscal del sector público no implica, en sí mismo, la comisión de un delito por parte de los que ejercen la función pública».
La semana pasada, Moreno instrumentó una denuncia penal contra el ex mandatario y dos de sus más cercanos allegados: el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el actual senador por San Juan, Félix Bautista, a los que acusa de supuestos actos de corrupción, que a su juicio causaron el déficit fiscal de RD$187,000 millones.
«Personalmente, siento un gran respeto por el Dr. Leonel Fernández. Creo en su trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aún con aquellos que políticamente le adversan», indica, y posteriormente reitera su «compromiso con una sana administración de justicia donde el papel de las leyes no sólo sea cuidar la verdad de las opiniones, sino también, preservar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, más allá de las coyunturas partidarias y los intereses particulares».
Alianza país dice recurrirán
Guillermo Moreno reaccionó anoche ante la decisión del Procurador, acusándolo de «irresponsable, de simulador y de tergiversar» su denuncia. A través de Twitter, expuso que su denuncia penal contra el ex presidente Leonel Fernández penal no se fundamenta en el déficit fiscal de RD$187 mil millones que dejó el gobierno, sino en las obras sobrevaluadas durante su gestión. En tanto, el abogado de Alianza País, Cristóbal Rodríguez, aseguró a DL que recurrirán la decisión del Procurador por las vías que les consigne el Código Penal.
Fonper se amarra con contratos RD$500 MM
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) suscribió dos contratos por más de RD$500 millones con una firma de abogados, apoderada de dos querellas depositadas por ante la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de las empresas generadoras de electricidad, Haina (EGE-Haina) e ITABO (EGE-ITABO).
El pago de más de RD$500 millones lo recibiría la firma jurídica Edward Veras-Vargas & Co., de acuerdo con la escala progresiva acumulativa porcentual establecida en estos contratos de cuota-litis y en correspondencia con el monto por el cual el Fonper se había querellado en contra de las dos generadoras.
En el caso de EGE ITABO, la suma reclamada asciende a RD$3,500 millones y en cuanto a EGE-Haina, totaliza RD$1,413 millones.
Fonper se encuentra incluida dentro de la categoría de instituciones autónomas no financieras estatales que están sujetas a la regulación de la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas.
El saliente presidente de la entidad, José Augusto Izquierdo, firmó esos dos contratos con el abogado Edward Veras Vargas, sin someterlos a licitación y sin ponerlos en conocimiento del Consejo de Directores del Fonper.
Los contratos, asentados en el Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca de la Capital, además, establecen que en caso de la revocación de los mismos por decisión unilateral de Fonper, el abogado apoderado deberá ser indemnizado con el pago de un 10% de los valores en que supuestamente ha sido perjudicada la institución estatal en la querella contra EGE-ITABO, es decir, RD$350 millones, y un 15% del monto reclamado a EGE-Haina, o sea, RD$211 millones.
Fiscalía del dn
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, expresó que en virtud de la gravedad de los hechos establecidos en las teorías fácticas o imputación de las querellas contra las generadoras EGE- Haina y EGE-ITABO, el Ministerio Público ha decidido llevar el proceso a la fase de investigación, sin agotar la fase de conciliación entre las partes, debido a que se imputan delitos graves.
