Tania Molina (D. Libre, 11-7-16)
Apoyado en un voto mayoritario que le otorgó las riendas de la nación en cinco períodos, cuatro de ellos de manera consecutiva, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logró concentrar en sus manos los mecanismos de fiscalización del Estado, inclinando hacía sus órganos internos las denominadas fuerzas de contrapeso que deben garantizar la institucionalidad.
La última muestra de su control “omnipresente” la dio el PLD la semana pasada cuando, desde el Comité Político se decidió quienes serían las figuras a dirigir las cámaras del Congreso Nacional, bajo un esquema de reparto entre los afines al presidente de la República, Danilo Medina, y los seguidores del presidente de esa organización, Leonel Fernández.
La fórmula fue, Reinaldo Pared Pérez, en el Senado, y Yomaira Medina, en la Cámara de Diputados (CD), por un año (ambos de la línea danilista). Para los años siguientes, Rubén Maldonado, Radhamés Camacho y Demóstenes Martínez se alternarán como presidentes de la CD, y el Comité Político dio poderes al presidente Medina y a Fernández para que elijan después a quienes seguirían en el Senado.
Por el rol que le otorga la Constitución en su artículo 80 y 83, el Senado y la Cámara de Diputados son los encargados de fiscalizar a los funcionarios públicos que cometan faltas en sus funciones, además de aprobar las leyes por las que se rige el país.
Por principio constitucional, los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, son independientes en sus funciones, pero, por su composición, hay quienes ven dudas en esa independencia.
El PLD tiene 127 de los 190 diputados que componen la cámara baja, una cifra que le asegura las dos terceras partes requeridas para aprobar algunas iniciativas, con la particularidad de que quien presidirá ese órgano a partir del 16 de agosto será una hermana del mandatario. En el Senado, el PLD tiene 28 de los 32 senadores.
“Eso es una violación a la ley, porque va a impedir o generar obstrucción a cualquier investigación que se haga al ejercicio de su hermano o a sus funcionarios. Es una violación, aunque la ley no lo prohíba directamente”, considera el abogado y politólogo Germinal Muñoz Grillo.
Al director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, no le asusta esa composición como tal, pero advierte sobre la necesidad de que las instituciones cumplan el rol al que están llamadas, independientemente de quien las dirija.
Otro mecanismo de fiscalización del Estado es la Cámara de Cuentas (CC), “órgano constitucional de control externo de los recursos públicos”. Tiene autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, pero se compone por cinco miembros, elegidos de una terna que somete el Poder Ejecutivo, y que debe ser aprobada por el Congreso.
La CC audita el uso de los recursos públicos, y sus informes son sometidos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), un órgano dependiente de la Procuraduría General, cuyo incumbente, Francisco Domínguez Brito, es un alto dirigente del PLD.
El control interno de los recursos del Estado lo lleva la Contraloría General de la República, una dependencia del Poder Ejecutivo.
En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que se encarga de designar los jueces de las altas cortes, lo componen el presidente de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara, más un senador y diputado del partido que ostente la segunda mayoría; el presidente de la Suprema y un juez; y el Procurador General.
El CNM deberá reunirse este año para escoger a miembros de esas cortes, que ya agotan su período, y ya existe temor en algunos sectores de que se produzca un reparto entre las tendencias del PLD.
Para el sociólogo Cándido Mercedes, la concentración de poder es peligrosa, y que el Estado de Derecho se ha casi perdido.
Señala que existe un gran vacío, pues las instituciones, que son las llamadas a hacer el balance, independientemente de que estén concentradas en un partido político, no están cumpliendo su rol.
“Por ejemplo: el Congreso no fiscaliza nada al Poder Ejecutivo, los ejercicios fiscales anuales no son ventilados en el Congreso. De allí el miedo a la concentración de un solo partido, pues teniendo más de otros partidos, se discuten y se ventilan más las cosas”.
Castaños Guzmán considera que en el país se da un problema de desequilibrio. “El Estado tiene tres poderes… Cuando son todos uno mismo hay un problema de equilibro institucional. Entonces, el presidente tiene el reto modular todo ese poder con la oposición, y de que no se le desborde”. Dice que la institucionalidad tiene que ir más allá de las banderías políticas, y que cada una cumpla sus funciones.
