Inmediatamente se conoció el triunfo del presidente Danilo Medina en las elecciones del año 2012, el país empezó a tener noticias de que sería la decisión del nuevo mandatario la construcción de un megaproyecto de generación de energía, que le permitiera al Estado dominicano hacerle frente a la voracidad demostrada por los generadores privados en los últimos 20 años, en los cuales el Estado ha tenido que invertir miles de millones de dólares en subsidio y el consumidor pagar la energía más cara del planeta.
La primera medida del nuevo gobierno del presidente Medina fue cancelar todo el largo proceso de licitación internacional que dejó montado la anterior administración de nuestro amigo el Lic. Celso Marranzini para la construcción de nuevas plantas de generación.
Al país se le convenció desde el Palacio Nacional que era indispensable que el Estado retomara su rol de propietario de plantas de generación eléctrica, a través de la construcción de un megaproyecto de dos plantas a carbón de 360 megavatios cada una, a ser construidas en Punta Catalina, Baní.
Lamentablemente, el proceso de licitación se vio afectado desde el inicio con graves denuncias y circunstancias, como las suscitadas con la negativa de dos miembros del Consejo de Licitación, el ingeniero Ramón Flores, y del actual ministro de Economía, Isidoro Santana, a la adjudicación que se hiciera a favor de la firma Odebrecht por más de 2 mil millones de dólares, así como por cuestionamientos de una empresa del gobierno chino y su contrapartida dominicana, que alegó haber ganado la licitación ofertando el 50% de la suma que finalmente fue adjudicada.
Conocí desde aquel entonces todos los pormenores de la queja del consorcio chino y su empresa local, porque fui visitado para el apoderamiento judicial de dicho caso, lo que rehusé por ser incompatible con las funciones que ejercía mi padre en ese momento como Director de Ética e Integridad Gubernamental. Igualmente, conocí de primera mano la defensa sobre el proceso de licitación hecha por nuestro amigo Rubén Bichara.
El proyecto de las plantas de carbón fue diseñado para ser ejecutado con un financiamiento de Brasil, conjuntamente con bancos europeos, de alrededor de 600 millones de dólares cada uno, los cuales fueron aprobados formalmente en el Congreso Nacional, teniendo como principal argumento la necesidad de que el Estado tuviera disponible para el año 2017 las plantas de carbón que le permitirían abaratar sustancialmente la tarifa eléctrica que pagan los dominicanos, y aliviar las astronómicas sumas por concepto de subsidio al sector eléctrico.
La realidad triste fue que al explotar el gran escándalo en Brasil de la firma Odebrecht y la investigación (en curso) sobre el expresidente Lula con relación a un viaje pagado por la empresa a la República Dominicana, el financiamiento con el Banco de Exportación Brasileño se cayó, haciendo caer a su vez su contrapartida europea, lo que dejó en el aire el fi nanciamiento externo de las plantas de Punta Catalina, a las que ya le había cerrado las puertas de fi nanciamiento en la construcción de sus turbinas General Electric, Eximbank de los Estados Unidos.
Ante la caída del financiamiento extranjero de las plantas de Punta Catalina, el presidente Medina tomó la decisión política de proseguirlo con recursos propios y fi nanciamiento en la banca local. Como lo admitiera el mismo director de la CDE, Rubén Bichara, se tomaron los dineros provenientes de la caída estrepitosa del petróleo del año pasado para fi nanciar las plantas, lo que la población entendió que se hacía por el interés supremo de que el Estado pudiera tener un arma fundamental en el mercado de la generación eléctrica.
Ante este cuadro, el país ha sido estremecido con la noticia de que el gobierno pretende vender al sector privado el 50% de las plantas de carbón de Punta Catalina, como una manera de cuadrar el presupuesto del año 2017 con el equivalente a 1,000 millones de dólares, unos 46,000 millones de pesos. La pregunta que hoy el pueblo dominicano se hace es si toda la argumentación que durante estos cuatro años tuvo el gobierno para justifi car su inversión en las plantas de Punta Catalina y pasar a ser generador directo en el mercado, desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Ya el Estado no necesita tener el control del megaproyecto de Punta Catalina para ser un factor de equilibrio y de ajuste de razonables ganancias en el mercado eléctrico? La realidad es que, haciendo abstracción de lo ocurrido hasta ahora, con esas plantas de carbón existe una elevadísima inversión estatal que hay que preservar a toda costa. Por eso he planteado que el socio ideal para capitalizar el proyecto de las plantas de carbón por la suma requerida de 46,000 millones de pesos lo representa los Fondos de Pensiones de los trabajadores dominicanos, que hoy exceden los 400,000 millones de pesos y que se encuentran generando benefi cios a través de colocación de instrumentos fi nancieros.
El Estado dominicano puede, como hace con inversores privados a través de concesiones, garantizar a los Fondos de Pensiones de los Trabajadores un rendimiento mínimo de un 10% por año en una posible inversión en las plantas de carbón de Punta Catalina, muy superior a lo que hoy devengan en la colocación de certifi cados financieros.
En muchos países de América Latina es una práctica la incursión de los Fondos de Pensiones de los Trabajadores en proyectos energéticos.
La vida útil de las plantas de carbón oscila entre 40 y 50 años; la demanda en el mercado está super asegurada.
Los Fondos de Pensiones no tendrían ningún peligro al diversifi car sus riesgos, en un sector donde pueden negociar garantía soberana del Estado.
Y lo más importante, sus recursos servirían para aliviar la suerte de su país en uno de los temas cruciales para su desarrollo como es la generación de energía.
