Diputado trujillista nunca fue llevado
a la Suprema por invasor
Rafael Leónidas Abreu, el flamante diputado del PRD por San Cristóbal que se ha destacado por entrar al hemiciclo armado, promover el trujillismo en el país y ser blanco de múltiples denuncias de presiones y artimañas para instalar plantas envasadoras de gas, ahora tiene ante sí una grave acusación que lo llevará al banquillo de los acusados en la Suprema Corte de Justicia: invadir propiedad privada a punta de ametralladora.
El nuevo episodio de las acciones tremendistas del diputado Abreu se registró cuando un grupo de hombres armados, bajo sus órdenes, invadió bajo la amenaza de armas de guerra una propiedad privada de unos 50,000 metros de terreno de la empresa JR Brea y Asociados, ubicados en el proyecto Los Dodgers, a unos mil metros de la entrada del poblado de Guerra, en las proximidades del cementerio Parque del Prado.
Estos terrenos fueron comprados, según consta en una serie de documentos oficiales, por JR Brea y Asociados en marzo del 2009 al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero el diputado Abreu entiende que debe poseerlos y fue a tomarlos por la fuerza, por lo que los propietarios legales decidieron llevar el caso antre la Suprema Corte de Justicia, toda vez que Abreu, por su condición de legislador, tiene ‘jurisdicción privilegiada’.
La acción de fuerza del legislador fue denunciada por Fidias Gómez, ejecutivo de la empresa afectada, quien dijo que el diputado Abreu llegó hace un par de semanas al lugar con un grupo de hombres armados con ametralladoras Uzi y empezaron a cercar la propiedad privada, alegando que el legislador había comprado los terrenos al CEA, aunque hasta ahora se rehúsa a presentar algún documento que avale una transacción de esa naturaleza. Gómez, en cambio, mostró a la prensa copias de la documentación completa que acredita a la empresa JR Brea y Asociados como legítima compradora de 49,448,43 metros cuadrados pagados al CEA, por un valor de $3,955,874 pesos, el 12 de marzo del 2009. También mostró, además del contrato oficial, recibos de pago y el deslinde, la copia del plano del terreno comprado, emitido por la Dirección General de Mensuras Catastrales.
Gómez ha explicado que ante la situación han citado al diputado Abreu a concurrir a las oficinas del CEA, en San Luis, para aclarar lo que en principio entendía la empresa que se trataba de una ‘confusión’ del legislador. Pero que éste no obtemperó nunca a la cita y en cambio trató de imponer sus deseos por la fuerza de las armas, y bajo el amparo que entiende le da la investidura de congresista.
El diputado –con un prontuario de acciones de violencia para tratar de imponer sus caprichosos negocios- insiste, en términos agresivos, que compró los terrenos propiedad legal de la empresa JR Brea y Asociados y, alegando su condición de legislador, amenaza que “no transigirá con nadie”.
En la Suprema Corte, entonces, el diputado deberá demostrar cuan ‘guapo’ es y si sus caprichos están por encima de la ley.
“Ese legislador tiene fama de invadir propiedades ajenas para luego adjudicárselas, amparado en su inmunidad legislativa”, dijo Gómez, observando que el affaire actual no es el primero, ya que otros propietarios en San Luis han denunciado que han sufrido las consecuencias de su pretensión de despojarlos de sus terrenos.
En la Cámara de Diputados y otros estamentos políticos, principalmente perredeístas y de la sociedad de San Cristóbal, el diputado Abreu tiene ‘fama ganada’ de acciones conflictivas en torno a negocios, principalmente relacionados con terrenos de propiedad privada y de la instalación de estaciones de expendio de gas.
En el entorno de los terrenos que el legislador Abreu pretende apropiarse por la fuerza bruta de las metralletas, hay hombres armados que, alegando ‘cumplir órdenes’ dicen que su trabajo en el lugar es “vigilar a todo el que se mueva cerca de la propiedad”.
Estos hombres, cuatro en total, se desplazan a bordo de una yipeta color blanco.
¿Quién es este guapetón?
El periódico en internet 7dias.com retrató detalladamente hace unos días al diputado Abreu, quien ‘saltó al estrellato’ hace unos meses cuando propuso una legislación para exaltar la memoria del dictador Rafael Leónidas Trujillo –de quien ‘coincidencialmente’ tiene sus dos nombres- lo que provocó una airada reacción en el país, abandonando la descabellada idea.
Abreu ocupa una curul desde hace varios períodos en representación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), gestión matizada por escándalos de distinta índole, que van desde asuntos relativos a sus negocios en el área del gas, las bancas de lotería y su propia gestión de legislador.
En el 2010, por ejemplo, -cita 7días.com- el Ministerio de Medio Ambiente reportó el desmantelamiento de las estructuras de una envasadora de gas que Abreu pretendía instalar irregularmente en la carretera hacia Baní.
Otro escándalo tocó la Alcaldía de San Cristóbal, donde se atribuyó a los regidores haber aprobado la instalación de una envasadora de gas del diputado, al lado de un colegio y un área poblada en la autopista 6 de Noviembre.
Posteriormente, los medios reportaron la querella interpuesta por Nelson Daniel José Figuereo,
Juan Francisco García y Jefferson García en contra de Abreu, por presunta amenaza y obstrucción en el espacio donde construirían una estación de gasolina en el municipio de Nigua, San Cristóbal. El programa El Informe, de Alicia Ortega, -recuerda 7días.com- informó poco después de la posesión por el legislador de unas 28 bancas de lotería. Las autoridades, se dijo, estaban al tanto de la operación irregular de algunas de ellas.
¿A qué le teme?
El diputado Abreu, según publicara la prensa a finales de noviembre pasado, es uno de los cinco diputados que han sido detectados que entran armas al hemiciclo. Además de Abreu, según la reseña, fueron detectados con armas en el local legislativo los diputados Juan Hubieres, de Monte Plata; Francisco Santos (Nave), del PRD por Santiago; Manuel Díaz y Manuel Espinosa, ambos del Partido de la Liberación Dominicana.
Luego de la denuncia hecha por el presidente de la Comisión de Disciplina, Henry Merán, en la sesión del martes 20 de noviembre, se retomó la medida de las revisiones a los diputados a la entrada de la sala de sesiones.
El artículo 66 del reglamento de la Cámara de Diputados establece la prohibición del porte de las armas de fuego dentro del recinto del organismo. “Ningún diputado, autoridad nacional o extranjera, ni persona alguna podrá introducir armas a la sede de la Cámara, sin previa autorización de la presidencia para casos excepcionales”, dice el reglamento.
El diputado Abreu, por lo menos, no ha dicho a ‘qué le teme’ para andar armado en el recinto legislativo, dotado de estrictas medidas de seguridad para todo el personal y en especial para el entorno de los legisladores, aunque la explicación quedó expresa en su actitud ante la acción de invasión de los terrenos propiedad de la empresa JR Brea y Asociados para lo que empleó, además, con una banda de hombres armados con metralletas Uzi
Agresividad reiterativa
Los pleitos del legislador sancristobalense Rafael Leónidas Abreu vienen de lejos. Al decir del presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Blas Peralta, “cuando no gana, arrebata” usando para ello todo el poder de su calidad de diputado, cita 7días.com en su crónica sobre las actitudes agresivas del legislador.
Y relata el diario digital que Blas Peralta, jefe de Fenatrado, habla con conocimiento de causa, ya que hace apenas un año el empresario del transporte de carga se vio envuelto en un lío con el beligerante diputado perredeísta, cuando de manera irregular el legislador levantó una envasadora de gas propano en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, en las cercanías de Mercados Dominicanos (Mercadom). “El problema fue que ese señor, aprovechando su influencia como diputado sin tener ningún permiso, construyó ilegalmente primero que yo y a unos 800 metros de mi propiedad, cuando la ley señala que dos negocios del ramo solo pueden instalarse a no menos de 3,000 metros y por eso el Ministerio de Medio Ambiente fue con una brigada y le destruyó la contrucción”, dijo Peralta a 7dias.com.
Explicó que, al parecer, Abreu “se orejeó” de que él tenía planeado construir la planta en el lugar y de que se trataba de un buen negocio. “Por eso, y usando su poder, se adelantó, y en menos de lo que canta un gallo, levantó las instalaciones para poner a operar su envasadora ilegal”, añade el empresario del transporte de carga.
E informa el diario digital que “Solo sus rápidas gestiones ante el ayuntamiento de Pedro Brand, Industria y Comercio, la Defensa Civil y los Bomberos para que se pronunciaran sobre el particular y llamaran al legislador a la legalidad –añade— impidieron que Abreu continuara construyendo”.
Peralta aclara, sin embargo, que nunca tuvo problemas por tierras con el legislador, a diferencia del conflicto suscitado con la empresa JR Brea y Asociados, a quien Abreu pretende apropiarse de 50,000 metros cuadrados de unos terrenos ubicados en la parcela 89, en Guerra, para levantar la obra finalmente impedida por Medio Ambiente.
Y aunque Abreu compró un solar para pretender instalar la estación de gas, la irregularidad en sus acciones estuvo, cita Blas Peralta, en que violó la distancia estipulada por las autoridades para la instalación de bombas y plantas, y “quien actuaba dentro de la legalidad era yo, y por eso las autoridades, en base al derecho, me dieron la razón. Él y yo no tenemos problemas. Eso ya se resolvió Él construyó una planta sin tener permiso ni ningún tipo de documentación, valiéndose de su investidura de diputado, y por eso Medio Ambiente decidió destruir esa planta”.
Procurador advierte
En septiembre pasado el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, mandó a fiscales, abogado del Estado y procuradores de cortes a actuar de inmediato en los casos de violación al derecho de propiedad. Las instrucciones, contenidas en una comunicación dirigida a los mencionados estamentos del Ministerio Público, indican que se debe proceder al desalojo de propiedad o terreno ante una invasión, “evitando cualquier medida dilatoria”.
Domínguez Brito plantea en su misiva que “con ello se respeta el derecho al trabajo y al esfuerzo de quienes han laborado toda su vida para desarrollar un patrimonio en bien de su familia y del país” y defendió el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 51 de la Constitución y en la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario. “Les recordamos que el principio ante una litis sobre el derecho de propiedad es el mantener el “Status Quo” o “Estado Actual” hasta que un tribunal establezca o decida lo contrario”, dice Domínguez Brito, quien consideró que por inacción, “el Ministerio Público no puede contribuir a que los invasores puedan reclamar con posterioridad ningún tipo de derecho”. De acuerdo al funcionario, y se lo hace recordar al resto de procuradores y fiscales, en el país existen bandas organizadas que se dedican a invadir terrenos. “Sin sanción se estimula la evasión de la propiedad”, proclamó el Procurador General de la República, citó 7dias.com.
