Eduardo Sanz Lovatón (Listin, 28/8/2016)
Una sociedad democrática tiene en el Poder Judicial su pasaporte a la paz o de lo contrario tendrá su conduce a la inestabilidad política. Si en la República Dominicana no reformamos nuestras altas cortes, que a su vez orientan y dirigen el accionar del resto del Poder Judicial, no podremos desarrollar nuestro potencial económico ni tendremos una sociedad con aspiraciones de justicia. Si los actores de estos tribunales no gozan de la credibilidad o confianza, poco importarán las reformas legales, pactos políticos o fiscales que se puedan ejecutar. Sin Poder Judicial creíble podremos maquillar durante algún tiempo nuestra realidad, pero al final viviremos en un sistema donde la ley del más fuerte se impondrá. Con el agravante de que si la historia de la humanidad nos enseña algo, es que la ley del más fuerte termina siempre en tragedias colectivas.
La reforma constitucional del año 2010 reformó la estructura del poder judicial creando nuevos organismos y diluyendo un poco la centralización del Poder Judicial que hasta ese momento se concentraba en gran medida en la Suprema Corte de Justicia. Entre las novedades de la Constitución que surge del famoso pacto de las corbatas azules, podremos encontrar la creación del Tribunal Constitucional(TC) y del Tribunal Superior Electoral(TSE). Del mismo modo se modificó la composición del organismo llamado a designar y evaluar el desempeño de los jueces de todas nuestras altas cortes, el Consejo Nacional de la Magistratura(CNM). La modificación más importante al CNM es la inclusión entre sus ocho miembros del Procurador General de la República, funcionario designado y dependiente directo del Presidente de la nación. Cambiamos los mecanismos y procedimientos de nuestro Derecho Constitucional y también generó otros niveles de supervisión en nuestro Derecho Electoral.
Sin embargo, es crucial entender que al margen de todo debate intelectual sobre formas y procesos la designación de estos nuevos actores fue el fruto de una actuación política de un solo sector determinante en la vida política dominicana. Habría que vivir en Júpiter para no aceptar el hecho que las altas cortes de nuestro país fueron designadas a imagen y semejanza del grupo político que encabezaba Leonel Fernández y el comité político del PLD. Si bien entre esos jueces empoderados se pueden encontrar grandes profesionales que han hecho una labor justificante de su designación, el balance general ha sido muy negativo. Hoy nadie duda de la realidad de que tenemos una justicia inválida, una justicia que obedece más a designios políticos partidarios que a cualquier interés jurídico.
Las experiencia de la actuación del TSE en el caso del Partido Revolucionario Dominicano no da lugar a duda para entender como la mano de intereses políticos partidarios irrumpieron en la administración de la justicia electoral hasta transformar el cuadro político dominicano.
Del mismo modo la administración de la justicia penal en lo relacionado con casos de corrupción administrativa ha dejado una gran sensación de descrédito. Como prueba del fenómeno anterior solo habría que recordar las posturas de quien fuera hasta hace poco Procurador General de la República que llegó al punto de no ejercer recursos o vías a de derecho a su disposición pues él mismo no tenía credibilidad en los jueces que evaluarían sus argumentos. A ese colmo macondiano hemos llegado, el principal representante del Ministerio Público no creía en nuestros jueces.
Este es el cuadro que nos espera ahora con las recién electas autoridades y que deberán conformar un nuevo CNM para cumplir con el mandato constitucional de evaluar y designar los jueces de esas altas cortes. Tiene el Presidente Danilo Medina una gran oportunidad, pues él deberá influir en por lo menos 4 de los 8 votos del nuevo CNM.
¿Podrá el CNM abrir paso a jueces que no tengan cordón umbilical con el PLD ni con otros partidos? ¿Se descalifica un ciudadano o jurista con pertenecer a un partido político para administrar justicia? En realidad no, muy por el contrario estos deberían ser algunos de los más calificados, pues la experiencia humana que se acumula en el fragor político es muy propensa a la evaluación de la condición humana.
Además no existe ningún impedimento legal para ello. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la experiencia reciente nos enseña que la clase política dominicana de hoy no está estructurada para jugar ese papel. Lamentable. No existen los mecanismos de concertación de otras épocas y lo que tenemos es un grupo tan dominante que decide de manera unilateral. Esa unilateralidad presenta peligros para la administración de justicia y debe ser combatida. Por esa razón gran parte de la oposición política y organismos de la sociedad civil han manifestado el deseo de que las altas cortes sean suplidas de ciudadanos no vinculados con partidos políticos para sembrar un clima de transparencia que nos devuelva un poder judicial en el que todos podamos confiar.
Nuestra experiencia como abogado y como actor político nos lleva a creer que de manera formal no debería existir un impedimento para que los partidarios políticos ejerzan sus derechos ciudadanos. Dicho esto, debemos concluir que con la práctica política actual y el dominio cuasi absoluto de un único sector, lo más sensato es auxiliarnos de ciudadanos independientes en la medida de lo posible. En ausencia de un equilibrio político fraguado en un debate de altura, el camino para ser juez debe orientarse desde esferas ciudadanos y no partidarias.
Danilo Medina tiene otra oportunidad de pasar a la historia como un reformador institucional o seguir el modelo autoritario y clientelar que lo niegan como discípulo del maestro de la democracia, Juan Boch, y lo inscriben al igual que su predecesor como un clientelista más a la usanza de los caudillos de nuestra historia.
