Boris Acosta Reyes (CLAE, 15-3-21)
La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y algunos de sus colaboradores políticos y militares fueron detenidos en las últimas horas en la amazónica Trinidad, capital del departamento de Beni, por orden de la Fiscalía, en relación con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019 y las masacres de Sacaba y Senkata.
«Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía», anunció el ministro del Interior Carlos Del Castillo, y felicitó a las fuerzas del orden por su «gran trabajo en esta gran e histórica tarea de darjusticia al pueblo boliviano». También fueron apresados Álvaro Coímbra, extitular de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía.
Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales «un acto de abuso y persecución política». El Gobierno «me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió», añadió Áñez.
Los derechistas Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), ex presidentes de Bolivia, condenaron las detenciones y órdenes de aprehensión. Claro, ambos fueron actores claves para el derrocamiento del gobierno de Morales.
La orden de la fiscalía partió de una denuncia de «terrorismo y sedición» presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), quien sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles habían promovido el derrocamiento del presidente constitucional Evo Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
Jeanine Añez Presidenta de Bolivia
Áñez llegó al poder luego de un golpe de Estado y la renuncia forzada de Morales en noviembre de 2019, amparada en que la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que las elecciones habían sido fraudulentas.
Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, el masista Luis Arce, surgido de la elección popular.
La Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró que los anteriores mandos militares limpiaron la información sobre la actuación de las fuerzas del orden en contra del pueblo.El 15 de noviembre de 2019, el gobierno de facto promulgó el decreto 4078 que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal a los efectivos de las fuerzas armadas que actuaran ante las protestas.
Por su parte, el expresidente Evo Morales, pidió «que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura…»Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmenteen el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia», tuiteó Morales.
La disposición fiscal alcanza a los ex ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; de Presidencia, Yerko Núñez; de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, por.la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Los ex ministros de Interior y Defensa salieron de Bolivia en noviembre pasado, y según la Interpol-Bolivia, se encuentran en Estados Unidos.
Además, la fiscalía ordenó el jueves el arresto del ex comandante de las fuerzas armadas, general Williams Kaliman, y del ex jefe de la policía, Vladimir Yuri Calderón, por solicitar la renuncia de Morales, tras 14 años en el poder. Kaliman y el entonces comandante de la policía, Calderón, exigieron públicamente la renuncia del mandatario.
Otro investigado es el ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho, líder de protestas opositoras y virtual gobernador electo de Santa Cruz en los comicios del pasado domingo. Camacho aún no tiene orden de aprehensión y tras los incidentes mandó una carta al presidente Luis Arce para decirle que es una mentira el discurso oficialista de que hubo golpe de Estado y lo acusó de practicar persecución política.
También se solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la armada, y Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la fuerza aérea, así como del general Gonzalo Mendieta. Entre los militares acusados por la fiscalía también están el general de división aérea Jorge Elmer Fernández y el ex jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas, Flavio Arce San Martín, quien fue detenido el miércoles.
La restauración constitucional
Lo cierto es que causa judicial sólo toca los delitos cometidos para derrocar al gobierno constitucional y hacerse del poder. No tiene en consideración que estos personajes autoproclamados, con el apoyo de la OEA y EEUU, fueron responsables de toda clase de atropellos contra la legalidad y el pueblo boliviano, con el único fin de reimponer un estado oligárquico, racista, corrupto e incondicionalmente sumido a los dictados de Washington y al expolio de las trasnacionales mineras y energéticas.
Nadie puede olvidar el respaldo que gobiernos y medios de comunicación occidentales ofrecieron al supuesto “gobierno de transición” de Áñez y sus cómplices, que apelaron a la brutal represión y a las masacres contra el respaldo popular para recuperar su soberanía y defender los logros de casi tres lustros de políticas progresistas. Saña represiva que fue calificada como masacres, incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
Si alguien dudaba del apoyo popular a las políticas progresistas, se debió convencer con el contundente triunfo de Luis Arce en los comicios presidenciales de octubre pasado, donde el pueblo refrendó el apoyo mayoritario al proyecto del MAS. Arce logró salir ileso de un atentado para comenzar la reconstrucción del país tras el saqueo de los bienes nacionales por el gobierno de facto, y la inacción de éste durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus.
Para los analista críticos, el éxito de esta nuevo gobierno depende de la restauración completa del orden constitucional y el Estado de derecho, lo que implica llevar ante la justicia a todos los implicados en la asonada contra Morales, así como en la integración de un gobierno ilegal y en la represión y la persecución política mediante los cuales se sostuvo el régimen de facto.
Para que en un futuro la derecha racista no pretenda tomar por la fuerza lo que no les otorgaron las urnas.
