Mision Verdad (23-2-21)
El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas (SPD), estuvo al frente del patrocinio en Berlín a las acciones golpistas que se inauguraron a raíz del lanzamiento del plan Guaidó por parte de Washington, a comienzos de 2019.
Casi dos años después, con intentos de intervención paramilitar, agresiones financieras, acoso a funcionarios públicos y ataques terroristas suscitados por el exdiputado venezolano, ese ministerio alemán dijo que las elecciones parlamentarias de 2020 no habían sido justas ni libres, opinión que tuvo asentimiento entre los demás países de la Unión Europea (UE).
Con anterioridad, el bloque se había negado a enviar observadores electorales porque el proceso electoral era «intransparente».
Tal señalamiento hay que contrastarlo con la incorporación que se hizo en la Mesa de Diálogo Nacional del tema de los nombramientos de nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los ajustes internos a nivel técnico y de automatización que se produjeron en el sistema electoral, con auditorías en todas sus etapas. Ambas iniciativas nacieron del gobierno venezolano y fueron notificadas a Josep Borrell, el máximo representante diplomático de la UE. ¿De qué falta de «justicia, libertad y transparencia» hacían referencia Berlín y el resto de países europeos?
Gradualmente, la UE ha ido dando señales de que no considera al exdiputado Juan Guaidó y su séquito como representantes «oficiales» de Venezuela. El 25 de enero, los 27 Estados miembros emitieron un comunicado donde degradaron a Guaidó al estatus de «interlocutor privilegiado». A partir de entonces ha ido mermando la firmeza del apoyo europeo a ese sector de la oposición venezolana.
Las críticas recientes del Servicio Científico del Bundestag (parlamento alemán) al reconocimiento de Guaidó por parte del Gobierno Federal de Alemania exhiben el resquebrajamiento del consenso entre los afiliados de la UE a la estrategia estadounidense.
El grupo de expertos juristas del Bundestag presentaron un informe a la revista digital Telepolis en el que abordan dos puntos con respecto a la política exterior sobre Venezuela: el primero es una valoración jurídica-institucional del reconocimiento que hace el gobierno de Alemania a la «presidencia interina» de Juan Guaidó; el otro es una estimación sobre «una posible influencia de la UE en el proceso electoral en Venezuela».
Aquí trataremos el primer punto, por el peso que tiene la evaluación de un organismo de alto nivel legislativo acerca del teatro que por casi dos años se quiso montar internacionalmente, haciendo caso omiso de los procesos constitutivos de las instituciones venezolanas, así como de los principios del derecho internacional, al querer sustituir a un Estado por un gobierno artificial conducido desde el extranjero sin aval de los poderes públicos.
En el documento titulado «Cuestión de reconocimiento del ‘presidente interino’ Juan Guaidó tras las elecciones parlamentarias en Venezuela del 6 de diciembre de 2020», los expertos observan que la UE se ha «distanciado» de la posición de reconocimiento a Guaidó. Reseñan las palabras de Josep Borrell, donde lo etiqueta de «miembro de la Asamblea Nacional saliente» y no «presidente interino»:
«Esto causa la impresión de que con ello la UE pretende vincular su política de apoyo a las fuerzas de la oposición en menor medida a la persona de ‘Guaidó’, queriendo más bien reforzar su atención en los distintos actores de la sociedad civil y de los grupos de oposición (de la en sí dividida oposición). Sin embargo, el Parlamento Europeo sigue apoyando en su mayoría a Guaidó», continúa el texto.
Los juristas afirman que el resultado electoral del 6 de diciembre demuestra que la anterior Asamblea Nacional en desacato «ha perdido su última institución de poder y que Juan Guaidó no ha logrado imponerse hasta el momento frente al jefe de Estado autoritario Nicolás Maduro».
Más adelante menciona las explicaciones del experto en derecho internacional público, Jost Delbrück, como criterios irrefutables sobre la ausencia de soporte jurídico-internacional del falso gobierno de Guaidó, por ende, evidencia el intervencionismo del Gobierno Federal de Alemania en Venezuela al querer reconocer al exdiputado antichavista.
Delbrück hace una diferenciación entre los órganos que organizan a una nación y sus atribuciones para decir que es la Constitución nacional de un Estado, y no el derecho internacional, la que puede determinar la legitimidad de los gobiernos. En ese sentido, los Estados tienen la obligación de reconocer a las autoridades gubernamentales que según el «Estado afectado» resulte competente como parte del mismo.
De la misma manera, si un gobierno se impone «mediante la lucha frente al poder», este debe demostrar con evidencias «objetivas y racionales» que la disputa se ha inclinado a su favor, aunque no haya culminado.
«El reconocimiento no deberá ser prematuro, es decir, no deberá producirse antes de que el nuevo poder estatal se haya impuesto definitivamente (…). El reconocimiento prematuro por sí solo (…) no convierte al gobierno en legítimo. Carece por tanto de efectos jurídicos internacionales. Por otra parte, supone una violación del poder estatal legítimo, mediante la cual aquel que reconoce se expone a la responsabilidad internacional derivada de hecho ilícito, encontrándose además con considerables objeciones desde el aspecto del aseguramiento de la paz», sostiene Delbrück.
En una nota respecto al tema, el periodista alemán Harald Neuber recuerda que no es la primera vez que desde el Parlamento alemán hacen alusión a la violación del derecho internacional por la política de Alemania hacia Venezuela. En febrero de 2019, dijeron que el problema principal era «el reconocimiento (prematuro) de un político de la oposición como presidente interino que todavía no se ha impuesto de forma efectiva en la estructura de poder de un Estado».
El martes 5 de enero de 2021 se instaló en el Palacio Federal Legislativo la nueva Asamblea Nacional elegida mediante voto popular, según lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De ahí parte el Servicio Científico del Parlamento alemán para considerar que se desvaneció el «derecho al liderazgo gubernamental» de Guaidó cuando este perdió «su cargo de presidente del Parlamento».
La descripción correcta sería la pérdida de sus funciones de diputado en una Asamblea Nacional en desacato, así decidido por el Tribunal Supremo de Justicia debido al fraude electoral que cometieron parlamentarios de oposición en el estado Amazonas en 2015 y que causó el posterior nombramiento de una nueva junta directiva presidida por el diputado de oposición Luis Parra. El texto detalla el curso de esos acontecimientos, aunque lo valora como una «división» de dos Parlamentos.
Del grupo de expertos del Bundestag se producen dos apreciaciones acertadas: que Guaidó «está perdiendo (…) fuerzas de la oposición que le apoyen» y que «el poder gubernamental sigue estando en manos del presidente Maduro», aunque contrasten con la frase «apoyado por las fuerzas de seguridad» que en realidad se traduce en la composición cívico-militar constituida en el país como aupa la Carta Magna.
Sigue el texto:
«En definitiva es difícil averiguar si en la situación (de poder) actual en Venezuela se dan ya los requisitos de hecho mencionados para un reconocimiento lícito desde el punto de vista jurídicointernacional del ‘presidente interino’ Guaidó, pues ello presupondría la aclaración de cuándo queda decidido el conflicto entre el presidente y el ‘presidente interino’, aunque dicho conflicto no haya finalizado aún».
Los parlamentarios alemanes explican que el conflicto por el apoyo de Berlín a Guaidó persiste debido a la controversia entre «la legitimidad del poder estatal y la soberanía efectiva». Después del triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones parlamentarias del año pasado, ven confirmado que el presidente Nicolás Maduro fortaleció objetivamente la soberanía efectiva de su gobierno y concluyen que el reconocimiento a Guaidó queda como prematuro e ilícito.
GRUPOS PARLAMENTARIOS ALEMANES OBJETAN LA POLÍTICA EXTERIOR DE BERLÍN
Sumado a la valoración del Bundestag, están las declaraciones que han hecho grupos parlamentarios alemanes de distintos espectros políticos.
Para la fracción de Alternativa para Alemania, partido conservador de extrema derecha, la política de cambio de régimen apoyada por Berlín en Venezuela fracasó. Ese fue el comentario que emitió el portavoz de política exterior de ese grupo parlamentario, Armin-Paulus Hampel.
«El gobierno federal trató de lograr un ‘cambio de régimen’ con otros y comenzó a estrangular económicamente al país y reconoció a un político de la oposición como presidente. Numerosos estados de la UE siguieron esta política grotesca bajo el derecho internacional e incluso recibieron a los enviados de los políticos de la oposición como ‘embajadores'», dijo Hampel.
Por su parte, la diputada Heike Hänsel, del grupo parlamentario de izquierda Die Linke, tomó el informe preliminar de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela para exigir la cesación de las mismas.
«Teniendo presente el informe de investigación preliminar de la relatora especial de la ONU Alena Douhan, según el cual las sanciones impuestas también por la UE han agravado clara y gravemente la situación humanitaria y económica en Venezuela, además de afectar a toda la población, las nuevas sanciones de la UE contra Venezuela son irresponsables», dijo Hänsel a razón de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
Douhan describió el contexto de su visita al país y mencionó las acciones que la UE sumó a la depauperación de la vida social y económica de los venezolanos: el embargo de armas, la prohibición de exportaciones de insumos tecnológicos y prohibición de viajes y activos. También las acciones puntuales que Portugal y Gran Bretaña hicieron para congelar activos venezolanos.
«Ya es hora de que el Gobierno Federal de Alemania abogue por el fin de la política de sanciones contra Venezuela, como ya ha exigido repetidamente las Naciones Unidas», protestó la diputada alemana.
¿HASTA CUÁNDO ALEMANIA OCULTARÁ QUE SÍ RECONOCE AL PRESIDENTE MADURO?
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Christoph Burger, en una conferencia de prensa, evadió la pregunta de a quién reconoce ahora el gobierno alemán como presidente. «Desde el principio, nuestro objetivo ha sido garantizar que el pueblo venezolano pueda decidir por sí mismo quién gobierna en Venezuela», dijo Burger.
Tras la reiterada petición de Telepolis, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió el viernes 19 de febrero que Maniglia Ferreira, diplomático del gobierno del presidente Nicolás Maduro, era «el actual embajador de Venezuela en Alemania, acreditado desde el 17.02.2015», información que tira por la borda la escenificación montada para oxigenar la falsa representatividad gubernamental de Juan Guaidó, probablemente con la expectativa de que condujera a la erradicación de facto del chavismo en el poder.
El Gobierno Federal no quiere admitir que su política exterior de doble rasero ya fracasó. No ayuda mucho que el Servicio Científico del Bundestag esté haciendo bulla mediática con la denuncia de que han violado el derecho internacional.
«Para los responsables de la política exterior del gobierno alemán, todo esto es vergonzoso, pero quizás instructivo. Por lo menos, la Directora Regional para Latinoamérica del Ministerio de Federal de Relaciones Exteriores, Marian Schuegraf, ya no tiene que reunirse con el embajador de Venezuela, Ramón Orlando Maniglia Ferreira, en el restaurante Foreign Affairs que está al otro lado de la calle, para evitar encontrarse con él en el edificio del ministerio, algo que de todas formas no sería posible en estos momentos debido a la pandemia», comenta el periodista Neuber.
Al igual que Alemania, otros Estados de los cincuenta y tantos países que en principio apoyaron la aventura de Washington en 2019 han disimulado el quiebre, intentando hacer una transición lenta que evite exteriorizar el fracaso del objetivo de desplazar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
El bloque de la UE suscribió la agenda de la administración saliente de Donald Trump contra Venezuela hasta último momento. Desestimaron los llamados que Caracas hizo para producir un consenso y establecer reglas claras y aceptadas por todas las fuerzas políticas en el país de cara a las elecciones parlamentarias; en cambio, tomaron la decisión unilateral de desconocer los comicios y no enviar misión de observación electoral bajo la acusación de que eran «injustos y no libres», sin que estuviese sustentado en pruebas objetivas.
Ahora, mientras los dirigentes antichavistas contrarios a los intereses nacionales buscan mecanismos para seguir recibiendo respaldo (y financiamiento) del extranjero, el continente europeo choca contra los efectos internos que generó la injerencia en los asuntos internos de Venezuela en su ya cuestionada reputación.
