Relatora Especial de la ONU: “Estados Unidos y Europa deben levantar sanciones a Venezuela”

Este viernes 12 de febrero se conoció a través de una rueda de prensa emitida por la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Dohuan, las primeras impresiones sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales que afectan a la población y desenvolvimiento efectivo del Gobierno venezolano, las que fueron recogidas luego de la larga visita de 12 días y arrojará un informe final en septiembre de 2021. “Las observaciones son preliminares, el resultado de las consultas son exhaustivas, con una amplia gama de interlocutores”, expresó la relatora refiriéndose a este encuentro con los medios para dar a conocer algunos hechos que marcan el informe.

Este informe preliminar se apega a la realidad que vive actualmente el país después que Estados Unidos impusiera su bloque de sanciones, que iniciaron desde la presidencia del fallecido Hugo Chávez, con medidas contra ministros, ministras, empresarios y empresarias venezolanos y que se ampliaron en este gobierno del presidente Nicolás Maduro, afectando directa y significativamente a la población civil.

Los hechos desde otro contexto

En este marco se ha cercenado el derecho de la población y del Gobierno bolivariano a disponer de los recursos monetarios depositados en bancos extranjeros para la compra de alimentos y medicinas, militar, tecnológico, bloqueo a las transacciones bancarias por el sistema swift con el que Venezuela lograba realizar los pagos puntuales de las deudas, pago de nóminas de personal diplomático y otras responsabilidades en el exterior, esto es parte del juego para declarar ineficiente y en default a la Revolución bolivariana;  en diversos campos de desarrollo necesarios para que un país subsista, además del cerco económico, se generó un bloqueo a las operaciones marítimas, comerciales de todo tipo, violentando no solo el Derecho Internacional, sino toda forma legal que defina la soberanía territorial y la humanidad.

Esa injerencia marcó un precedente histórico cuando Estados Unidos reconoce y se alía con el autoproclamado “presidente interino”, el diputado Juan Guaidó, en esta etapa desde 2019 hasta a salida de la presidencia de Donald Trump, en que se concretaron una serie de acciones ilícitas contra el Estado venezolano, como fue el robo de Citgo, de Monómeros, la prohibición de transacciones comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aún sabiendo la dependencia real del rentismo, así como la retención del dinero depositado en bancos en Estados Unidos, recrudecimiento de las medidas unilaterales y en otros países apropiación del oro y de otras reservas. El resultado catastrófico de estos años prevalecerá como una de las peores crisis económicas inducidas por los carteles de la violencia política internacional de la derecha orquestada en grupos como el de Lima, en socios comerciales de Europa que responden al criterio impulsado desde el país hegemón.

La careta de Trump, acusar de supuesta “mala gestión, narcotráfico, corrupción y usurpación del poder” de un gobierno legítimo, acosado, cercado y que ha sido víctima de atentados personales con intenciones de desaparecerle, aparte de las víctimas fatales de las sanciones por no poderse cancelar los tratamientos médicos especializados en el exterior, la persecución xenofóbica contra los migrantes que la misma mediática internacional generó y que son parte de esa campaña estudiada de políticos y representantes de la extrema derecha, pero que ocultaban el verdadero trasfondo: la captación de mano de obra calificada para dejar el país sin profesionales y una aporofobia que ha creado, de igual forma, persecución, violencia de género, asesinatos y ahora ha forjado en algunos países cierre de fronteras y leyes específicas contra la migración venezolana, conclusión: el desplazamiento humano no es un derecho civil.

A diferencia del presentado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos en 2019, que en una corta visita de tres días presenta 558 entrevistas de las cuales 460 de ellas fueron hechas a migrantes venezolanos que hacen vida en diferentes países, por lo tanto, la consistencia y acusaciones que realizó la Comisionada en este informe fue cuestionado no solo por representantes del Gobierno venezolano, sino por sectores internacionales por ser sesgado y con intenciones netamente políticas parcializadas. En esa oportunidad, una de las voces críticas fue la de Alfred de Zayas, que dijo que era “poco serio, defectuoso y decepcionante”, amén que saltaba una serie de subterfugios macabros vívidos desde el inicio de las sanciones, como la omisión de las víctimas del bloqueo, de las mal llamadas “guarimbas” (actos terroristas de los opositores contra el pueblo) y el flagelo que constituyen las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela y el robo a los recursos.

El cerco al pueblo venezolano con fines de derrocar a Nicolás Maduro quedó en evidencia una vez más en 2020, cuando le es negado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crédito de cinco mil millones de dólares para la lucha contra el Covid-19; el pretexto seguía siendo el mismo que implantó Estados Unidos: “usurpación del poder y que el gobierno no era reconocido por parte de la comunidad internacional”, y aquí un dato relevante pues de 194 países, a lo sumo solo 60 apoyaban la aventura antidemocrática de la verdadera usurpación en el poder de Juan Guaidó, el triste elemento usado y desechado ahora por el gobierno estadounidense de Trump, que antes de su salida de la palestra presidencial dio un zarpazo certero desconociendo el liderazgo del diputado y que fue la seguidilla en cadena por los demás gobiernos serviles de esa política injerencista.

Otro de los factores de la guerra no convencional contra Venezuela fue el contrabando de extracción tanto de gasolina como de alimentos y en especial el ataque a la moneda, actos de piratería que fueron avalados y obviados hasta la nacionalización, desde el gobierno de Álvaro Uribe, pasando por el de Juan Manuel Santos y que no ha variado en nada en esta presidencia del uribista Iván Duque. Pero Colombia también ha servido de plataforma violenta para la incursión terrorista, desde allá se gestó y se ejecutó con conocimiento de sus autoridades la llamada “Operación Gedeón”.

Agenda de la Relatora Especial

Dohuan estuvo 12 días con una agenda de trabajo para evaluar el impacto ejercido por las medidas coercitivas unilaterales, en este sentido se reunió con el alto ejecutivo gubernamental para conocer el saldo negativo que han dejado las sanciones y los logros ejecutados por encima del bloqueo, que representan un esfuerzo conjunto para no privar a la población de beneficios sociales; se reunió con las organizaciones sociales, conversó con representantes de partidos políticos opositores, empresarios y empresarias, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sector médico, educativo, Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP), Asamblea Nacional, el clérigo, víctimas e incluso con el presidente Nicolás Maduro.

Parte del recorrido también consistió en la visita a los núcleos productivos del país y centros especializados como el complejo Canaimita, un proyecto de dotación de insumos tecnológicos para la educación primaria que fue una forma para insertar a los niños y niñas en el mundo de la tecnología y que ha servido de plataforma durante la pandemia para recibir clases por internet; la empresa farmacéutica Quimbiotec, visita de escuelas, reunión con el sector privado y empresas públicas de servicios básicos y centros de salud que surgieron en revolución.

Hilo textual de la conferencia

“Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde el 2015, al introducir sanciones dirigidas específicamente a personas naturales y jurídicas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas.

Se impuso un embargo de armas en el 2016, aduciendo que el Gobierno no cooperaba en los esfuerzos antiterroristas.

En el 2017, Estados Unidos denunció como ilegítima la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela e impuso sanciones al Gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a Pdvsa.

En el 2018, después de las elecciones presidenciales, endureció las sanciones (..) bloqueó las transacciones de Pdvsa.

En enero de 2019, después de reconocer al recién electo presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones adicionales a Pdvsa, Banco Central y funcionarios gubernamentales y un embargo económico total (…) y le dio a Guaidó total control sobre los activos y bienes del gobierno venezolano (…) incluyendo a Citgo.

Entre el 2018 y 2019 se dirigieron al oro, al aspecto minero y al sector alimentario, criptomoneda y bancario.

En septiembre 2020, Estados Unidos impuso sanciones a cinco miembros de la Asamblea Legislativa de oposición, por estar supuestamente actuando (…) para manipular elecciones.

También ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán, incluyendo en la lista a los capitanes de tanques petroleros, prohibiendo el uso de aeropuertos y puertos marítimos.

Tomo nota de la decisión del Gobierno, del 21 de enero 2021, de modificar sus sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción de dicho Gobierno, el día 2 de febrero, para disminuir las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones regulares de puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea (UE) impuso sanciones a Venezuela en el 2017, entre ellas: embargo de armas, prohibición de exportación de otros bienes que pudieran ser utilizados para la represión en el país, exportación de tecnología y materiales dirigidos a vigilancia e intercepción de telecomunicaciones y prohibición de viajar y congelación de activos de personas naturales, cuyas acciones consideró la UE como acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos. Esto fue impugnado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En 2019, un banco portugués congeló mil 200 millones de fondos del Gobierno de Venezuela.

También dos mil millones congelados en el Banco de Inglaterra.

En el 2017 y 2018 Canadá congeló los activos y prohibió cualquier negocio con los bienes de los funcionarios venezolanos, acusados de represión, violaciones  graves de los Derechos Humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos.

En el 2018, México congeló los activos e impuso prohibición de viajes a 13 altos funcionarios del Gobierno.

En 2018 y 19 Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela, congeló los activos e impuso prohibición de viaje a funcionarios venezolanos.

En el 2019 Colombia prohibió el ingreso aproximadamente a 200 venezolanos vinculados con el Gobierno.

Panamá puso sanciones en el 2018 a personas naturales y jurídicas, por lo que consideraban alto riesgo de dedicarse a legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles acceso a sus servicios de sistemas financieros.

2019 (…) signatarios del Tratado de Río aprobaron una resolución que prometía sanciones selectivas y congelación de activos contra venezolanos supuestamente incursos en tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y violaciones a los Derechos Humanos.

El 13 de febrero de 2020 Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del Artículo 14 del Estatuto de Roma, con respecto a las medidas unilaterales coercitivas.

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido el principal producto de exportación del país y la principal fuente de ingresos de divisas extranjeras. Desde el 2000 el Gobierno anunció la implementación de proyectos sociales en vivienda, salud, educación, alfabetización, alimentos, computación y desarrollo comunal, desarrollados sin costo alguno para el pueblo o subsidiados por el Estado (…) se reporta que el ingreso del Gobierno ha disminuido en un 99%, que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones, las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo y la complejidad de las transferencias bancarias (…) también ayudan…”.

Las conclusiones

Luego de hacer una evaluación exhaustiva que han dejado las sanciones y que han calado en la calidad de la producción, en los servicios básicos necesarios para una mejor calidad de vida, en la mano de obra calificada, en la migración, en bajas mortales desde neonato hasta adultez, por falta de medicinas en todos estos años de bloqueo, una visión amplia del panorama, las conclusiones arrojadas en este informe preliminar sobre el impacto negativo de las sanciones, que esperemos  sea valorado por la comunidad internacional para que se levanten las restricciones criminales y sobre todo se respete la decisión del pueblo bolivariano de decidir su destino y tomar las riendas soberanas del país, a tener relaciones sociales y comerciales con cualquier nación sin la presión y el bloqueo que pueda ejercer una medida coercitiva que se ha replicado y es multilateral, bajo el respeto al derecho y las leyes internacionales de no injerencia.

Estas sanciones impuestas por los países plegados al derrocamiento del Gobierno bolivariano y debacle de la moral, económica y desestabilización del pueblo, han afectado en todas las áreas de servicios, dañado la institucionalidad en el aspecto laboral con salarios de crisis, aspectos que han resquebrajado hasta el núcleo familiar.

“Veo con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales a Venezuela, afecta los derechos de ciudadanos en terceros países en particular (…) la ayuda gestionada para terceros países a través del ALBA está afectando a beneficiarios más allá de las fronteras venezolanas”, destacó Dohuan.

Para cerrar su intervención antes de comenzar la rueda de prensa la Relatora concluyó: “Reconozco que las sanciones selectivas violan los derechos a un juicio justo, garantías procesales, libertad de movimiento, los derechos a la propiedad y buena reputación. Sanciones contra representantes de grupos de oposición por participar en las elecciones, violan su derecho a tener y expresar opiniones y participar (…) Recomiendo a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de acatar los principios y normas del Derecho Internacional, lo que incluye principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de otros, resolución pacífica de los conflictos internacionales. Los insto a resolver cualquier conflicto a través de entes judiciales competentes e institucionales internacionales. Las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas y las medidas unilaterales solo pueden imponerse tomando en debida fuente el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, Ley de Refugiados y Lay Humanitaria (…) solo se pueden aplicar en el caso de contramedidas ilegales internacional. Recuerdo que se deben realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el transcurso de cualquier actividad unilateral, pues no hay buena intención alguna que justifique la violación de derechos súmales como daño colateral. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de los Estados Unidos a terminar la beligerancia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diesel (…)”.