Guillermo Moreno (D. Libre, 23-3-20)
Es común escuchar a algunos economistas decir que el modelo económico actual se agotó. Que no da más. Siempre repito que no es que se agotó, es que nunca sirvió. Evidentemente estoy consciente de que mi afirmación se refiere a que no ha servido para solucionar los problemas esenciales de la gente, garantizar sus derechos económicos y sociales fundamentales y crear una sociedad de prosperidad y bienestar compartido. No ignoro que ese modelo sí ha servido para una cada vez mayor concentración de la riqueza y para que un grupo de políticos inescrupulosos, valiéndose del poder, utilicen los recursos públicos y los negocios del Estado para acumular grandes fortunas.
La pandemia del coronavirus que nos ataca ha puesto de relieve y de forma muy cruda la vulnerabilidad de este modelo impuesto por el peledé, mostrando que no solo es injusto sino además insostenible.
Se trata de un modelo económico dependiente casi de forma absoluta de factores externos. Está anclado principalmente en el turismo, encadenando a la suerte de éste a una parte importante de la producción agropecuaria interna. Además, depende de la inversión extranjera y de las exportaciones de las zonas francas. También depende de las remesas que envían los dominicanos del exterior a sus familiares y, si bien éstas no pueden ser definidas como parte del diseño del modelo, en los hechos es uno de los subproductos derivados de sus injusticias.
El peledé ha financiado su modelo económico y los déficits anuales que genera, en una irresponsable política de endeudamiento público que al día de hoy representa un 53% del PIB y solo el pago de los intereses de la deuda consume cerca de un tercio de las recaudaciones impositivas del Estado.
El modelo adoptó la perspectiva de privatizar y convertir derechos sociales fundamentales en meras mercancías o sencillamente negarlos, haciendo que sea letra muerta todo el enunciado de la Constitución que los consagra como “fundamentales” y obliga al Estado a garantizarlos. Hoy día, por ejemplo, quien quiere acceder a atención médica de calidad tiene que pagar por ella. Y es que el Estado solo invierte apenas un 1.6% del PIB en el sistema de salud pública. Igual sucede con la educación. Quien quiera que sus hijos accedan a educación de calidad debe pagar por ella. Lamentablemente la inversión del 4% del PIB en parte ha sido derivada a escenarios de corrupción y despilfarro que mantienen al sistema educativo en muy baja calidad como hace apenas unos meses lo puso en evidencia la prueba pisa.
El modelo impuesto por el peledé desechó poner como prioridad el impulso del aparato productivo nacional: la industria, la mediana y pequeña empresa, la agropecuaria y la agroindustria. Es un modelo que no crea empleo digno y que carga con un 57% de empleo informal. Un modelo en que las exportaciones han sido decrecientes y tenemos poca competitividad para aprovechar los tratados de libre comercio. Más bien ha sido al revés. Son los otros países los que han copado parte importante de nuestro mercado interno.
Este modelo instaurado por el peledé ha contado con el apoyo de cúpulas empresariales que han sido sus directas beneficiarias. Es por eso que el peledé no ha tenido mayor problema de gobernabilidad para imponer el lado oscuro de su régimen: ausencia de institucionalidad, secuestro de la Justicia y del ministerio público, reproducción en el poder mediante fraudes electorales y clientelismo, instauración de la corrupción como política de Estado, impunidad generalizada, protección desde esferas oficiales al narcotráfico y el crimen organizado.
La pandemia del coronavirus nos encuentra como país sumergido en la crisis estructural del modelo y régimen impuesto por el peledé. Nos llega con una economía dependiente de factores externos en proceso de colapso (turismo, remesas, inversión extranjera, exportaciones de zonas francas). Nos alcanza el coronavirus con un país hipotecado por una deuda pública impagable. Llama a nuestras puertas esta crisis humanitaria mundial en momentos en que el aparato productivo, especialmente la agrope- cuaria, año por año ha venido siendo desmantelada. El coronavirus se presenta en un país en cuyos gobernantes no tienen credibilidad, ni generan confianza y que carecen de autoridad moral y política frente a la ciudadanía. Ante un Estado sin instituciones sólidas, manejadas muchas por negociantes de la política, sin órganos arbitrales independientes e imparciales. Ante un sistema de salud que arrastra una crisis de décadas, sin equipos suficientes, ni materiales y con un personal muy mal remunerado. La pandemia está aquí, ante una población depauperada y excluida, sin la formación necesaria para la prevención, que no puede quedarse en la “casa” que no tiene, que en su gran mayoría vive el día a día, en la incertidumbre de una existencia sin seguridad del mañana.
El coronavirus le está poniendo el dedo en la llaga al modelo económico y social y al régimen político impuesto por el peledé. Cada vez más gente se da cuenta que no es suficiente con producir un simple cambio de gobierno. Que ha llegado la hora, además, de un Nuevo Orden Democrático en la República Dominicana.
