Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Este artículo fue publicado en Debateplural, en fecha 22/7/2017, por Angel Moreta.
El gobierno de Danilo Medina siempre tuvo interés marcado en entregar la obra de Punta Catalina al emporio Constructora Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella. Ese interés específico viene desde el año 2012, cuando se organizó una licitación pública internacional y fue seleccionado dicho consorcio como ganador.
Entonces hubo viajes desde Brasil a República Dominicana y desde República Dominicana a Brasil, siendo más de cuatro, entre ellos el de Marcelo Odebrecht, quien se reunió con el presidente.
Danilo Medina realizó dos viajes en 2012 en momentos en que se realizaba la convocatoria a dicha licitación. Sostuvo varias reuniones con alta dirigencia del gobierno brasileño y vino con la fórmula mágica, que fue el proyecto de construcción de una termoeléctrica de dos unidades que producirían cada una 337 MW.
Termoelectrica Punta Catalina
Dictó varios decretos declarando la necesidad del cambio de matriz y situación de emergencia para la construcción del proyecto, otorgándole al vicepresidente ejecutivo de CDEEE todos los poderes para llevar adelante la referida obra, incluyendo poderes absolutos a dicho funcionario para organizar el comité de licitación y el proceso mismo de su realización.
Después de las confesiones de la empresa delincuente, y posiblemente mucho antes de iniciar la licitación, se inició una millonaria publicidad, siendo que el tiempo dio la razón al consorcio IMPE que reclamaba sobre el carácter espúreo y vicioso que la vicepresidencia ejecutiva de CDEEE y la empresa norteamericana Stanley Consultants le dieron a la licitación; demandas que comenzaron después de septiembre de 2013. Pero ya antes hubo cartas enviadas por la empresa IMPE, consorciada entonces con Gezhouba Group Company, al Poder Ejecutivo y al Senado de la República, reclamando una administración honesta del proceso.
Después de la demanda en reestructuración de la licitación, introducida por ante el Tribunal Superior Administrativo, el consorcio IMPE comenzó a denunciar a principios de 2014, las tremebundas irregularidades, las tramoyas y vicios que produjeron que CDEEE y Stanley Consultants le ofrendaran la “ganancia” de la licitación internacional al emporio Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella.
Como respuesta del gobierno de Danilo Medina sobrevino una campaña publicitaria mediática extraordinaria, que se mantiene hasta el día de hoy, inclusive en medios de comunicación internacionales. Se comenzó a construir un brillo esplendoroso a favor de la termoeléctrica, porque de verdad el vicepresidente ejecutivo de CDEEE y el presidente de la República se sorprendieron de la magnitud que fue tomando la reclamación que hacía jurisdiccionalmente el consorcio IMPE contra la licitación y la tolerancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que aportó complicidad y silencio, mostrando que recibía órdenes superiores.
Se produjo algo de grandes dimensiones que repercutió en América Latina, y se inició en Brasil con las investigaciones criminales que realizaba la Policía Federal sobre la situación transcurrida en la empresa petrolera estatal de Brasil denominada Petróleos Brasileños (Petrobras), que luego se convirtió en el expediente calificado como “Lava-Jato”; investigaciones que trajeron como desenlace sorprendente y extraordinario el descubrimiento de un tremendo caso de corrupción que repercutió en el Continente Latinoamericano y en los Estados Unidos.
Debido a que la justicia brasileña en su aspecto de Policía Federal goza de independencia, se inició el caso que culminó con las confesiones de Odebrecht y desató una caja de pandora que condujo a que en República Dominicana se iniciaran “investigaciones” por parte del Ministerio Público, con el fin de un pacto entre la troika del gobierno dominicano, es decir, los grupos corporativos del poder político; y el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella, siendo que formaba parte de este último Monseñor Agripino Núñez Collado.
Claramente, el pueblo dominicano observó el compromiso entre ambos sectores y la búsqueda desesperada de protección estatal del Poder Ejecutivo y estratos del Poder Legislativo para un pacto de impunidad, que llevara a su homologación judicial y el dicho consorcio pudiera continuar de esta manera trabajando la planta de Punta Catalina a cambio de unas migajas que hasta hoy no se sabe si fueron realmente entregadas al Tesoro Nacional.
Vino entonces la genial idea, con gran cobertura comunicacional, de formar por decreto 6-17 una comisión parajudicial presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado supuestamente para “investigar” uno de los casos de corrupción más grandes de República Dominicana, cosa que siempre repitió y reiteró desde febrero 2013 el consorcio IMPE.
La verdad encontró sus grandes enemigos: a) la comisión parajudicial formada con personajes que nunca pronunciarían justicia y equidad; b) Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del directorio comercial de Aceros Estrella, cuyo accionar manipulatorio y cuyo papel de buen componedor a favor de los intereses oligárquicos de nuevo cuño, es ampliamente conocido, pero no aceptado.
Entonces, para evadir las opiniones en contrario, renunció de su posición en el directorio comercial de Aceros Estrella, en el cual tenía muchos años en su calidad de accionista, con el fin de aparentar mayor credibilidad sin renunciar entonces a sus intereses económicos, políticos e ideológicos.
Todo el mundo sabía el resultado que emanaría de ese grupo parajudicial, integrado por el presidente Medina mediante el decreto 6-17, con el fin de entorpecer obstinadamente los trabajos del Ministerio Público, en los cuales nadie confiaba, siendo que estaba fuera de sus funciones como presidente nombrar comisiones investigadoras de licitaciones públicas internacionales, máximamente cuando se había denunciado una sobrevaluación de más de mil millones de dólares, en momentos en que las denuncias adquirían volumen a nivel internacional, como fue la comunicación enviada por el consorcio IMPE a la presidencia de Brasil y al Procurador General de la República Federativa de Brasil.
El pacto de impunidad sometido a judicialización, es decir, a homologación, el más grande en la historia del país, fue planificado por la troika del Poder Ejecutivo con el fin de salvarse ambos frente al pueblo dominicano, que observaba cuidadosamente los acontecimientos, y del cual forman parte el presidente y vicepresidente de CDEEE; y salvar de este modo a la empresa delincuente, representada por el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella.
La publicidad mediática multimillonaria, que dura ya cuatro años, va dirigida a darle brillo a la termoeléctrica, para justificar y borrar las acciones criminales de dicho emporio; de esa publicidad se benefician las empresas oligopolicas de la comunicación social, tv y medios escritos y radiales del país, que hicieron y hacen su papel en cuanto a las denuncias que salían al aire, pero solamente después de las “confesiones” de Odebrecht presentadas en el Distrito Este de la Corte de Manhattan.
La Cámara de Cuentas se ha hecho la desentendida; no ha sido capaz de iniciar auditorias sobre los gastos publicitarios especiales que ha realizado y viene realizando el Poder Ejecutivo en relación a una EPC que está destinada a ser privatizada y vendida a la familia Vicini, dueña hoy de República Dominicana y favorecida privilegiadamente por los sucesivos gobiernos del PLD que no han tenido ni tienen vergüenza ni dolor para robar y saquear la riqueza nacional, mediante mecanismos generalmente espúreos.
Si consideramos los gastos en publicidad realizados con la intención de darle esplendor que justificativo a la obra de Punta Catalina, al igual que lo hizo Monseñor Agripino Núñez Collado cuando la comisión del decreto 6-17 visitó la planta a carbón mineral, tendremos como resultado cantidades increíbles de capital, que en su totalidad podrían llegar a más de cinco mil millones de dólares, lo que comprometerá la credibilidad de la verdad a la Cámara de Cuentas, que se ha hecho de la vista gorda posiblemente por causa de órdenes superiores.
Esos gastos pueden ser señalados aproximadamente de la siguiente manera:
- a) Stanley Consultants (casi 300 millones de dólares);
- b) los intereses a pagar por los préstamos internacionales;
- c) el costo de las exoneraciones otorgadas por el gobierno dominicano;
- d) el costo de los combustibles exonerados; y de todos los insumos de importación
- e) el costo de los imprevistos;
- f) los gastos de la comisión que dirige Monseñor Agripino Núñez Collado;
- g) los gastos en publicidad nacional e internacional;
- h) las “asesorías” con fines de evaluación, realizadas por la empresa extranjera FIT, a los entrevistados por la comisión, uno de cuyos ejecutivos es al parecer pariente de Monseñor, de apellido Núñez.
La empresa extranjera FIT, que fue contratada sin licitación y que su papel fue escribir unas cuantas páginas “evaluatorias” sobre las declaraciones de los entrevistados, las cuales fueron manejadas a su discreción.
- i) dentro de estos últimos gastos hay que incluir el pago de aquellos individuos plumíferos que escribieron el famoso “informe”, que no es otra cosa que un amasijo de datos especulativos, informe orientado a justificar los hechos de corrupción a que nos hemos venido refiriendo desde 2013. Informe con pretensiones científicas realizados sin objetividad, sin técnicas de investigación ni metodología empírica.
Indudablemente, el informe va dirigido a justificar la teoría de que no hubo corrupción ni sobrevaluación ni soborno; y en cuanto a los plumíferos escritores anónimos, no cabe la menor duda de que escribieron con odio, complicidad y falta de objetividad, revestidos de “neutralidad científica”.
- j) y finalmente el costo real de la obra.
Sumando todos estos factores estamos en presencia de gastos mayores a los cinco mil millones de dólares, producto de un esquema de corrupción sistemática que se propagó en América Latina y que engendró un oscuro cuadro de aparentes “éxitos empresariales” fraudulentos, y detrás de cuya historia se esconden las troikas hambrientas y parasitarias que pululan en el Palacio Nacional.
