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El camino a la recuperación de la democracia en Bolivia es un campo minado

Escrito por Debate Plural

Orietta E. Hernández Bermúdez (Cubadebate, 29-10-20)

 

El 18 de octubre de 2020, el pueblo boliviano dio una lección de democracia al mundo entero, cuando en las urnas el 55,1% decidió el retorno del Movimiento al Socialismo al gobierno. Esta contundente victoria, además de poner fin a los largos 11 meses del gobierno de facto de Jeanine Añez y corroborar que no hubo fraude en las elecciones del 2019, arrojó luz y esperanza sobre los pueblos de América.

No ha sido fácil el camino. El bloque popular bajo la dirección del Movimiento al Socialismo ha tenido que sortear todos los obstáculos que ha puesto el gobierno golpista. La persecución política a la que fueron sometidos los dirigentes políticos, las amenazas y abuso de poder contra los militantes, las disímiles maniobras para anular la personería jurídica del MAS, las acusaciones de terrorismo y sedición a Evo Morales, su proscripción política y la postergación en tres ocasiones de las elecciones son algunos ejemplos. Fue necesario que el pueblo se levantara y bloqueara 170 puntos del país para exigir sus derechos. Por esas razones, esos resultados electorales son una conquista del bloque popular.

Sin embargo, el peligro no desapareció con la decisión de la mayoría en las urnas. En las primeras horas, luego de conocerse la noticia, los contendientes aceptaron la arrolladora victoria del MAS, exceptuando a Luis Fernando Camacho, candidato por la alianza Creemos y ex líder cívico que fue parte del golpe de estado en el 2019, quien prefirió esperar hasta que finalizara el conteo oficial de votos. En los escuetos pronunciamientos de cada uno de ellos, hay pistas de desafíos futuros que le tocará enfrentar al binomio ganador: Luis Arce-David Choquehuanca. El candidato Carlos Mesa, quien quedó segundo en las elecciones, felicitó a los ganadores pero advirtió que aceptaba el mandato que el pueblo le había dado: “Nos toca ser la cabeza de la oposición. Honraremos a Bolivia”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Por su parte Camacho, con un tono mesiánico, crucifijo en mano, enfatizó que cumplirá con el rol de oposición que le dio el pueblo en las urnas. Agregó que no permitirá que se persiga y procese a los que se levantaron “contra la tiranía” del gobierno de Evo Morales. Era previsible que ambos candidatos comenzaran ahora a disputarse el liderazgo en la oposición e, incluso, traten de evadir toda culpa y responsabilidad como protagonistas del golpe de estado del 2019. Sin embargo, estas declaraciones dan cuenta de luchas intestinas venideras. Se avizora un complejo período de conflictos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS no logró los dos tercios acostumbrados, aunque conserva la mayoría simple.

La tensión ha estado presente durante el proceso electoral y parece que va a extenderse hasta que se produzca la trasmisión del mandato, el 8 de noviembre, y quizás un poco más. La excesiva militarización del país en el período de los comicios, las amenazas del ministro Murillo y la autoproclamada Añez, enrarecieron el ambiente y, aunque no ocurrieron hechos notables de violencia, mantuvieron en vilo a los ciudadanos. El retraso de los resultados a boca de urna, avalado por los inaceptables pretextos de las encuestadoras, fue sin dudas parte de una estrategia distractora para provocar cualquier levantamiento popular y anular los resultados. Afortunadamente, la alocución de Evo Morales desde Argentina felicitando a los ganadores y luego la exigencia de Sebastián Michel, vocero de la campaña del MAS, ejercieron presión sobre el gobierno y tuvieron que romper con el silencio y al filo de la medianoche anunciar a los ganadores en primera vuelta, de acuerdo con los resultados a boca de urna.

No obstante, el riesgo de un golpe de estado o de una convulsión social aún está latente. La susceptibilidad de los “Pititas”[1] y su incapacidad de aceptar la derrota y la complicidad silenciosa del gobierno de facto, convierte en un campo minado el camino de la recuperación de la democracia en Bolivia. Peligrosas acciones de diferentes sectores de la oposición dan cuenta de ello.

La lista la encabeza Jeanine Añez, quien tras destituir por mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas,[2] desafió al Parlamento y los restituyó al día siguiente. De esa manera dejaba en evidencia “su civilizado y rápido pronunciamiento de aceptación del resultado de las elecciones”. Aun con el poder de decidir y con tan oscura trayectoria hay sobradas razones para sospechar de sus futuras acciones.

El grueso de las protestas de la derecha, luego de las elecciones, se concentró fundamentalmente en Cochabamba y Santa Cruz. En este último departamento la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), reconocida organización con tendencia fascista, organizó un paro por 48 horas, que no fue secundado masivamente por la población. Este fracasado intento de cuestionar el resultado del Tribunal Supremo Electoral trajo controversia entre la UJC y el Comité Cívico de Santa Cruz, a quienes reclamaron por falta de apoyo y les acusaron de haberlos utilizado durante el golpe del 2019.

El pasado 26 de octubre, un grupo de alrededor de 700 mujeres arrodilladas frente a la Octava División del Ejército en Santa Cruz, rogaron a Dios y a los militares intervenir y establecer una junta militar. Esta lamentable escena fue duramente criticada por ciudadanos e instituciones: “Son un grupo de fundamentalistas religiosos que tienen intereses que no son del conjunto de la población porque esos fanatismos religiosos ocurren en todas partes , algunos de los fundamentalistas religiosos son intolerantes con lo que serían los derechos humanos de las personas y suponen que sus actitudes y decisiones son más importantes, negando que existen otras culturas y otras formas de ver y pensar, esas actitudes intolerantes, en muchos casos, han dado lugar a posturas fascistas”.[3]

Este “pedido religioso y pacífico” no es más que un llamado a la violencia, a un golpe de estado que anule la constitucionalidad, que condene la democracia y junto a ella vulnere constantemente los más elementales derechos humanos de la población. Por inverosímil que parezca, en Bolivia, en pleno siglo XXI, han ocurrido dos eventos completamente opuestos. Por un lado, un grupo de mujeres –la mayor parte de clase media– arrodilladas clamando por violencia para imponer la voluntad de su clase; mientras en La Paz, Patricia Arce, la ex alcaldesa de Vinto que fue ultrajada y humillada por grupos extremistas de la derecha en 2019, recibía sus credenciales como senadora para representar al pueblo humilde y trabajador.

De acuerdo con el sociólogo José Antonio Martínez Montaño: “Las personas que han asumido esa actitud, básicamente desconocen la historia, parece que no han vivido las dictaduras en Bolivia, porque en la dictadura de Barrientos, la de Banzer, de Natusch Bush, de García Mesa, los ciudadanos bolivianos perdieron los más elementales derechos como personas, entonces pedir que las Fuerzas Armadas se hagan cargo es una insensatez”.

Sin embargo, este hecho nos lleva a otras lecturas más allá de una memoria histórica corta, se trata de una lucha de clases, que en forma de conflicto y crímenes por odio y racismo, desafortunadamente promete mantenerse en el escenario boliviano indefinidamente.

Sin embargo, el gobierno de Jeanine Añez, aun en funciones, se mantiene en un silencio cómplice. Sería bueno preguntar a la presidenta donde está la mano dura para tratar a “los violentos que no quieren la democracia”, tal y como anunció días antes de las elecciones. Es sencilla la respuesta: en su imaginario racista, “los masistas, indios, bestias salvajes” son los violentos que, cuando bloquean las ciudades para reclamar por sus derechos ciudadanos, están cometiendo actos terroristas o de sedición, mientras que los cívicos de Santa Cruz que paralizaron esa ciudad por 21 días impidiendo a la población buscar sus alimentos y acudir a sus trabajos, eso no es terrorismo, “eso es una forma democrática y civilizada de hacer valer sus derechos ciudadanos”. Así es como la derecha golpista interpreta estos hechos.

Los acontecimientos de las últimas horas son señales preocupantes. En cinco de los nueve departamentos han tenido lugar protestas de los opositores al MAS, ante la actualización de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta medida, dirigida a dinamizar la aprobación de leyes en función de contrarrestar la crisis sanitaria y económica que vive el país, ha sido interpretada como el irrespeto del MAS a la democracia. Las movilizaciones han llegado acompañadas de amenazas de paro y de no reconocimiento de los resultados de las elecciones.

La derecha muestra su lado hipócrita, ahora sus acciones son muy apegadas a la democracia. La bancada de Comunidad Ciudadana y el propio Carlos Mesa amenazaron con no asistir a la toma de posesión de Luis Arce si la Asamblea no rectifica esos cambios. Precisamente Mesa, el mismo que convocó a la convulsión social, a la sedición en 2019 y que se mantuvo callado ante el ilegal ascenso de militares por decreto de Jeanine Añez, ahora le exige al presidente electo que presione a la Asamblea. En una posición autoritaria y antidemocrática le pide que anule estas decisiones pasando por encima del equilibrio de poderes, sobreponiendo la autoridad del poder ejecutivo sobre el legislativo, cuando en todo caso toca a la autoproclamada Añez, todavía en funciones, sugerir y no efectuar cualquiera de estos cambios.

La oposición sabe que se necesita solo una chispa para provocar la desestabilización y está utilizando todos sus recursos y estrategias. Cualquier acontecimiento puede ser el detonante. Las provocaciones no cesan. Desafortunadamente, hoy falleció el dirigente minero Orlando Gutiérrez, quien se encontraba hospitalizado, tras sufrir un atentado. La vida del joven que dio el ultimátum a Añez en agosto: “O te vas con una elección democrática o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado” ha sido truncada tempranamente. ¿Este lamentable hecho es una provocación o una amenaza? o quizás ambas cosas?

Los siguientes días hasta el 8 de noviembre, cuando se oficialice la trasmisión de mando, transcurrirán marcados por la tensión y la incertidumbre que significan caminar sobre un campo minado. El Movimiento al Socialismo se enfrenta al reto de responder con paciencia y sabiduría a los ataques de la derecha que intenta desesperadamente impedir la recuperación de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se ha ganado una batalla en las urnas pero la lucha sigue.

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