Fernando Moreno Bernal (Kaosenlared, 15-9-20)
Han transcurrido seis meses desde que se decretó el confinamiento en España por la pandemia del SARS-COV-2 (covid19). Y más de ocho meses, desde que se notificó su aparición en Wuhan (China), en los que nos bombardean los medios de comunicación con cifras de contagios y fallecidos.
A fecha de 11 de septiembre 2020 en el mundo hay 28.764.183 diagnosticados y han fallecido 920.283 personas [1]. No podemos comparar con la gripe estacional que sufrimos cada año, ya que no se lleva un recuento tan meticuloso ni se consideran l@s asintomátic@s. El virus existe y está ahí. Hay que ser consciente y responsable en nuestro comportamiento ante él. Pero no tenerle miedo ni dejar que este nos paralice.
En esto seis meses ha aumentado nuestro conocimiento de lo ocurrido. El Instituto de Salud Carlos III [2] ha analizado las cinco causas que explican la mayor o menor incidencia por ciudades española, y el periodista Manuel Rico, desde Infolibre, viene publicando diversos artículos sobre fallecimientos en Residencias de mayores privadas, públicas de gestión privada y públicas de gestión pública por Comunidades autónomas y ciudades.
Y RTVE con datos a 12 de septiembre publica el informe “Radiografía del coronavirus en residencias de ancianos en España[3] Hay opiniones críticas ante las medidas adoptadas. Marea Blanca ha iniciado la recopilación de información para hacer un estudio por comunidades autónomas que se piensa publicar a mediados de septiembre. Considero necesarias las siguientes reflexiones desde la perspectiva de los valores de la Economía del Bien Común considerados en el Balance 5.0 [4] en el momento en que parece comenzar la segunda ola de la pandemia en España.
Es necesario no perder la perspectiva global donde se inserta el monotema del coronavirus. En estos meses la crisis medioambiental, económica, social y político/militar mundial ha seguido profundizándose. Las tensiones geopolíticas provocadas por la pérdida de liderazgo y confianza en la hegemonía mundial de EE. UU. se acrecientan. Las anteojeras del COVID19 han intentado ocultar sin conseguirlo las detenciones arbitrarias y asesinatos de líderes sociales y medioambientales en Chile, Colombia, Brasil, Honduras, etc., las revueltas raciales y sociales en numerosas ciudades norteamericanas, los bombardeos de Gaza y explosiones en Irán, Ajam (Emiratos árabes) Najaf (Irak) y Beirut prácticamente simultaneas.
El continuo vertido de miles de litros diario de agua radioactiva en Fukuyama. Los incendios de la Amazonía y el genocidio de los pueblos indígenas. El calentamiento y desaparición del permafrost en Siberia, con la liberación de cantidades ingentes de metano, más peligroso para la supervivencia de la humanidad que el virus. La crisis económica y social se dispara y un mar de deudas públicas y privadas amenaza con ahogarnos. La crisis civilizatoria, de valores dominantes, profundiza la desesperanza y la pérdida de confianza en un sistema productivo que no permite la supervivencia mínimamente digna de la nueva generación, de nuestra juventud.
DIGNIDAD
El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la salud de la ciudadanía (dignidad) obligando a las Administraciones públicas a organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. En España es la atención primaria la encargada de esta tarea. El derecho a la salud se consigue promoviendo el bienestar general, por lo que en el apartado tres del artículo se habla de fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
La medicina preventiva se contrapone a la medicina curativa. La primera procura que no existan enfermos, mientras que la segunda trata de curar a los que ya están enfermos. El artículo 43 sólo menciona la medicina preventiva como derecho humano. Y el éxito de la medicina preventiva, el ejercicio del derecho a la salud, choca abiertamente con los intereses privados en la salud como negocio. Mientras que la primera es pública y su éxito se consigue con la ausencia de enfermedad, la segunda si es privada con el objetivo de maximizar beneficios los alcanzará con el mayor número posible de enfermos tratados en la atención hospitalaria. Mientras más enfermos a curar más facturación y beneficios para las empresas privadas que se dedican a la salud como negocio.
Podemos decir sin exagerar que aquellas Comunidades Autónomas que llevan décadas reduciendo recursos a la Atención Primaria han estado menoscabando el mandato constitucional, atacando a la Constitución Española.
Esta tensión permanente entre intereses lucrativos de empresas privadas y el bienestar general de la población, el Bien Común de la sociedad, tan sólo puede eliminarse con una sanidad pública total. Para maximizar el beneficio privado en la salud tiene que reducirse al máximo la medicina preventiva, los dispositivos de Atención Primaria. Mientras más enfermos más beneficio. Mientras más enfermos más productos farmacéuticos se venderán.
Si observamos los países donde peores datos existen del COVID19 vemos que son Estados donde la sanidad pública no existe o es muy débil: EE UU, India, Brasil, Perú, Colombia, etc. Si observamos las Comunidades Autónomas con más problemas son aquellas que llevan décadas reduciendo la Atención Primaria y privatizando la sanidad en todos los campos: Madrid, Cataluña, Castilla-León y Castilla La Mancha.
Poniendo nuestra atención sobre el número de fallecidos vemos como dos de cada tres (67,33%) han sido residentes en centros de mayores, la inmensa mayoría privados o de gestión privada. La tasa de letalidad de mayores de setenta años no residentes (92% del total) es la misma que en el resto de la sociedad. El factor de riesgo no es la edad, es estar ingresado o no en un Centro de Mayores cuya finalidad última es el lucro, maximizar sus beneficios. Y no en todas las residencias ha tenido la misma incidencia el COVID19. Hay cadenas privadas de Residencias de Mayores propiedad de fondos de inversión con sedes en paraísos fiscales que han tenido alta incidencia en todos los países donde poseen Centros asistenciales: Italia, España, Francia, Bélgica, Gran Bretaña… Todos hemos visto el trato inhumano y vejatorio recibido en determinadas Residencias y la negativa a tratamiento médico y traslado a centros hospitalarios de estas personas mayores enfermas que han provocado sus muertes anticipadamente. Hay más de doscientos expedientes judiciales en marcha.
Si tenemos en cuenta que el 85% de los hospitalizados españoles han sido tratados con la polémica hidroxicloroquina[9] podemos entender el gran número de muertes en España comparado con otros países. Porque la pregunta pertinente es ¿Si la hidroxicloroquina provoca taquicardia e infartos, el enfermo de COVID19 con antecedentes previos de enfermedad cardiopulmonar ha muerto por COVID19 o por el tratamiento recibido una vez ingresado en el hospital? Y hay que preguntar ¿Quién tiene la propiedad intelectual de la cloroquina y cuanto se ha facturado por los tratamientos?
SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
Analizando las mejores prácticas en el mundo frente al COVID19 podemos aprender grandes lecciones de solidaridad. El país con mejor desempeño frente al coronavirus del mundo es Vietnam[10] que tiene más de 1.400 km de frontera directa y grandes relaciones económicas y sociales con China y una población estimada de 90 millones de personas. A 13 de septiembre tiene tan sólo 1.063 casos confirmados y 35 fallecidos. Y tenemos el curioso caso del Estado de Kerala[11] en India, segundo país con mayor incidencia del mundo. En Kerala[12], sin embargo, el robusto sistema de salud pública y una cultura profundamente democrática que reside en los Consejos Comunales marca la diferencia con el resto de India. A fecha de 13 de septiembre tiene un 78,77% menos de fallecidos que la media de India por cada 100.000 habitantes. Con una población de 35 millones tiene 440 fallecidos mientras que el total de India con 1.352 millones de habitantes se acerca a 80.000.
En España también hemos aprendido lecciones de solidaridad con el covid19. Las Asociaciones vecinales han puesto en marcha más de 500 comedores sociales para atender las demandas de personas sin recursos ante la inactividad de determinadas Administraciones Públicas. Han sido las personas las que han respondido con solidaridad ante una crisis humanitaria sin precedentes y que está lejos de haberse superado.
En las Comunidades de vecinos grupos organizados se han hecho cargo de las personas mayores que viven solas, manifestando alguna que jamás se habían sentido tan acompañada como en el confinamiento.
En ciudades se han organizado por centenares a través de organizaciones sociales y ONGs para la asistencia a personas mayores y con problemas de subsistencia.
Y la falta de justicia social se visualiza como un gran problema para enfrentar esta pandemia. Los primeros casos del verano han estado provocados por las infraviviendas y condiciones indignas de vida de trabajadores del campo, la mayoría inmigrantes, y trabajadores de mataderos industriales con condiciones de trabajo insalubres. Y en Madrid con infraviviendas como las existentes en el barrio de Usera. Pero lo más indigno ha sido la negativa a traslados al hospital desde las Residencias de Mayores de personas enfermas en función de tener o no contratado un seguro privado.
No es verdad que covid19 no entienda de clases sociales. Lo vemos en Brasil, EE UU, India y en España. La desigualdad social y la carencia de recursos mínimos vitales es una de las causas que impiden una eficaz lucha contra el mismo. Y lo que vemos es que se aprovecha la excusa del covid19 para imponer determinadas políticas represivas como en Chile, Bolivia, Colombia, Brasil y EE UU. O para dar ya 1,3 billones de euros[13] desde el BCE a grandes Corporaciones y entidades financieras al -1% mientras nos prometen 750.000 millones de euros en los tres próximos años a los Estados Nacionales con la incertidumbre de la condicionalidad. Los muy muy ricos se hacen aún más ricos[14]; y las entidades financieras se hacen aún mayores utilizando nuestro propio dinero a través del BCE para fusiones y compras.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
El coronavirus COVID19 tiene su origen en la presión medioambiental ejercida por la actividad humana industrial y urbana conocida como zoonosis. Y no es el primero ni será el último[15]. No podemos realizar una verdadera lucha contra el covid19 sin ir a sus causas profundas y atajar la posibilidad de nuevos coronavirus. En Andalucía ya tenemos el virus del Nilo, más peligroso y letal en caso de contagio. No podemos paralizar la actividad económica y social cada vez que aparezca un virus, como nuestro cuerpo no deja de respirar cuando nos infectamos.
La estrategia para enfrentar al covid19 se ha puesto en manos exclusivas de virólogos que la han enfocado exclusivamente desde la perspectiva de la industria farmacéutica, sin cuestionar su estructura empresarial de transnacionales y oligopolios que tienen mercados esclavizados como vemos con los tratamientos y las posibles vacunas; ni las contradicciones entre su interés en la maximización de beneficios privados y Bien Común. Pero la sociedad humana es el sistema complejo más sofisticado que existe. Las respuestas unilaterales y simples suelen crear más problemas que los que solucionan. ¿La vacuna es la solución o es el negocio?[16]
El 13 de septiembre se cumplió 50 años de la publicación del artículo de Milton Friedman que descarriló el capitalismo[17] en palabras de Antón Costas. Según Friedman la única responsabilidad social del empresario es maximizar el beneficio del accionista (añadiría mayoritario, porque del minoritario no se ocupa nadie) Esto no puede ser así. Y constitucionalmente está recogido en el art. 128 que el interés general está por encima. Hay que defender el Bien Común social, el interés general. Es necesario articular nuevas métricas de medición como la recogida en la Matriz del Bien Común 5.0 para las empresas. Con el covid19 la industria farmacéutica no lo está haciendo.
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
A pesar de la continua y agotadora información acerca de contagios, fallecidos, tratamientos, vacunas, aplausos, etc. la gran sacrificada y ausente ha sido la trasparencia y la participación democrática.
No hay trasparencia si no se habla abiertamente de los intereses en juego, y sobre ellos, elaborar democráticamente la respuesta intentando encontrar el posible equilibrio entre estos intereses, definiendo el Bien Común en este momento y en este país.
Por desgracia la ciencia en este sistema capitalista está condicionada por los intereses de sus financiadores y otros condicionamientos políticos. La propia OMS está condicionada por el lobby del oligopolio de las grandes farmacéuticas y Fundaciones privadas que la financian. Lo mismo podemos decir de la Agencia Europea de Medicamentos y de la Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios.
Con la excusa de hacer “lo que dicen los científicos” se elimina toda participación democrática en la toma de decisiones y elaboración de estrategia frente al virus. Se renuncia a la Política. Para ello tienen que obviar las mejores prácticas en la lucha contra el covid19 como Vietnam, Nueva Zelanda, Islandia, Cuba, Dinamarca, Noruega, Venezuela o el Estado de Kerala en la India. Y en los resultados obtenidos en todas ellas destaca un buen sistema público de salud apoyado sobre una ciudadanía organizada y corresponsable en Consejos Comunales, asociaciones vecinales, voluntariado, etc. La ciudadanía libera su creatividad si se le informa adecuadamente y se le corresponsabiliza.
Delegar en los “científicos” traslada a la opinión pública la idea de incapacidad para defendernos personal y colectivamente. Nos hurta el Poder de decidir, creando las bases de una dictadura de los “expertos”, condicionados ideológica y vitalmente por las grandes empresas y laboratorios Farmacéuticos.
Ha faltado trasparencia sobre el origen del covid19; sobre las estrategias llevadas a cabo para su neutralización en China y países asiáticos; sobre los tratamientos y su efectividad; sobre actuaciones y comportamientos sociales necesarios; sobre las vacunas y su efectividad… Y sobre los grandes negocios y beneficiarios de estas actuaciones.
Es patético y descorazonador observar la falta de cooperación y el despilfarro que conlleva la competencia entre Farmacéuticas en la obtención de la vacuna, saltándose todas las reglas que nos habíamos dado para salvaguardar un mínimo comportamiento ético y de responsabilidad social en la investigación y desarrollo de nuevos productos.
Desde la Economía del Bien Común debemos decir con claridad que al covid19 y otros virus que ya están entre nosotros, o estarán en un próximo futuro, se les enfrenta con más Dignidad, Solidaridad y cooperación, justicia social, corresponsabilidad medioambiental, trasparencia y democracia real.
Es el momento para que desde el Gobierno de España se les exija a las empresas y laboratorios farmacéuticos la elaboración de su Balance y Matriz del Bien Común, e ir exigiéndolo a todos los proveedores públicos.
