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Banzer, el verdugo de los periodistas

Escrito por Debate Plural

Miguel Pinto Parabá (Rebelion, 27-8-20)

 

Su régimen creía que pensar diferente era delito.

El 21 de agosto de 1971 es una fecha nefasta para el periodismo boliviano. Ese día, el coronel Hugo Banzer encabezó un golpe de Estado que ensangrentó al país, conculcó las libertades democráticas y cayó como una afilada guillotina sobre el “ímpetu libertario” de los cronistas de la época. Su régimen persiguió, encarceló y exilió a más de 100 periodistas que cometieron un “delito”: pensar diferente.

El cuartelazo de Banzer fue respaldado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y la Falange Socialista Boliviana (FSB) de Mario Gutiérrez. Después de 19 años de traiciones, los “revolucionarios” de 1952 mostraron así su rostro más reaccionario.

El enemigo de ese bloque civil-militar fue el proletariado boliviano que, en junio de 1971, había instalado un “proyecto estatal” diferente al del liberalismo y el nacionalismo: La Asamblea Popular. Muchos trabajadores de la prensa en ese entonces fueron cautivados por ese “órgano de poder”, que planteaba transformar el mundo del capital.

ZAFRA ROJA

Tras destacar que “uno de los acontecimientos más importantes del año –y, lógicamente, del gobierno de Juan José Torres– fue la instauración de la llamada ‘Asamblea del Pueblo´, una especie de Sóviet en el corazón de América del Sur”, el periodista Samuel Mendoza, en su texto Anarquía y Caos, explicó que fue ahí donde el “comunismo internacional” activó una estrategia de “captura” del país que iba a concluir con el Plan “Zafra Roja”, una “acción para asesinar a cerca de un millar de integrantes de las Fuerzas Armadas, la política, la empresa privada y la prensa”.

Esa posición fue complementada por Fernando Kieffer, quien, en su libro De cara a la revolución del 21 de agosto de 1971, exhibió cuatro listas de quienes posiblemente iban a ser ajusticiados. Zafra Roja fue un documento hallado por el Ministerio de Gobierno en uno de sus allanamientos a viviendas, donde también se encontraron armas, dinamita, bombas caceras y literatura marxista.

Empero, esas denuncias fueron cuestionadas por el periodista Víctor Hugo Sandóval. En su obra Objetividad o compromiso: la vida privada del periodismo boliviano, aclaró que ese “folleto”, en realidad, fue el principal instrumento propagandístico que la dictadura mandó a fabricar para “justificar la represión” a sus opositores y, principalmente, los periodistas. Quienes lo “idearon y plasmaron” fueron los “integrantes de una agencia de publicidad de propiedad de Javier Arce Villalba, el ministro de informaciones Hugo González Rioja, el periodista Ricardo ‘Palillo’ Ocampo, con la ‘desinteresada’ cooperación de algunos periodistas”, reveló.

TRAGEDIA

En ese contexto, de acuerdo a las publicaciones realizadas por el matutino católico Presencia, el ataque del gobierno de Banzer contra los periodistas fue sistemático. El 22 de agosto, informó que “cuando cumplía tareas humanitarias, haciendo llamados a los centros de asistencia médica para lograr la atención de las personas que caían heridas en distintas arterias de la ciudad, Radio Fides cortó imprevistamente sus transmisiones (…) por una explosión en la planta transmisora”. Ese hecho no fue aislado. El documento El delito de ser periodista demostró que varias emisoras sindicales también fueron “ametralladas” y “clausuradas” por los militares; luego, sus trabajadores fueron detenidos e “invitados” a dejar el país.

Superando el miedo, el 26 de agosto, los trabajadores de la prensa y la Empresa Editora Hoy, denunciaron “que elementos políticos escudados en una prepotencia incalificable, vienen amenazando al personal de este matutino a extremos tales de anunciar inclusive su eliminación física”.

Esos actos fueron “comunes” después del golpe. “El advenimiento del régimen (…) hizo que el movimiento sindical boliviano quedará prácticamente descabezado”, sostuvo el periodista Gonzalo Viscarra, en su texto Prensa y país, para inmediatamente concluir que “la prensa no fue una excepción”, “al contrario, fue la más afectada (…)”, vivió “momentos realmente críticos”: “el cambio político puede ser calificado para el sindicalismo de la prensa como una auténtica tragedia”.

PERSEGUIDOS

Pese al compromiso público del presidente Banzer de respetar la libertad de expresión, Mario Marañón Zárate, en Presencia, el 27 de agosto, denunció el asalto por agentes del Ministerio de Gobierno de Radio Altiplano y el domicilio del jefe de Prensa, Rolando Viscarra. Lo mismo sucedió, un día después, con Radio Cruz del Sur.

Según las noticias publicadas por los periódicos, las ediciones de El Diario y Jornada estaban “suspendidas”. Los periodistas eran despedidos “sin argumento alguno” en todo el país. Incluso, redactores que no se involucraron en política eran detenidos. Varios cronistas se asilaron en las Embajadas, pues todos eran sospechosos de ser “subversivos”.

Alarmado por esos hechos, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz envió una nota al ministro de Gobierno, coronel Andrés Selich, pidiendo “garantías para sus afiliados”.

El 9 de septiembre, hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó “su preocupación por la persecución de periodistas” y la clausura de varios medios.

COMUNISTAS

El 19 de septiembre de 1971, Presencia publicó las declaraciones del prefecto de Santa Cruz, Gustavo Melgar. Él se sinceró y sintetizó la posición del gobierno con respecto a los trabajadores de los medios.

“Respeto la idea de los vencidos, pero no estoy dispuesto a permitir que éstos tengan cabida en fuentes de trabajo que en corto o largo plazo serán utilizados como instrumentos de ideas vinculadas con la violencia, el caos y la anarquía”, afirmó, para luego advertir a los dueños de medios que se “abstengan de recontratar a radialistas y periodistas complicados con el comunismo”: quienes “traten de ignorar esta disposición (radios y periódicos) serán sancionados con la suspensión de sus licencias”.

Así, a los paramilitares banzeristas no les tembló la mano para acallar a los periodistas y atemorizar a sus familiares. 68 cronistas se vieron obligados a abandonar el país y 32 fueron perseguidos, detenidos y confinados, denunció el documento El delito de ser periodista. Sumado a eso, el asesinato del periodista Emilio Mendiola quedó en la impunidad.

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