David Rodríguez (Cubadebate, 1-8-20)
La pugna entre la Universidad de Oxford, que cuenta con la colaboración de la farmacéutica británica AstraZeneca, y la biotecnológica norteamericana Moderna por ser las primeras en presentar una vacuna para combatir el coronavirus eclipsa una realidad más próxima y cotidiana que se vive en Catalunya y en el Estado español: aprovechar la pandemia de la covid-19 para levantar un modelo de negocio basado en la realización de pruebas diagnósticas a precios desorbitados o inflar el valor de los materiales de protección, como las mascarillas, los guantes o el gel hidroalcohólico. Paralelamente a la carrera de velocidad que se disputa por la patente de la vacuna, con más de 155 proyectos en marcha, una serie de clínicas privadas y laboratorios gestionan el mientras tanto con pruebas diagnósticas de PCR a 150 euros y ciertas empresas multiplican por 300 la producción de desinfectante.
En el momento en que esté lista la vacuna, su capacidad de distribución es limitada. El miembro de la Alianza Global por la Vacuna (GAV) Rafael Vilasanjuán explica que, «aunque hicieran falta 7.500 millones, las posibilidades de fabricación son de 1.500, aunque se está trabajando para duplicar esta cifra». Este periodo de transición está generando un nuevo negocio para el sector privado, en el que un test rápido –que detecta si se tiene la covid en ese instante– cuesta 35 euros y una PCR, que detecta lo mismo, pero con un mayor grado de precisión, vale 150.
Prácticas prohibidas
El fenómeno ha derivado en que algunas empresas han empezado a utilizar estos servicios de los laboratorios para realizar test a sus empleados. La orden del Ministerio de Sanidad, publicada en abril, prohibía estas prácticas, y las limitaba a los casos en los que existieran prescripción médica. Pero la realidad, según se puede comprobar con una simple llamada a centros médicos privados, laboratorios que realizan analíticas e incluso clínicas de cirugía estética de la ciudad de Barcelona, es que es posible «hacerse la prueba con una autorización sobre la marcha, ya que las empresas requieren estas pruebas para garantizar la reincorporación de sus empleados al puesto de trabajo».
Servicio empresarial, en expansión
En el Health Diagnostics, el laboratorio clínico de la Clínica Teknon, propiedad del grupo QuironSalud, el precio de la PCR varía entre los 60 y los 150 euros en función de si se dispone o no de la autorización facultativa. De forma similar, el laboratorio Synlab admite que «las pruebas de detección de la covid-19 son un servicio en expansión que demandan las empresas«. En el caso de este laboratorio, no ha querido detallar en qué franja de precios se mueve la realización de las pruebas.
Fuentes sindicales del sector sanitario indican que existen clínicas, hasta ahora especializadas en tratamientos estéticos o de fertilidad, que han reorientado su actividad hacia la realización de pruebas de detección del coronavirus. De hecho, algunos clientes del centro de cirugía estética Clínica Planas de Barcelona han recibido publicidad en la que se anunciaba un test inmunológico por 150 euros. Los centros admiten que la demanda de estos servicios se mantiene constante. De hecho, diariamente reciben una media de 30 personas que se hacen el test de inmunidad y una quincena que optan por la prueba PCR.
El maná del gel desinfectante
El negocio del coronavirus también se ha extendido a los elementos de protección, como el caso de las burbujas especulativas con el precio de las mascarillas y los guantes, y el del gel desinfectante. «Existen empresas del Vallès Occidental que han multiplicado por 300 la producción de gel hidroalcohólico». Así explica el boom de este producto el coordinador del Collegi de Farmacèutics de Barcelona, Joan Brugueras. En este caso, detalla ejemplos de compañías que han pasado de vender 60 litros de gel en dos meses a 20.000 en solo tres semanas.
Un escenario similar sufren las empresas distribuidoras de mascarillas, que reciben entre 20 y 30 pedidos diarios, cuando antes de la pandemia eran solo un par al día. Otras han agotado el stock y son incapaces de atender la demanda que reciben. Esta situación se ha normalizado en las últimas semanas gracias a la autorización sanitaria para que los fabricantes puedan usar el bioetanol como producto para elaborar los geles.
Farmacéuticas catalanas
Presionada por los gobiernos, la industria farmacéutica se ha comprometido a que el precio de la vacuna sea accesible para todos los ciudadanos, por lo que ésta presentará diferentes precios según el país o la zona geográfica. La previsión es que cada dosis cueste una media de tres euros. De momento, se ha confirmado que los antitéticos que se vayan a distribuir en Europa de la vacuna de Moderna se envasarán y sellarán en las instalaciones de dos farmacéuticas catalanas: Reig Jofre, con sede en Sant Joan Despí, y la barcelonesa Normon. La primera prevé inaugurar a principios de 2021 una fábrica de antibióticos e inyectables. Reig Jofre ha facturado 115 millones de euros durante el primer semestre del año gracias a la fabricación y venta de medicamentos esenciales como sedantes, analgésicos y relajantes musculares. El mercado estatal representa el 47% de su cuota de negocio, del que este año ha obtenido un beneficio de 13 millones de euros durante el primer semestre.
La Marea Blanca alerta de una nueva ola privatizadora
Por otra parte, en plena crisis sanitaria por el coronavirus, la Generalitat quiere retomar la senda privatizadora del modelo asistencial. Esta es la crítica y el aviso de la Marea Blanca. La entidad, defensora de la sanidad pública y contraria a los recortes, denuncia que el decreto de acreditación y concertación social, aprobado por el Govern el pasado 14 de julio, «perpetúa el modelo de colaboración público-privada», por lo que insta a la movilización social.
Un miembro de la Marea Blanca de Catalunya, Enric Feliu, lamenta que la preocupación de la Generalitat se mantenga «en la ruta que marcaba la ley Aragonès, basada en la creación de mecanismos legales que repliquen a escondidas el modelo público-privado sin abrir el debate social sobre los servicios públicos y su gestión». Precisa que el foco debería estar puesto en aspectos como reforzar los recursos del sistema sanitario, sobre todo en el caso de la atención primaria, e implantar un sistema epidemiológico con un número suficiente de rastreadores.
En paralelo, la entidad rechaza la creación de un comité de expertos, anunciado por Salut, en el que se excluye voluntariamente la participación de la ciudadanía. «El comité es un instrumento dirigido a avalar las políticas de fragmentación del Institut Català de la Salut (ICS), el traspaso de recursos públicos hacia el sector privado e ignorar a los usuarios del sistema». Asimismo, Feliu advierte que, bajo la apariencia de reformular el sistema de privatizaciones anterior, «se abre la puerta a nuevos movimientos mediante la relajación del control público de las contrataciones con el pretexto de reducir la burocracia del proceso».
La Marea Blanca considera que la nueva normativa «oscurece aún más unos métodos caracterizados por la poca transparencia, el nepotismo y las sospechas de corrupción». La entidad rebate que la acreditación contractual de los proveedores de servicios del sector sanitario se alargue 10 años sin concretar los mecanismos de control a los que se somete su actividad. También critica que en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados, se deje de lado «la desprivatización como paso previo a la recuperación y se incida en las conclusiones en una sanidad centrada en los criterios economicistas» que favorezcan de nuevo las externalizaciones de servicios.
