Elsa Claro (Cubadebate, 23-7-20)
Aplausos y denostaciones cosecha el acuerdo europeo para un rescate post coronavirus, destinando a ello 750 mil millones de euros. Unos 390 mil millones se destinan a subvenciones y 360 mil millones para préstamos a pagar en cuotas blandas hasta por 30 años por parte de aquellos países seriamente afectados.
Las conclusiones de una cumbre considerada histórica por casi todos, obtiene, al mismo tiempo, críticas de diverso calado. Sobresalen las diferencias defendidas por el bloque de naciones opuestas a lo finalmente conseguido. Los representantes de los Países Bajos ya habían mostrado reticencia a un acuerdo de este tipo durante un primer contacto en busca de soluciones a la crisis subsiguiente a la pandemia. En la reciente cita tuvieron el concurso de Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia, para impugnar lo que llaman mutualizar los débitos y resguardos destinados a neutralizar la situación creada por la crisis sanitaria en la economía.
Finalmente y luego de intensas negociaciones se obtuvo un acuerdo, en gran medida debido a la alianza Berlín-Paris, dueto defensor de colaborar en plan solidario. Esa determinación marca diferencias con momentos anteriores, dígase la crisis global del 2008, cuando sí ocurrieron lamentables episodios y se puso en marcha una especie de ascetismo para los ciudadanos comunes, en tanto banqueros y similares eran protegidos y lograban beneficios increíbles para la etapa. El temor a “otra austeridad” está servido.
Aquellos que buscan en la letra pequeña del arreglo ese u otros males, se detienen en aspectos particulares como la Política Agrícola Común. La Francia rural, mayor receptora de esos fondos otorgados por los 27, mira con aprehensión cierta rebaja que acaba de pactarse en ese renglón.
Entre los ecologistas, a su vez, no hay mucha simpatía por los recortes en el monto destinado a darle apoyo a la metamorfosis climática proyectada, en particular en regiones dependientes del carbón como combustible. Los valedores del pacto argumentan que se usarán otros instrumentos y señalan entre los destacados, el establecimiento de impuestos sobre los materiales plásticos, un ramo del problema que se viene tratando hace algún tiempo y pudiera cobrar ímpetu, si, como parece, se trata de no demeritar asuntos muy defendidos en el Viejo Continente, como es el medioambiental, pese a la disminución en las partidas destinadas a esos epígrafes.
Sería muy loable si, en general, o al menos, y como se formula en los propósitos son establecidas “nuevas figuras tributarias a nivel comunitario como un impuesto al carbono, una tasa digital —tasa Google—, un impuesto a los plásticos de un solo uso y una tasa a las transacciones financieras —tasa Tobin—”. Parece mucho compromiso, pero saludable para todos, si así se ejecuta, lo mismo para ahora que luego.
El propósito de contribuir a la recuperación económica, sobre todo de los países más golpeados por la COVID-19 en la región, implica otorgar un préstamo colectivo usando recursos financieros excepcionales. Si otras cuestiones anteriores evidenciaron las diferencias de enfoque con nido en el Pacto Comunitario, en esta oportunidad se consiguió aprobar 750.000 millones de euros (390.000 millones en forma de ayudas directas y 360.000 millones en créditos reembolsables) para los países concernidos.
El volumen es considerable, pero no menos importante resulta haber logrado una respuesta consensuada en esta larga y discrepante cumbre que al final logró contratos meritorios. Destacable también el cambio de talante mostrado por Ángela Merkel, quien en el pasado optó por mano dura y escasa indulgencia para salir de situaciones comprometidas, pero en este momento apoyó el auxilio, a nombre de Alemania como mayor economía del área, y en virtud de ejercer la presidencia rotativa de la Unión Europea.
Como todo, el proyecto tiene condicionantes. Los gobiernos que soliciten ayuda deben presentar planes de inversión y reformas. No se establece (como hicieron con Grecia) la fiscalizaciones permanentes del funcionamiento de esos programas promulgados por cada gobierno. Tan destacable decisión hace suponer que aprendieron algo muy importante: no es mediante humillación o pillaje como se construye confianza y disciplina entre socios.
De todos modos, lo recelosos de sufrir contagio o malas secuelas por el donativo, lograron insertar una cláusula contentiva del arbitrio a cuestionar a los demandantes de ayuda si no les convence el proyecto que presenten. Se evita el veto terminante, pero se deja una ventanilla capaz de entorpecer, en cuanto a tiempo, la pronta ejecución del rescate.
Lo adoptado implica otras ventajas, aparte del recibo directo de la muy necesitada liquidez. Propicia el acceso a los mercados financieros evitando que desde estos se emitan primas de riesgo-país perjudiciales.
España será, tras Italia, a la cual se asignan 209 mil millones, el país con mayor beneficio a recibir del susodicho fondo de recuperación. En ambas naciones se encontró la presencia del coronavirus en aguas residuales anteriores al momento en que China reportó sus primeros enfermos. Pendiente de confirmaciones se discurre como posible que por ello fueran las más afectadas en Europa.
El gobierno presidido por Pedro Sánchez, uno de los jefes de estado que trabajó fuerte para el ulterior resultado, recibirá alrededor de 140.000 millones, 72.700 de ellos por concepto de subsidios no requeridos de devolución posterior. Pese a tan confortante corolario, los partidos de derecha hicieron lo posible por escarnecer la gestión del presidente y estuvieron a punto de reprobar en el Congreso el prototipo nacional concebido por la alianza de izquierdas para poner en práctica las ayudas prometidas a Madrid.
Entre los imponderables se insertan recelos con respecto a contenidos en el ejercicio del derecho por parte de algunos estados, pues Hungría y Polonia, particularmente, tienen expedientes abiertos por Bruselas debido a la manipulación de la prensa y el polarizado ejercicio de la justicia, en beneficio de los gobernantes ultraconservadores. Esas son expresiones poco democráticas rechazadas por la UE.
También se da una ingrata paradoja. Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria lograron rebajas en sus contribuciones al presupuesto de la UE durante el ciclo 2021-2027. Partiendo de esa ventaja, entre observadores y partidos políticos se considera fue eso lo que logró la anuencia final de este grupo, dentro del reñido cónclave.
Otras miradas se dirigen a la conveniencia para los integrantes encumbrados —no solo para los de menor aforo—, pues en un mundo globalizado y dentro de este con las particularidades de la experiencia comunitaria, sería elevadísimo el riesgo de sufrir perjudiciales sacudidas si no se emprende el adecuado salvataje buscando también lograr equilibrios.
En las consideraciones no se ignora el paso dado, en su calidad de facilitador de una mayor conjunción de intereses y en el modo de funcionamiento del grupo cuando, no se olvide, tienen un integrante menos con la salida del Reino Unido. El éxito o reveses de este propósito y las posibilidades de robustez en la integración, deben venir por sus pasos contados.
