Javier Buenrostro (Russia Today, 15-7-20)
La reunión que sostuvieron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump fue el tema central para diarios mexicanos y extranjeros que cubrían el evento. Poco se reparó en los medios tradicionales (aunque las redes sociales sí lo hicieron) sobre distintas detenciones y procesos de extradición en los que están involucrados políticos de alto nivel de las administraciones anteriores.
Hay cuatro nombres que despuntan en los procesos judiciales internacionales. Uno es Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex que fue detenido en febrero en Málaga, lugar famoso por sus resorts veraniegos, y después se le trasladó a Madrid. Lozoya está envuelto en múltiples escándalos de corrupción desde antes de ser funcionario. Como jefe de los asuntos internacionales, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2011-2012), estuvo en contacto con la empresa brasileña Odebrecht, de la cual se especula que podría haber recibido dinero para financiar la campaña de Peña Nieto.
Ya como director de Pemex, participó en la compra-venta de varias subsidiarias de la petrolera, que supusieron millonarias pérdidas para Pemex, pero jugosas ganancias para algunos privados. Uno de ellos es Alonso Ancira, dueño del grupo Altos Hornos de México (AHMSA), quien también está detenido en España. Al parecer, Lozoya ha aceptado la extradición a petición de su padre Emilio Lozoya Thalman, un antiguo miembro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), como una medida de protección para la madre y hermana de Lozoya Austin, a las que involucró en las trasferencias de recursos, para que no terminen en la cárcel.
La pregunta que todo mundo se hace es hasta dónde estará dispuesto a llegar Lozoya Austin en sus declaraciones, y si habrá imputaciones directas contra su amigo de la infancia, el expresidente Peña Nieto, o contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que hoy está bajo el cobijo de Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde encabeza el Proyecto de Política de Inteligencia Artificial para el Mundo.
Otro extraditable es el exgobernador de Chihuahua, a quien después de meses de estarle cerrando el paso, finalmente fue apresado en Miami al mismo tiempo que López Obrador y Trump daban su declaración conjunta en la Casa Blanca. César Duarte está acusado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de algunos fideicomisos, y en la contratación de deuda pública para Chihuahua, un estado fronterizo con Texas y Nuevo México, y hogar del Cártel de Juárez y de Amado Carrillo, conocido como el «Señor de los Cielos».
Este exgobernador del PRI tiene preocupados a sus excompañeros de partido, ya que se le acusa de haber incurrido en desvíos de recursos para que llegaran a las arcas del PRI, con el objetivo de financiar a sus candidatos. Y aunque la extradición podría tomar varios meses, las repercusiones podrían llegar al Congreso mexicano, donde hay varios legisladores que antes fueron dirigentes partidistas y podrían estar involucrados en algunos de los delitos que se le imputan a Duarte.
La semana anterior también hubo información relevante en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, donde nuevos hallazgos han desmentido la mal llamada»verdad histórica». Aquí el personaje clave es Tomás Zerón, el que fuera Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, y quien realizó personalmente interrogatorios a los sospechosos de la desaparición de los normalistas. Zerón y el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, son los dos principales responsables de crear una narrativa oficial plagada de mentiras.
Tomás Zerón ha sido ubicado en Canadá, e inmediatamente la Interpol emitió una ficha roja para que se ejecute su detención y, con ella, comience el proceso de extradición para que haga frente a los señalamientos de tortura, desaparición forzada, alteración de la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas, entre otros delitos. Para los funcionarios actuales de la Secretaría de Gobernación, esclarecer este crimen de Estado es la principal encomienda que les ha hecho López Obrador.
Así pues, la titular de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declara que la extradición de Zerón «no es un tema del Gobierno de la República, no es un tema del poder judicial, no es un tema de la Fiscalía, no es un tema del gobierno del estado de Guerrero, del municipio de Iguala, no. Es un asunto de Estado». Por lo que todo parece indicar que la captura y extradición del este exfuncionario solo será cuestión de tiempo.
Por último pero no por eso menos importante, está el caso de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad de Pública y brazo derecho de Felipe Calderón (2006-2012) en la «guerra contra el narcotráfico», y en tareas de seguridad. Hoy, García Luna se encuentra preso y enfrentando un juicio en Nueva York por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que una extradición a territorio mexicano parece estar fuera de la ecuación por el momento. Pero si las cosas se complicaran para él o decidiera hacer un trato con la justicia estadounidense, muchos otros personajes podrían ser requeridos por ella, desde subordinados suyos hasta el único jefe que formalmente tenía: Felipe Calderón.
En un caso así, no habría que descartar una figura de extradición donde México podría capturar y mandar a Estados Unidos a quienes sean solicitados por su sistema de justicia. Como dato anecdótico de estos cuatro casos está que César Duarte y Genaro García Luna usan el mismo despacho de abogados para su defensa.
A mitad de la década de los ochenta, cuando el tráfico de cocaína desde Colombia estaba en su apogeo, se hicieron famosos en el mundo entero un grupo de narcotraficantes, encabezados por el Cártel de Medellín y Pablo Escobar, que se hacían llamar a sí mismos «Los Extraditables», y cuya principal proclama era «Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos».
Más de treinta años después, México tiene su propio grupo de «extraditables», pero que están a punto de realizar los viajes en sentido inverso que los capos colombianos. Vendrán de cárceles en España, Estados Unidos y Canadá para tener juicios en su propio país, que pueden desembocar en pruebas contra peces más grandes, quienes podrían ser juzgados en México, en Estados Unidos o hasta en tribunales internacionales por la magnitud de los delitos y de quiénes los llevaron a cabo. Veremos qué pasa, porque en esta trama apenas se viene lo más fuerte y nombres más grandes apenas están por aparecer en escena.
