Las elecciones municipales y distritales del 16 de febrero del presente año, suspendidas por el pleno de la Junta Central Electoral, a través de su presidente Julio Cesar Castaños Guzmán, representan una coyuntura que permitió visualizar la profunda debilidad institucional del Estado dominicano; como una característica recurrente que acompaña al ejercicio del poder conservador-autoritario a lo largo de la historia política desde la fundación del Estado dominicano en febrero del 1844 por las ideas, voluntad y acción de los trinitarios, encabezado por Juan Pablo Duarte.
La suspensión de las referidas elecciones municipales y distritales, representa un acontecimiento socio-político revelador del grado de descomposición social del estamento gobernante, que sin ningún marco de valores positivos, maneja el Estado dominicano; con la seguridad de que sus intereses grupales, son los que favorecen a la sociedad dominicana en su totalidad; en su concepción del mundo tienen la seguridad de que sus intereses particulares de fracción de clase dominante representan los interés convenientes para los distintos sectores y clases sociales del país.
Para este estamento grupal dominante, sus ejecutorias son beneficiosas para el país, el cual administra como una finca de propiedad familiar, que comparte sus beneficios con otros grupos, clases y estamentos sociales, como es el caso de una fracción del empresariado que se caracteriza por su voracidad en relación a aprovechar las ventajas que le asegura el estamento gobernante de turno para incrementar sus ganancias y acumulación de capitales a expensas del pueblo trabajador; así mismo, el referido estamento gobernante dispone de los servicios de un enjambre de periodistas y vocingleros beneficiados para que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales utilicen como arma la mentira elaborada, a la cual se le llama con la bella palabra “postverdad”.
En realidad, se trata de sujetos de la manipulación, la mentira y la maldad serviles al estamento gobernante, que les pagan directa e indirectamente por su eficaz servicio de falseadores de la realidad social, económica y política que vive nuestro país.
Es innegable que la crisis electoral, generada por la suspensión de las elecciones municipales y distritales, revela el deterioro de la institucionalidad del Estado dominicano y el nivel de agresividad e irresponsabilidad política alcanzado por los portadores del pensamiento conservador-autoritario, que domina el poder político y económico del país. El cual es gobernado como si se tratara de una propiedad heredada por el estamento gobernante y su jefe.
La cúpula gobernante que procede de los sectores pobres y muy pobres de la pequeña burguesía, como lo tipificó Juan Bosch; pero que hoy exhibe fortunas calculadas en miles de millones (en pesos y en dólares), como si se tratara de una grotesca burla a los preceptos y conducta ético-moral, orientados y practicados por el fenecido líder fundador del partido de gobierno. De la misma forma, como una burla a la humildad y sacrificio del pueblo dominicano, empobrecido en medio de un crecimiento económico sostenido, que no se expresa en desarrollo y bienestar de la población y que solo beneficia a los sectores poderosos (minoritarios) de la nación.
Protestas plaza de la bandera
En fin, la suspensión de las referidas elecciones permitió visualizar con transparencia la debilidad institucional del Estado dominicano, así como las limitaciones de una Junta Central Electoral integrada por jueces, que han perdido su condición de tales, dada su evidente parcialidad y reducida autoridad, producto de su compromiso con el estamento gobernante, encabezado por el jefe del Estado, colaboradores y socios; quienes en sus prácticas gobernantes sustituyen las leyes y su cumplimiento con un ejercicio del poder acorde con sus intereses grupales y personales, según preceptos programáticos, solo convenientes para ellos.
De manera que la crisis electoral que vive nuestro país representa una coyuntura favorable para visualizar la profunda debilidad institucional que caracteriza la democracia formal dominicana. Esta es la razón para que las autoridades hayan recurrido a la desacreditada OEA, cómplice de golpes de Estados a gobiernos democráticos populares en América Latina y por sus vínculos con el poder imperial.
