Miguel Ángel Ferrer (teleSur, 3-4-20)
Apenas anteayer jueves 2 de abril de 2020, el Presidente López Obrador asestó un nuevo y duro golpe al neoliberalismo. Decretó la extinción inmediata de los más de 300 fideicomisos que operan en diversas entidades del gobierno federal y que suman recursos por 750 mil millones de pesos, dinero que será ingresado inmediatamente a la Tesorería de la Federación.
Esos fideicomisos eran el mecanismo legal para que un puñado de bandoleros se apropiaran de una buena parte de la riqueza nacional. Aquí va un ejemplo bien conocido y documentado.
Al jubilarse, un magistrado o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe una pensión que le otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de un poco más de 25 mil pesos mensuales, es decir, la máxima pensión autorizada por la ley para los burócratas jubilados. Es el caso, verbigracia, de un profesor de la Universidad Nacional o del Instituto Politécnico Nacional.
Pero para esas personas que antes de jubilarse tenían salarios de 400 mil pesos al mes, los dichos 25 mil les parecían notoriamente insuficientes. ¿Cómo hacer entonces para recibir una pensión mayor?
Pues muy fácil. Se crea, con dinero público, es decir, sacado del Presupuesto de Egresos de la Federación, un fideicomiso, bolsa multimillonaria que sirve para otorgar a esos ex funcionarios jubilados pensiones que actualmente superan los 400 mil pesos al mes.
A esta conducta, verdadero fraude a la nación, se le llama en México darle la vuelta a la ley. Y lo que se dice para la Corte puede decirse igualmente para instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y muchas otras.
El gobierno de López Obrador, desde luego, está necesitado de recursos. Pero se niega a recurrir al expediente de crear nuevos impuestos, aumentar los ya existentes, como el IVA, o incrementar los precios de las gasolinas.
Por ello, antes que asestar esos golpes a la economía popular, López Obrador ha preferido dar fin a una notoria injusticia que sólo beneficiaba a los miembros de la antigua mafia del poder.
Entre sus millones de votantes y simpatizantes ¿habrá alguien que critique esta justiciera medida? No, por supuesto. Las censuras aparecerán, como ya estamos acostumbrados, sólo en los medios de comunicación y en los robots de las redes sociales manejadas por la derecha pripanista, es decir, por fuerzas políticas sin la menor base social y popular.
