Nacionales Politica

Evitemos el caos

La situación que vive el país, a propósito de la suspensión de las elecciones municipales de este 16 de Febrero por parte de la JCE, es extremadamente delicada.

¿Quiénes provocaron el sabotaje de los equipos electrónicos y del voto automatizado que, a su vez, llevó a la JCE a tomar la fatídica decisión de suspender las elecciones municipales?

En principio la JCE quería suspender las elecciones solo en los 18 municipios donde iba a aplicarse el voto automatizado, pero ocurre que en esos 18 municipios está concentrado el 68% de la población electoral y solo el 32% de esa misma población electoral está ubicada en el resto de los municipios del país.

En la inmensa mayoría de los municipios solo está concentrado el 32% de la población electoral, y en esos no se iba a aplicar el voto automatizado sino la boleta física.

Todo indica que el PLD tenía perdidas las elecciones municipales en la mayoría de los municipios que están dentro de los 18 en los que se concentra el 68% de la población electoral.

El liderazgo nacional consultado por la JCE se opuso resueltamente, y de manera correcta, a que se suspendieran las elecciones solo en esos 18 municipios, por consiguiente, si se iban a suspender las elecciones, por las gravísimas irregularidades detectadas en los equipos de computación, había que hacerlo a nivel general, es decir, suspender las elecciones municipales en todo el país.

Se están recogiendo evidencias que dan cuenta de que el PLD y el gobierno en complicidad con técnicos de la JCE fueron los que patrocinaron y montaron el susodicho sabotaje de las elecciones donde se iba a aplicar el voto automatizado.

Ese crimen electoral, el sabotaje, debe ser investigado a profundidad.

¿Pero está la JCE en capacidad material y moral para investigar ese crimen electoral?

No, lamentablemente no porque la JCE se ha encargado de sentar las bases, en todo este trayecto, para cercenar y destruir su propia credibilidad y legitimidad.

Y todo eso coloca el sistema electoral en una profunda crisis de credibilidad y de legitimidad.

La JCE se empecinó, siempre colocándose por encima y al margen de la razón, vale decir, de una argumentación válida, en defender contra vientos y mareas, a capa y espada, la “bondad” del voto automatizado  desde antes, durante y después del fraude colosal y vulgar que hubo en las primarias del PLD del 6 de Octubre de 2019.

Realmente estamos totalmente desprotegidos: Sin JCE, sin ministerio público y sin tribunales, con la excepción del TSE y del TC, porque las estructuras del orden jurisdiccional están en manos del gobierno de Danilo.

Solo el pueblo dominicano cuenta con algunos partidos que lo asumen y defiende realmente como el Partido Fuerza del Pueblo que dirige el doctor Leonel Fernández.

El pueblo dominicano está en medio de una verdadera encrucijada.

Todo parece indicar que el PLD y el gobierno de Danilo nos han colocado en esta encrucijada como antesala del caos a que quieren llevarnos para tratar de pescar en río revuelto.

Y son tan tremebundos que el PLD y el gobierno de Danilo quieren buscar chivos expiatorios en la oposición política para tratar de enmascarar u ocultar su macabro plan de asaltar la constitucionalidad y el orden institucional que nos hemos dado como nación y como pueblo.

El pretendido asalto a la Constitución no pasará no obstante la perversidad y siniestridad de su macabro plan.

Las fuerzas vivas del país, tanto los partidos de oposición como las organizaciones de la sociedad civil no vendidas al gobierno, deben cerrar filas en una gigantesca y abierta lucha para evitar que se entronice el caos en la sociedad dominicana.

Otra cosa, la JCE debe decidir, en consulta permanente con los partidos, el asunto de las elecciones municipales dentro de un mes (domingo 15 de Marzo).

El voto automatizado quedó enterrado para siempre, por lo que jamás debe volverse a hablar de voto automatizado en el sistema electoral dominicano.

La consigna del momento es evitar que el PLD y el gobierno de Danilo entronicen el caos en la sociedad dominicana.

Acerca del autor

Victor Manuel Peña

Economista y Abogado, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

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