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¿Por qué es necesario que haya elecciones parlamentarias en Venezuela?

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Escrito por Debate Plural

Misión Verdad (17-1-20)

 

Desde que la dirigencia de la oposición venezolana ganó las elecciones legislativas en diciembre de 2015, no ha dejado de pugnar por el cambio de régimen desde la plataforma de la Asamblea Nacional (AN). El Parlamento fue tomado como punta de lanza para acabar con el chavismo de una u otra forma.

Hay que rememorar: dichos comicios fueron tomados por el antichavismo como una suerte de plebiscito al gobierno de Nicolás Maduro, justo durante los años en que la guerra económica aumentaba su intensidad sobre la población venezolana. De hecho, el principal capital político de la oposición fue el descontento de los de a pie por la situación crítica que ya comenzaba a arreciar.

La actual situación de encallo institucional, en el que la AN pasó de ser un órgano legislativo a uno con pretensiones destituyentes, socava la estabilidad política del país, embotado por la situación combinada de caos político, económico, financiero y gubernamental.

Lo último se entroniza con el choque de poderes auspiciado por la oposición, que aprovechó las capacidades institucionales parlamentarias para erigirse como un adversario de los otros poderes en Venezuela: el Ejecutivo, el Judicial, el Ciudadano y el Electoral.

UNA AN PARA EMBESTIR LOS DEMÁS PODERES

Henry Ramos Allup, histórico dirigente del partido Acción Democrática, fue el primero en tomar el timón de esta ofensiva bajo la presidencia legislativa, con puntos nodales que marcaron la hoja de ruta desde el principio: la Ley de Amnistía que pretendía implantar un borrón y cuenta nueva del pasado inmediato (los llamados a sedición y el intento constante de ejercicio destituyente), la autonomía de la AN como recurso de confrontación y la destitución del presidente Maduro a través de un juicio político por supuesto «abandono del cargo», sin que existiera ningún elemento previsto en la Constitución para ello.

La factura en este grado de enfrentamiento entre poderes tuvo en la soberbia personal de los dirigentes del antichavismo su impronta más arriesgada. Ramos Allup (y la oposición toda, en realidad) pretendió dar órdenes refrendarias a los demás poderes públicos en beneficio de los intereses golpistas durante todo el año 2016, envalentonado por el inédito triunfo electoral en la era de la Revolución Bolivariana.

Pero no todo podía ser un camino minado de flores para los factores destituyentes, como pretendían: la AN entró en una situación de desacato ante las órdenes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que la extinta Mesa de Unidad Democrática (MUD) no quiso desincorporar a los diputados denunciados por fraude electoral en el estado Amazonas en el marco de las elecciones parlamentarias.

Posteriormente, la MUD pretendió destituir a los magistrados del TSJ, pero el vacío institucional del Parlamento no permitió que dicha acción poseyera un carácter vinculante.

Este fue el primer paso de enfrentamiento entre poderes, en el que la autoridad consagrada por la Constitución para defender sus bases estatutarias (el TSJ) fue rechazada por la directiva encabezada por Ramos Allup, política que seguiría Julio Borges en 2017, Omar Barboza en 2018 y Juan Guaidó en 2019.

Fue así cómo la oposición, plenamente respaldada por los Estados Unidos (bajo los mandatos de Barack Obama y Donald Trump), intentó demarcar la línea de dónde empieza y dónde termina la institucionalidad democrática en Venezuela ante los ojos de todo el país.

Directa consecuencia de la desmesura opositora fue el acuerdo votado por la mayoría opositora en la AN en enero de 2017 en el que determinaba el «abandono del cargo presidencial» por parte de Nicolás Maduro Moros bajo argumentos irrisorios. En su momento se vio como un síntoma de desesperación por parte de la MUD ya que no había logrado los objetivos trazados desde inicios de 2016.

DEL CHOQUE DE PODERES AL BLOQUEO ECONÓMICO Y EL GOBIERNO PARALELO

Hoy es nítidamente apreciable la evolución de los eventos de la «destitución» del Presidente en 2017: tal acto, aunque inconstitucional y sin vinculación institucional (por el desacato ante el TSJ, que hasta ahora permanece), abría la puerta para consagrar a la futura figura que fungiría de «presidente encargado o interino» en el panorama político venezolano.

Vimos cómo se formó un «gobierno en las sombras» en cámara lenta, entre el caos inducido por la fallida revolución de color en 2017, los intentos de golpe y magnicidio en 2018 y el bloqueo económico, financiero y comercial que comenzaba a marcar la pauta de la inestabilidad nacional. El trampolín de estos factores fue la AN en desacato.

Julio Borges, por su parte, fue la cara más visible de los llamados a sanciones sobre el país en territorio nacional. Hizo las diligencias posibles para ordenar un instrumento de petición para que distintos bancos que el Estado venezolano usaba como fondo de transacciones en el mercado internacional bloquearan los recursos financieros venezolanos, de carácter público.

Fue el turno del bloqueo, que con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (post-revolución de color) se definió ya de manera oficial con la orden ejecutiva firmada el 25 de agosto de 2017 por el magnate presidente Trump.

Esta acción, que sería el punto de no retorno en la estrategia de cambio de régimen de los Estados Unidos contra el gobierno chavista, ligó públicamente (y ya no de manera velada) la agenda de la intervención multifactorial impulsada por la oposición venezolana, pero sin duda planificada desde Washington.

Los viajes de Borges y otros personeros de la MUD en el exterior dieron cuenta de que, en materia de golpes de Estado, no podían cristalizar sus prerrogativas sin la ayuda explícita de factores internacionales. La plataforma de la AN le dio un matiz institucional a la agenda opositora, clave para que la Administración Trump reconociera al poder legislativo como «la única institución legítima de Venezuela«.

Es así cómo un poder público de la República Bolivariana de Venezuela, totalmente desfasado del entramado estatal, comenzó a apoyarse en la supuesta legitimidad que le prodiga el poder (financiero y para-militar) estadounidense.

La pérdida de autonomía de la AN entró en su etapa crítica con la asunción de Juan Guaidó como presidente de la junta directiva legislativa. El de Voluntad Popular (VP) llegó de ser un total desconocido en el espectro político venezolano a principal showman de la peligrosa agenda golpista que se llevó a cabo durante todo 2019. Su autoproclamación como «presidente encargado» de Venezuela, basado en la falacia de que Nicolás Maduro había abandonado el cargo desde 2017, fue la confirmación del socavamiento institucional de la AN.

Pero el fracaso de los objetivos estadounidenses y de VP, los escándalos de malversación de fondos de la «ayuda humanitaria», la usurpación criminal de los activos venezolanos por parte de los Estados Unidos vía sanciones, el descontento de la propia base opositora con su dirigencia y el pésimo manejo de los recursos y tiempos políticos para colmar las expectativas antichavistas, terminaron por encallar en la actual situación de empatanamiento institucional del Parlamento.

El Hemiciclo pasó de ser una tribuna legislativa de confrontación entre poderes a un escenario efectista de vacío institucional con Guaidó & Cía, cogollo que dispuso de los espacios del Palacio Federal Legislativo como un perenne ensayo de gobernabilidad sin fundamento constitucional. De hecho, el despliegue mediático ha sido sumamente importante para que dicho decorado no se derrumbara del todo.

Sin embargo, devino la «rebelión de los suplentes», liderada por Luis Parra y José Brito (expulsados de Primero Justicia, el partido de Julio Borges), quienes confrontaron a la dirigencia del golpismo y decidieron desconocer la hoja de ruta impuesta por los Estados Unidos.

Según Parra y los «rebelados», su ascensión a la presidencia de la AN significa el inicio de un diálogo político con el chavismo, primero para salir de la situación de desacato del Parlamento, y segundo para ultimar una supuesta reconciliación entre las partes.

A los ojos de la población venezolana, existe una AN paralela liderada por el proyecto Guaidó y otra encabezada por los «suplentes», que buscarían reinstitucionalizar al órgano legislativo aun bajo su tradicional postura de oposición al gobierno de Maduro.

Tal encallo político e institucional podría destrabarse con un efectivo diálogo entre los distintos sectores, el acatamiento a las órdenes de la Sala Constitucional del TSJ por parte de la nueva directiva parlamentaria y la celebración de las anunciadas elecciones legislativas para este 2020.

En pleno año electoral, la pandilla de VP y PJ seguirá buscando los caminos de la desestabilización nacional en Venezuela mientras el gobierno de Maduro intenta por distintos medios consolidar un nuevo equilibrio económico y financiero en el contexto de bloqueo y embargo que vive el país. En este contexto, la AN es un terreno baldío aún por ser rescatado a la institucionalidad venezolana.

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