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Revolucionar la justicia

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Escrito por Debate Plural

Guillermo Moreno (D. Libre, 13-1-20)

 

Reducir el problema de la justicia dominicana a una cuestión de “mora judicial”, —tal y como hizo el pasado 7 de enero el Presidente de la SCJ— es una superficialidad. Y todavía más: plantearse solucionar ésta, haciendo una “zafra judicial” demuestra hasta qué punto el liderazgo que dirige el Estado no tiene salidas frente a los graves problemas que nos afectan.

La mora judicial es consecuencia de un sistema de administración de justicia obsoleto, basado en judicializar los conflictos, sean estos pequeños o grandes, simples o graves; que llena los tribunales de casos y que está dominado por una cultura de “incidentar” los casos hasta el infinito.

Por eso, el camino para tener una justicia eficiente empieza por desjudicializar muchos de los conflictos de los que hoy son apoderados los tribunales para que se conozcan por vías alternativas de solución de conflicto.

En el país se necesitan por lo menos 200 centros de mediación profesional que se puedan ocupar de decenas de miles de “pequeños conflictos” en barrios y comunidades que de ser atendidos y tratados a tiempo se evitaría que se conviertan en hechos violatorios de la ley y que haya que apoderar tribunales. Una estrategia así, de búsqueda de soluciones directas y amigables a los conflictos que surgen entre vecinos, fruto de la convivencia en un barrio o comunidad, posibilita un tratamiento más cercano y jugaría un papel en pacificar la sociedad y bajar las tensiones y la violencia.

A esto hay que añadirle la transformación y la instalación de juzgados de paz en todo el territorio nacional. En la administración de justicia este es el tribunal más importante para la ciudadanía. En todo barrio o comunidad con cierta densidad poblacional debiera haber uno o dos juzgados de paz. Este tribunal hay que convertirlo en un lugar al que puedan acudir las personas a plantearle directamente al juez sus diferendos para encontrar soluciones, conforme a la ley, a los pequeños conflictos sin que deba para ello requerirse de la presencia de abogados.

La implementación de vías alternativas de solución de conflicto y una amplia presencia de juzgados de paz posibilitaría que los demás tribunales se puedan ocupar de los casos más graves y que requieren de un tratamiento procesal y probatorio complejo. De ese modo, se impactaría el problema del congestionamiento de los tribunales y estos se harían más accesible al “ciudadano de a pie”, quien normalmente se siente desprotegido, lo que le induce a hacerse justicia por sus propios medios.

Ahora bien, el verdadero problema de fondo de la justicia dominicana es su falta de independencia que la hace fuente de impunidad, privilegios e injusticias y priva a la sociedad de poder contar con un arbitro imparcial, confiable y creíble para dirimir los conflictos y aplicar la ley.

La cruda verdad es que, una vez más, el poder judicial dominicano está bajo el control del partido oficial y su jefe real lo es el presidente de la República.

En estos últimos 16 años de gobierno peledeísta los que han ejercido la Presidencia de la República —Leonel Fernández y Danilo Medina— se han encargado de someter a su control a la SCJ y por esa vía garantizarse impunidad para sí y los suyos.

La semilla del mal está en que el presidente de la República es quien preside el CNM. El peso político de este, fortalecido por la integración al consejo del procurador general, le permite con relativa facilidad, no solo imponer a quien será el presidente de la SCJ sino articular una mayoría de jueces que son leales a sus intereses políticos en la administración de justicia.

Hay que destacar que el presidente de la República, como presidente del CNM tiene un serio conflicto de intereses. El presidente y los ministros que él nombra son los que manejan el presupuesto general del Estado y los recursos públicos. Estos son los funcionarios sobre los que pesa una mayor presunción de enriquecimiento ilícito y de actos de corrupción y por eso están obligados a rendir cuentas y eventualmente a responder ante la justicia por sus actos contrarios a la ley. En un país con la debilidad institucional de la RD es impropio que sea el presidente de la República quien presida el órgano que elige los jueces que tienen vocación para eventualmente juzgarle a él o a sus funcionarios.

Por eso, mientras se mantenga la actual composición del CNM, no hay posibilidad de juzgar al presidente y a altos funcionarios del Estado mientras ejercen o luego de dejar el cargo, aun haya casos y medios de prueba para llevarlos a los tribunales como sucede con buena parte de los que integran el gabinete del actual gobierno o del gobierno anterior.

Y hay algo más. Cuando hay jueces que evacuan decisiones complacientes, atendiendo a presión política, ese poder judicial se hace vulnerable para que también se den sentencias por dinero y la corrupción se apodere de la justicia, tal y como ha venido sucediendo en el país.

Para revolucionar la administración de justicia y avanzar hacia la independencia real del Poder Judicial, el primer paso es sacar al presidente de la República y al procurador general como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

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