Matías Godoy (Pulso de los Pueblos, 7-1-20)
La dictadura en Bolivia avanza un paso más hacia la proscripción de facto del MAS-IPSP, el partido de Evo Morales y con mayor caudal de votos en Bolivia. Es que el diputado Rafael Quispe, junto al abogado Omar Durán, han presentado ayer una denuncia penal contra el presidente depuesto Evo Morales Ayma. La denuncia, presentada ante el Ministerio Público acusa al popular presidente de «terrorismo, financiamiento al terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir y otros».
Con esta acción, la dictadura boliviana, cuya cabeza pública es la autoproclamada Jeanine Añez (cuyo partido en elecciones hubo sacado un 1,4% de los votos), avanza un paso institucional en la operación de lawfare contra Evo Morales y el MAS-IPSP. Esta operación se suma a las operaciones de medios de comunicación, a la propaganda de los Comités Cívicos, a la instigación y fake news en redes sociales (Ver: Página 12, Sputnik) . Hubo también denuncias ante el Tribunal Electoral, pero con la escalada de violencia, los Comités Cívicos (asociaciones civiles opositoras al gobierno indígena) han quemado y destruido edificios de sedes electorales, junto a urnas y actas. Esto sumado a que el Tribunal Electoral ha cambiado de miembros, y sobre todo la revisión del escrutinio iba a ser favorable a Evo Morales… Así lo informó el Center for Economic and Policy Research (CEPR), una institución prestigiosa con sede en Washington.
“Señor fiscal, en fecha 10 de noviembre del presente año, el exmandatario Juan Evo Morales Ayma renuncia a la presidencia de Bolivia, tal cual ha sido realizado mediante el medio televisivo Bolivia Tv; y en fecha 12 de noviembre este señor Morales, como es de conocimiento público, arribó al país de México, pues es a partir de ese entonces que mediante discursos, entrevistas con medios televisivos internacionales y publicaciones en las redes sociales incita al odio, violencia, discriminación, actos de racismo y sedición, terrorismo y otros delitos”, puede leerse en la denuncia presentada por Quispe en la Fiscalía de La Paz.
En declaraciones a la prensa, el diputado Quispe dijo que “ha habido muertos, se ha encontrado armamento, plata. Esa conducta que ha tenido el expresidente Evo Morales tipifica en estos delitos de alzamiento armado, sedición, conspiración” a la vez que le pidió al fiscal departamental de La Paz, William Alave, apurar las investigaciones. De paso, le propinó una amenaza, porque «de no hacerlo estaría incurriendo en los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes».
Desde el periodismo internacional y la militancia popular, se han denunciado en decenas de videos e imágenes como la policía boliviana y los militares han plantado pruebas, ademas de torturado y vejado ciudadanos bolivianos para que asuman las pruebas implantadas como propias. A estas pruebas plantadas se refiere el diputado Quispe.
Rafael Quispe no pertenece a un partido político pero integra la bancada de la coalición golpista Unión Demócrata (UD). La misma que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez.
El lawfare consta de varias instancias de acción. Tras las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo resulto victorioso con más del 10,5% de los votos, se aceleró la campaña mediática y de la militancia golpista en las redes sociales. En la previa, como bien indicó García Linera en recientes notas y entrevistas (en eldiario.es, en la nota «El odio al indio» y en entrevista en C5N) , ya venían anunciando que no reconocerían las elecciones si consideraban que «había fraude». Esa «confirmación» vino de parte de la OEA. Con la denuncia del diputado Quispe, diversifican el lawfare: este no proviene solo del gobierno, sino de todas las instancias de la sociedad civil, que se plieguen a la acción del lawfare. En el caso boliviano, medios de comunicación, policías implantando pruebas, comités cívicos (clases medias a altas) con militancia de redes sociales y fake news y discurso anti-evo, diputados presentando denuncias, OEA y Luis Almagro presentando denuncias. Es un accionar múltiple que desemboca en el mismo río del lawfare, que es de hecho la proscripción total o parcial, mediante la persecución judicial-mediática, de un movimiento popular y sus líderes. Se ha visto en Brasil con Lula y la izquierda en Brasil, en Ecuador con Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, en Argentina contra el kirchnerismo y la protesta social, y el caso particular en la provincia argentina de Jujuy (limítrofe con Bolivia) de Milagro Sala y la organización que preside, la Tupac Amarú.
El lawfare es un proceso continuo, que se siembra constantemente hasta que están las condiciones para avanzar en su institucionalización. Se inicia desde el momento de inicio de confrontación de la clase dominante hacia la dominada, con el uso de las herramientas que esta dispone (en el Estado y la Sociedad Civil). Es en definitiva, parte del andamiaje represivo de las burguesías dominantes modernas hacia los movimientos reales que defienden los intereses populares mayoritarios.
