Jesús de la Rosa (Hoy, 9-7-19)
En el momento menos esperado, se interrumpieron las conversaciones que venían sosteniendo don Antonio Guzmán Fernández y el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, George Bundy, con miras a arribar a un acuerdo para ponerle fin a la guerra civil abrileña y, dentro del marco de ésta, organizar un gobierno presidido por el ilustre ciudadano dominicano. Al parecer de muchos, dicha rotura se debió a la negativa de don Antonio de aceptar que los comunistas participantes en la Guerra de Abril fueran deportados o puestos en un campo de concentración. A ese fallido propósito le siguieron otros: el fracasado intento de tropas constitucionalistas comandadas por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez de tomar el Palacio Nacional; la incapacidad de los nuestros de extender la Revolución de Abril al interior del país, entre otros. Era que nosotros, otrora tan triunfantes, ya no podíamos mantener la esperanza de una victoria. Pero, ¿cuán aplastante sería nuestra esperada derrota? ¿Hasta dónde podríamos nosotros resistir las investidas de las tropas interventoras visiblemente aliadas a las ya rearmadas tropas de San Isidro?
El 3 de junio de 1965 arribó a Santo Domingo una nueva Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) esa vez presidida por el embajador estadounidense Ellsworth Bunker acompañada por dos embajadores más, un brasileño y otro salvadoreño. Las negociaciones entre la comisión de la OEA (entiéndase los representantes de los intereses norteamericanos) y una nuestra de seis miembros encabezada por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó comenzaron de inmediato, pero bajo condiciones muy diferentes a las existentes en la fracasada Fórmula de Guzmán.
Ante la superioridad de los invasores yanquis, en lo mucho o en lo poco hubimos de ceder: Un Gobierno provisional de seis a nueve meses de duración con una persona “neutral” como presidente; un Gobierno que se regiría por un Acta Institucional redactada de antemano en el curso de las conversaciones. Las elecciones tendrían lugar entre seis y nueve meses. Los constitucionalistas nos aferramos a tres exigencias: a) que todos los militares interventores se “largaran” del país no más tarde de un mes luego del establecimiento del Gobierno provisional; b) Que las Fuerzas Armadas Dominicanas estuvieran sujetas a la autoridad exclusiva del Gobierno Provisional, reteniendo sus respectivos rangos, incluso aquellos que al iniciarse el contragolpe fueron reincorporados por decreto del gobierno constitucionalista; y c) Que el Acta Institucional estuviera inspirada en los logros económicos y sociales, los derechos humanos, y las libertades públicas.
A partir de lo más arriba señalado, las discusiones entre los constitucionalistas y los interventores (los de San Isidro no contaban para nada) estuvieron enfocadas en la búsqueda del hombre que presidiría el gobierno provisional. Los constitucionalistas presentaron listas de candidatos, todos hombres pulcros y neutrales. Mientras que el embajador yanquis tenía un solo hombre que ofrecer: Héctor García Godoy. Del mismo, el embajador estadounidense afirmaba: “El señor García Godoy es una persona de mucha experiencia que no está comprometido con ninguno de los dos bandos en pugna y satisface plenamente de que el nuevo jefe del gobierno debe ser conocido en el país y sobre todo en el ámbito internacional”. En otras palabras, el doctor Héctor García Godoy fue impuesto por los interventores yanquis como presidente del Gobierno Provisional. A pesar de ello, el jurista y experimentado diplomático, demostró durante su mandato ser más dominicano y más demócrata, como el que más.
El Presidente García Godoy tuvo que enfrentarse a la resistencia de algunos jefes militares que habían servido en el Gobierno de Reconstrucción Nacional, quienes consideraban que les bastaba con el apoyo militar y político de los interventores yanquis para hacer y deshacer sin reparar que la sociedad dominicana en esos revueltos días se revelaba cada vez más desunida.
